ELEMENTOS CRUCIALES EN LAS
TEORIAS DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL
Los primeros estudios sobre el comportamiento
electoral desde la economía, introdujeron el marco metodológico de análisis del
sistema de precios de la teoría económica neoclásica al estudio del
comportamiento político y del sistema político. Hotelling (1929) mostraría como
el comportamiento de los dos partidos políticos principales, podría ser
explicado en forma similar al comportamiento de dos duopolistas localizados en
una calle principal, bajo la cual, la competencia
política por controlar el gobierno, no sería muy diferente de la
competencia entre empresas por ganancias.
Esta perspectiva de análisis, que también se conoce
como análisis político espacial,
permitía construir de manera formal, un marco de análisis del comportamiento de
electores y candidatos por partido político. No obstante, ésta analogía tendría
como resultante, varios inconvenientes a la hora de explicar sistemas
multipartidistas, la permanencia de la corrupción en las instituciones y
puestos públicos, entre otros aspectos relacionados con la heterogeneidad de
los electores, y los sistemas de partidos. Problemas que en la actualidad,
intentan ser explicados a través de un marco de análisis distinto, que
introduce la información imperfecta, y la interacción estratégica entre los
distintos agentes, que se conoce como análisis
político estratégico, del cual el juego político del capítulo anterior es
un ejemplo.
El
estudio del comportamiento electoral tiene importancia, no solo por los
elementos que afectan la decisión del ciudadano, sino también, por aquellos
elementos que afectan la transformación de los sistemas políticos.
Podemos asumir sin lugar a dudas, que la base
del análisis del comportamiento electoral,
está planteada en la ciencia política y la sociología, (Downs, 1957;
Duverger, 1992; Campbell, 1965; Lazarsfeld, 1960; Lipset, 1959), sus
principales implicaciones se pueden agrupar en tres enfoques básicos: El
enfoque sociológico, el enfoque psico-social
y el enfoque racional.
5.1 Enfoque
Sociológico
Algunos
teóricos de la ciencia política (Lazarsfeld, 1960), han encontrado en estudios
empíricos aplicados a regiones particulares, procesos que operan entre los
individuos y que son determinados por factores como la educación, la
adscripción a una religión, a un lugar de residencia, clase social, partido
político, etc. para explicar la decisión electoral, y que inciden en sus
reacciones como presiones externas del contexto colectivo.
De
acuerdo con Lazarsfeld (1960), para un estudio en Kansas en Estados Unidos, los
sucesos ocurridos en el periodo inter-electoral, lograron hacer mudar de
posición a un número de votantes más de dos veces mayor, que lo logrado por los
acontecimientos de la campaña. El número de votantes indecisos iba disminuyendo
a medida que avanzaba la campaña, pero en lo tocante a las especulaciones sobre
el ganador, las cifras mostraron una tendencia distinta.
En
forma concluyente, Lazarsfeld (1960) considera que durante una campaña
presidencial, la mayoría de los ciudadanos saben por quien votarán y creen
saber cual candidato triunfará. La idea personal acerca del probable ganador,
es un proceso interno que pasa por la predicción y la predisposición existente
asociada al contexto, que ejerce una influencia radical sobre la decisión
electoral.[1]
Es
por ello, que factores como el grado de interés sobre el proceso electoral,
determinan el valor de la relación entre la intención del votante y la
predicción del resultado de los comicios.
5.2 Enfoque Psico-Social
Otro
autor que planteó importantes aportes para el análisis de la decisión electoral
es Angus Campbell et. al. (1965) en su clásico libro The American Voter. Su hipótesis básica es: la decisión electoral
de los individuos puede ser afectada por las imágenes, actitudes y sensaciones
que perciben de los candidatos, y en general, de la campaña electoral.
Según
Campbell:
“Los Actos de votación
individual son el resultado del mundo político que forman las personalidades,
objetivos y los partidos políticos y otros grupos de presión. El comportamiento
del elector, depende no solamente de su identificación partidaria; sino también
de las actitudes del gobierno frente a los asuntos públicos (asuntos externos)
y la personalidad del candidato” (Campbell, 1965; 277).
