El proceso de descentralización en Colombia a pesar de tener como uno de sus propósitos la transferencia efectiva de responsabilidades, recursos y poder decisorio del nivel nacional hacia las entidades territoriales, ocasionó dificultades en el logro de los objetivos de desarrollo regional, autonomía y mejora de las condiciones sociales, trazadas en ese entonces.
Dicho proceso, se ha fundamentado en la transferencia efectiva de responsabilidades, recursos y poder decisorio del nivel nacional hacia las entidades territoriales. Pero la mayor independencia otorgada y el traslado de competencias generaron un rápido crecimiento de los gastos territoriales que evidenciaron cierta incapacidad de las entidades territoriales para generar recursos propios, de manera que tanto la dependencia de las transferencias nacionales como el proceso de endeudamiento para financiar sus déficits fueron crecientes.
En los Departamentos y municipios del país, se presentaron desequilibrios presupuestales entre la ejecución real de los ingresos y los niveles efectivos del gasto, debido entre otras cosas, a malos hábitos administrativos que comprometían vigencia tras vigencia recursos del ente territorial, generando un déficit fiscal creciente, que poco a poco debilitó su capacidad económica y terminó sumiéndolo en una profunda crisis financiera.
Debido al alto nivel de dependencia de las transferencias y la escasa generación de ingresos propios, la deuda se constituye en una limitación para el desarrollo de las entidades territoriales, en cuanto impide la destinación de mayores recursos para la inversión social, el fortalecimiento de la oferta, el aumento en el consumo de los bienes producidos por las empresas de las entidades territoriales, hacer frente a los diversos problemas públicos que se presentan y la prestación de los bienes y servicios que tienen a su cargo, con altos niveles calidad y cobertura.
Igualmente se debe tener en cuenta que los pagos de la deuda contraída, se constituyen en un limitante para que los entes territoriales tomen decisiones autónomas en sus territorios, puesto que el cumplimiento de las obligaciones financieras se transforma en una prioridad incluso por encima de los gastos en salud, educación, y saneamiento básico.
Entonces, el proceso de descentralización en Colombia, determinó la necesidad de las entidades territoriales de endeudarse para cumplir con las nuevas obligaciones asignadas a través de mandato constitucional, bajo condiciones que llevaron en el mediano plazo a aumentar los montos de la deuda y por consiguiente a incrementar los recursos destinados por los municipios y departamentos al pago de la deuda contraída con las entidades financieras , mientras disminuían los asignados para política social y desarrollo económico regional.
Así, a finales de la década de los años 90 se presentó una crisis de sostenibilidad fiscal a nivel territorial que hizo necesaria la formulación y adopción de un programa de saneamiento fiscal e institucional para ese nivel de gobierno con el fin de mitigar los efectos de los desequilibrios presentes en las finanzas departamentales y los problemas que esto conllevaba, a nivel económico y social, evidenciando una insuficiencia de recursos para atender simultáneamente todas las obligaciones adquiridas por las entidades territoriales, en calidad de prestadoras de determinados servicios públicos, planificadoras y promotoras del desarrollo económico y social y coordinadora de entidades y funcionarios de otros niveles administrativos.
Si bien el Gobierno nacional como respuesta a la crisis de endeudamiento a nivel territorial adoptó medidas e implementó leyes para garantizar la estabilización financiera y la viabilidad fiscal, estas no fueron lo suficientemente eficientes como para lograr combatir la problemática social del país, así, que a propósito de las contribuciones de últimos premios nobel de economía, se debe apostar a formas no convencionales para la resolución de este tipo de problemáticas, involucrando propuestas alternativas que requieren de la participación directa e indirecta de todos los afectados y de la adopción de un régimen de transparencia que permita conseguir resultados más equitativos.
Por otra parte, la incapacidad de los entes territoriales para planificar y lograr un mayor desarrollo económico y social, en gran medida se debe a la deuda pública de los mismos, pues dentro de la destinación del presupuesto, la cancelación de ésta, tiene prioridad sobre los gastos en salud, educación, y saneamiento básico. Al respecto se resalta lo propuesto por Elinor Ostrom, pues para lograr niveles de satisfacción más elevados, los fondos y recursos públicos deben ser controlados y empleados para la supervivencia del Estado de Bienestar o del régimen de Seguridad Social.
Finalmente, vale la pena resaltar que los trabajos académicos realizados por Ostrom y Williamson, dentro de la NEI, integrando conceptos de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, son un gran aporte para comprender el desempeño y evolución de las instituciones como un conjunto de reglas que contribuyen al funcionamiento del sistema económico, tanto a nivel macro y micro y, por ende aportan soluciones importantes que deben tenerse presentes a la hora de proponer iniciativas para mitigar las diferentes problemáticas sociales a las que se ve enfrentado el sector público. En lo referente a la solución para disminuir la deuda pública, de manera que ésta no sea una limitación para la actividad productiva, el progreso del País y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, puede decirse, siguiendo a Ostrom y Williamson, que la clave está en lograr articular los intereses colectivos para satisfacer a todos los sectores de la población y así obtener altos niveles de desarrollo.