Esto significa que, el balance entre los
antecedentes de los gobernantes y las percepciones sobre el futuro condicionan
la decisión política – electoral. Campbell (1965) rompe con la tradicional
visión que plantea, que los electores toman decisiones políticas de acuerdo al
desempeño de las administraciones públicas, para afirmar que lo cierto es que
también proceden, de acuerdo a la comparación de las imágenes de los candidatos[2].
Este factor es crucial, a la hora de determinar el análisis político de las
políticas económicas, puesto que, si los políticos dentro de los cargos
públicos y los candidatos, saben que los ciudadanos son de alguna manera
indiferentes, ante las políticas económicas implementadas, esto es, ante el
desempeño de las administraciones públicas,
probablemente, tendrán más incentivos para señalizar a través de las
imágenes, características que no poseen, a menos que la señalización sea muy
costosa. Estos son aspectos que se tratarán en el capítulo ocho de este libro.
Más
aún, el problema de la credibilidad de la política económica, desaparecería,
para dar lugar, al problema de la credibilidad de la imagen del político, y en
este sentido, habría necesidad de buscar la correlación existente, si la hay,
entre el éxito de un gobierno y su imagen política ante los electores.
En
este sentido, el tipo de sistema político, se convierte en un factor radical
para determinar qué partido tendrá al candidato ganador, con respecto a las
estrategias políticas. Sin embargo, los partidos minoritarios responden frente
a esas estrategias, a través de la ideología. Por tanto, la identificación
partidaria hace que las mayorías no destruyan necesariamente, a las minorías.
Por
otra parte, en su libro, Campbell (1965) examina los factores que determinan la
acción política en el plano electoral, asumiendo una interacción dinámica entre
el comportamiento de los partidos políticos, las acciones del gobierno y la
imagen que se estructura desde la personalidad del gobernante y del elector.
En
efecto, Campbell (1965) considera que los votantes toman decisiones sopesando
las experiencias del pasado y la imagen que transmiten los candidatos en el
presente. De esta manera, no descarta
que frente a la escasez de información de los ciudadanos sobre las ejecuciones de la administración pública,
sea la vía de la ideología o de las
lealtades partidistas, uno de los factores que medie en la elección de los
ciudadanos, cosa que permite a su turno, sostener el andamiaje del sistema
político.
En consecuencia, se crea un ambiente donde las
reacciones del electorado a la actividad política, son parte del contexto en
que los partidos políticos operan, y el comportamiento de los electores tiene
importantes efectos en el sistema de partidos.
En este punto, es importante anotar que aunque Campbell (1965) plantea
en principio, un estudio de la decisión electoral, parece que su verdadero
interés recae, sobre las consecuencias de las lógicas de transformación y
estabilidad del sistema político, esto es, en las características de la
institucionalidad política. En donde el sistema presidencialista
norteamericano, parece ser la insignia y ejemplo, para aquellos países que
ostentan democracias directas, es decir, los que operan por fuera del esquema
de representaciones parlamentarias[3].
Este problema en general, lo adolece la mayor parte de la teoría política
formal, en particular, porque adopta
marcos de análisis de la política, tomando como base los esquemas de
funcionamiento de la sociedad norteamericana, sin involucrar las
características de instituciones de
otras latitudes, esto es, existe un vacío desde la teoría, para proveer un
esquema institucional de análisis, más general, en el cual encaje América
Latina.
Desde
este punto de vista, se plantea por un lado, cómo las decisiones del elector
están sujetas a factores de orden histórico, como la ideología; que provocan la
sostenibilidad de la organización política en el largo plazo, como mecanismo de
canalización de las tensiones y conflictos sociales; y por otro lado, factores
de corto plazo, que tienen que ver con las percepciones cognitivas de los
sujetos políticos, que provocan la alternancia (permanencias, alineamientos o
re-alineamientos) de los partidos en el ejercicio del poder público, y que
ocasionan, cambios no revolucionarios en los programas y figuras que
representan a los partidos políticos.
En
este sentido, Campbell (1965) avanza en la definición de sistema político
cuando lo entiende como: “....un grupo de actores, una o más decisiones que
tienen al menos controles legales y constitucionales, efectos e influencia extensiva a los grupos de actores que responden a la decisión...”. Este concepto, permite integrar dos
dimensiones del juego político: lo formal y lo real. En la primera acepción, se
involucra lo que tiene que ver con la arquitectura legal, que se ampara en el
llamado “choque de trenes”, apuntando al control del ejercicio del poder,
mediante la división de las ramas del poder público. En la segunda, se da
cabida a las dinámicas transaccionales, que plantean la diversidad de intereses
de los actores en el juego político, y que forman parte de los ambientes en que
se desenvuelve el elector.
No
obstante, este autor no deja claro el papel de los medios de comunicación y
todas las estrategias de marketing en
la decisión del ciudadano. Así las cosas, las decisiones de los votantes,
parecen estar desprovistas del contexto mediático que reconocen autores
anteriores como Paul Lazarsfeld (1960). De otra parte, no contempla la
incidencia del sistema electoral, como elemento que puede alentar o desalentar
al votante, como tampoco explica el origen de las actitudes cognitivas que
hacen que un elector se incline por uno u otro candidato[4].
Y finalmente, porque no son valederos los caudillismos políticos, que parecen
poner en juego la estabilidad del sistema político, a partir de las decisiones
del elector, en las democracias directas.
5.3. Enfoque
Racional: La Relación Costo- Beneficio del Elector
El enfoque racional del comportamiento
electoral introduce como componente básico en la explicación del comportamiento
del elector y de los partidos políticos, la relación costo-beneficio y la
lógica del sistema de precios, desde la perspectiva de la teoría económica
neoclásica. Metodológicamente, éste enfoque fue cambiando en el tiempo, a
medida que la teoría económica neoclásica también se transformaba, para tener
en cuenta los problemas de información asimétrica, la tecnología, y la
interdependencia entre distintos agentes, dando como resultado dos tipos de
teoría sobre el comportamiento electoral. Las teorías espaciales de comportamiento electoral derivadas de los
planteamientos de Hotelling (1929), y las teorías
estratégicas de comportamiento electoral.
El enfoque racional asume que la mayoría de las
sociedades adoptan alguna forma de democracia representativa, donde los
ciudadanos no deciden directamente sobre la política pública sino que escogen
representantes para que decidan por ellos.
La acción política se convierte en un resultado
de la racionalidad económica, que
lleva a que impere la división del trabajo, donde tanto partidos políticos como
ciudadanos, responden a un mismo patrón de comportamiento: el racional, pero
con intereses contrapuestos. Por tanto, la teoría racional del comportamiento
electoral, pone de manifiesto la existencia de racionalidad económica en la
toma de decisiones individuales, tal como lo haría la Teoría de la Elección
(Debreau; Allais; ). La racionalidad económica, reconoce una intención en el
comportamiento individual y supone que ésta intención es siempre, el logro del
máximo bienestar o ganancia posible al menor costo de oportunidad.
5.3.1
Teorías Espaciales de Comportamiento Electoral
Según Downs (1957), uno de los precursores de las teorías espaciales
del comportamiento electoral, es acertado asumir un enfoque positivo de la
acción política que pueda- entre otras cosas-
explicar los estímulos de las actuaciones del gobierno, a partir de
motivaciones egoístas; más que desde un enfoque normativo, que considera al
gobierno, estimulado por la maximización de la utilidad social. Advierte en la
segunda perspectiva, una falta a la realidad; en tanto el Estado, se encuentra
manejado por hombres de carne y hueso, que persiguen su máximo beneficio y la reducción
del costo individual, enfrentados a las dificultades de la agregación de
preferencias distintas, para formar una función de bienestar social que el
Estado tendría que contribuir a maximizar.
Sin embargo, las decisiones de votación deben
relacionar varios aspectos que no involucran tan sólo el beneficio individual,
sino también una especie de beneficio social. Los beneficios relacionados con
la elección de un candidato, pueden ser de diverso tipo. Habrá más beneficio siempre
que exista la posibilidad de ocultar información, disponer de información que
nadie más posee, o tomar decisiones de política económica por ejemplo, a favor
de un grupo de presión particular.
En cada caso, para el votante mediano estos
beneficios sólo se solidifican, una vez está adherido a un partido que agrupa
sus intereses y los de otros similares a él, lo que le permitirá presionar a través de acciones políticas, la
realización de políticas económicas específicas en beneficio de su grupo
(Olson, 1971; Downs, 1957).