Dicho proceso, se ha fundamentado en la transferencia efectiva de responsabilidades, recursos y poder decisorio del nivel nacional hacia las entidades territoriales. Pero la mayor independencia otorgada y el traslado de competencias generaron un rápido crecimiento de los gastos territoriales que evidenciaron cierta incapacidad de las entidades territoriales para generar recursos propios, de manera que tanto la dependencia de las transferencias nacionales como el proceso de endeudamiento para financiar sus déficits fueron crecientes.
En los Departamentos y municipios del país, se presentaron desequilibrios presupuestales entre la ejecución real de los ingresos y los niveles efectivos del gasto, debido entre otras cosas, a malos hábitos administrativos que comprometían vigencia tras vigencia recursos del ente territorial, generando un déficit fiscal creciente, que poco a poco debilitó su capacidad económica y terminó sumiéndolo en una profunda crisis financiera.
Debido al alto nivel de dependencia de las transferencias y la escasa generación de ingresos propios, la deuda se constituye en una limitación para el desarrollo de las entidades territoriales, en cuanto impide la destinación de mayores recursos para la inversión social, el fortalecimiento de la oferta, el aumento en el consumo de los bienes producidos por las empresas de las entidades territoriales, hacer frente a los diversos problemas públicos que se presentan y la prestación de los bienes y servicios que tienen a su cargo, con altos niveles calidad y cobertura.
Igualmente se debe tener en cuenta que los pagos de la deuda contraída, se constituyen en un limitante para que los entes territoriales tomen decisiones autónomas en sus territorios, puesto que el cumplimiento de las obligaciones financieras se transforma en una prioridad incluso por encima de los gastos en salud, educación, y saneamiento básico.
Entonces, el proceso de descentralización en Colombia, determinó la necesidad de las entidades territoriales de endeudarse para cumplir con las nuevas obligaciones asignadas a través de mandato constitucional, bajo condiciones que llevaron en el mediano plazo a aumentar los montos de la deuda y por consiguiente a incrementar los recursos destinados por los municipios y departamentos al pago de la deuda contraída con las entidades financieras , mientras disminuían los asignados para política social y desarrollo económico regional.
Así, a finales de la década de los años 90 se presentó una crisis de sostenibilidad fiscal a nivel territorial que hizo necesaria la formulación y adopción de un programa de saneamiento fiscal e institucional para ese nivel de gobierno con el fin de mitigar los efectos de los desequilibrios presentes en las finanzas departamentales y los problemas que esto conllevaba, a nivel económico y social, evidenciando una insuficiencia de recursos para atender simultáneamente todas las obligaciones adquiridas por las entidades territoriales, en calidad de prestadoras de determinados servicios públicos, planificadoras y promotoras del desarrollo económico y social y coordinadora de entidades y funcionarios de otros niveles administrativos.
Si bien el Gobierno nacional como respuesta a la crisis de endeudamiento a nivel territorial adoptó medidas e implementó leyes para garantizar la estabilización financiera y la viabilidad fiscal, estas no fueron lo suficientemente eficientes como para lograr combatir la problemática social del país, así, que a propósito de las contribuciones de últimos premios nobel de economía, se debe apostar a formas no convencionales para la resolución de este tipo de problemáticas, involucrando propuestas alternativas que requieren de la participación directa e indirecta de todos los afectados y de la adopción de un régimen de transparencia que permita conseguir resultados más equitativos.
Por otra parte, la incapacidad de los entes territoriales para planificar y lograr un mayor desarrollo económico y social, en gran medida se debe a la deuda pública de los mismos, pues dentro de la destinación del presupuesto, la cancelación de ésta, tiene prioridad sobre los gastos en salud, educación, y saneamiento básico. Al respecto se resalta lo propuesto por Elinor Ostrom, pues para lograr niveles de satisfacción más elevados, los fondos y recursos públicos deben ser controlados y empleados para la supervivencia del Estado de Bienestar o del régimen de Seguridad Social.
Finalmente, vale la pena resaltar que los trabajos académicos realizados por Ostrom y Williamson, dentro de la NEI, integrando conceptos de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, son un gran aporte para comprender el desempeño y evolución de las instituciones como un conjunto de reglas que contribuyen al funcionamiento del sistema económico, tanto a nivel macro y micro y, por ende aportan soluciones importantes que deben tenerse presentes a la hora de proponer iniciativas para mitigar las diferentes problemáticas sociales a las que se ve enfrentado el sector público. En lo referente a la solución para disminuir la deuda pública, de manera que ésta no sea una limitación para la actividad productiva, el progreso del País y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, puede decirse, siguiendo a Ostrom y Williamson, que la clave está en lograr articular los intereses colectivos para satisfacer a todos los sectores de la población y así obtener altos niveles de desarrollo.
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