Incorporando el análisis, que el
denomina positivo de la acción pública, Downs (1957) plantea la interacción entre ciudadanos y
gobierno en la democracia, en dos planos: Uno donde existe información perfecta,
y otro donde es escasa.
En el primer escenario,
ningún ciudadano influye en el voto del otro, la persuasión no opera y se pueden establecer claramente las
intenciones de sufragio. Por el contrario, con la aparición de la ignorancia,
la decisión de voto se difumina. Es allí, donde aparecen los persuasores y
expertos en mercadeo político, se rompe la igualdad de derechos entre los
ciudadanos, y se presenta una asimetría en la relación del gobierno con los
ciudadanos, que crea ciudadanos notables (que dominan la información), y ciudadanos
ordinarios (que reciben orientación de los primeros).
Sin embargo, estas decisiones son tomadas bajo
un ambiente de incertidumbre e información imperfecta, que impide la asignación
óptima de los recursos. Lo que hace
relevante, la modelación del comportamiento electoral bajo estas condiciones,
como forma de acercarse más a la realidad.
Según el modelo de Downs (1957), información
imperfecta implica que:
- Los partidos
no saben exactamente lo que los ciudadanos desean.
- Los
ciudadanos no siempre saben lo que el gobierno o su oposición ha hecho,
está haciendo o deberá hacer, para servir a sus intereses.
- La
información necesaria para superar esta ignorancia es costosa.
- Existen
problemas de comunicación.
Más aún, el conocimiento imperfecto permite que
en un mundo donde se supone que reina la distribución igual de los votos, la
distribución desigual de la renta, de la posición y de la influencia, tengan
una participación en la soberanía de la decisión individual. En ese caso, la
acción política efectiva, exige los recursos económicos necesarios para hacer
frente a los costos de información.
En términos generales, se puede implicar que
bajo éstas condiciones, seguir una conducta racional, es equivalente a
permanecer desinformado esperando que los demás paguen por esa información; más
aún,“los partidos políticos no buscan realmente una ideología particular, más
bien, buscan el poder solamente por la renta, la influencia y el prestigio que
lo acompañan” (Downs, 1957; 101).
Según Downs (1957), la ideología resulta de la
construcción de imágenes verbales de la “sociedad deseable” y de las
principales políticas utilizables para crearlas. En un sistema electoral, las
ideologías ayudan a centrar la atención sobre las diferencias entre partidos[5].
En este orden de ideas, la ideología se convierte también en un
poderoso vehículo para la toma de decisiones, dado que virtualmente reduce los
costos de informarse sobre aspectos complejos del bien común. Para este caso,
el autor acude a H. Hottelling (1929), para concluir que si bien los electores
pueden tener ideologías distintas, la situación más óptima, es la existencia de
un régimen bipartidista, que con un electorado no polarizado, se acerque a
opciones de centro.
En conclusión, “la apatía de los ciudadanos
respecto de las elecciones, su ignorancia de los principales problemas, la
tendencia de los partidos -en un sistema bipartidista- a parecerse el uno al
otro, y el carácter anti-consumidor de la acción gubernamental, pueden
explicarse lógicamente como reacciones eficientes de la información imperfecta
en una democracia amplia” (Downs, 1957;110).
Uno de los modelos más destacados de la
competencia electoral en el análisis espacial es el llamado Votante Mediano.
El modelo del votante mediano (Ver Recuadro
5.1), indica que bajo la regla de la mayoría, el votante mediano determina en
cierto sentido los resultados de las
elecciones. El votante mediano está en la posición intermedia a la hora de
decidir. Con esto el candidato adoptará un conjunto de posiciones que reflejen
la posición o las preferencias del votante medio de su partido para ganar su
denominación como representante, luego acercará sus puntos de vista a los del
centro político, cada vez que se enfrente a otros oponentes, a su vez, éstos
reorientaran su campaña hacia el votante mediano del total de la población.
5.3.2
Teorías Estratégicas de Comportamiento Electoral
Las
Teorías Estratégicas del Comportamiento Electoral suponen que las
decisiones que se toman en el juego político de las votaciones, se realizan
bajo incertidumbre e información imperfecta, por lo tanto, el comportamiento de
los agentes políticos es estratégico, en el sentido que tiene en cuenta, la
interdependencia entre las acciones de un agente con las de los demás.
Generalmente, bajo los supuestos de
incertidumbre e información imperfecta, el mecanismo de precios tiene problemas
para asignar eficientemente los recursos económicos, por lo que surgen fallos
de mercado, externalidades y bienes públicos.
En presencia de bienes públicos[6] o de
bienes indivisibles, cada individuo tiene siempre motivos para evadir su
participación en el costo de obtenerlos, o mejor aún, cada individuo tiene
incentivos para evadir los costos de obtener éstos bienes. Si dicho individuo
supone que el comportamiento de los demás está dado, el que reciba o no
beneficios, no dependerá de su propio esfuerzo, pero el costo de la contribución
en cambio, si requerirá su propio esfuerzo.
Por tanto, al igual que en el dilema del
prisionero, si todos los individuos actúan racionalmente, el resultado es que
nadie paga por la información, y no se generan beneficios.
El proceso de elección social a través de la
regla de la mayoría, es un claro ejemplo de un fallo en la asignación de los
recursos de la sociedad. En un proceso electoral, los candidatos ofrecen a los
electores, un conjunto de temas o asuntos sobre los cuales los individuos
manifiestan una preferencia. Estos eligen los candidatos que representan en forma más adecuada sus
necesidades colectivas. Sin embargo, existen problemas para revelar sus preferencias a
través de la decisión mayoritaria, en la mayoría de los sistemas políticos, en
particular, las democracias.
El suministro de un bien público cuyo beneficio
total es mayor que su costo total, aumenta el bienestar de la sociedad. Sin
embargo, la decisión por mayoría no siempre da como resultado una asignación
eficiente. Esto es, puede haber
ineficiencia en la producción de un bien público y por tanto, por asignación
excesiva o insuficiente de recursos a ese uso particular. Efectivamente, el
gobierno puede fallar en proporcionar bienes públicos cuya producción es
económicamente justificable, mientras proporciona otros que no lo son.
El problema aquí, es que los consumidores
individuales pueden obtener cualquier bien privado una vez han revelado su
verdadera preferencia por éste, y poseen capacidad de pago, aunque ese bien no
sea preferido por los demás; pero éstos mismos consumidores, no podrán adquirir
fácilmente bienes públicos, a menos que sea aprobado por la mayoría. Por tanto,
debido a que no incorpora la intensidad de las preferencias del elector
individual, el voto por mayoría puede dar lugar a resultados económicamente
ineficientes. Es aquí, donde entra la acción de los grupos de interés y la
negociación de votos, que se convierte, en una forma coordinada de resolver las
ineficiencias asociadas a la votación por mayoría[7].
En otras palabras, la votación por mayoría se
convierte en una forma de representación. Según Duverger
(1992), la representación, fenómeno ligado directamente con las democracias, es
un estado de hecho, el elegido representa al elector en el sentido en que
existe una semejanza entre las opiniones políticas del electorado y las de los
políticos elegidos. Y el sistema electoral responde a esta representación, en
la cual las mayorías gubernamentales adoptarán la posición que les permita
mantener el poder. A ésta forma, también se le conoce como votación por mayoría
donde el candidato ganador se lleva todo. Su principal implicación es la Ley de Duverger en la cual, bajo
votación por mayoría, en un sistema electoral pluralista tienden a existir tan
sólo, dos partidos políticos.
Por
el contrario, en democracias que usan sistemas electorales de representación
proporcional, a menudo tienen muchos más partidos que ganaran una
representación substancial en la legislatura (Myerson, 1996).
Otra consecuencia importante, de la información asimétrica, son los llamados
problemas de agencia, en los cuales, existe un principal que posee información
imperfecta sobre el esfuerzo que realiza un agente al ejecutar una tarea
(Kreps, 1991). La solución a los problemas de agencia proviene de la búsqueda
de soluciones coordinadas a problemas de información asimétrica, riesgo moral y selección adversa, a través de acuerdos, convenciones sociales, y
otras formas de coordinación que garantizan una compatibilidad de incentivos y
la llegada a un equilibrio.
Se requiere entonces coordinación de las
acciones para obtener un resultado ganancioso para todos. Una forma, “la
clásica” de coordinación es a través de un acuerdo explícito en el que todos
obedecen a un poder o agente central, que a través de la norma o un conjunto de
reglas claramente especificadas, obliga a todos los miembros del acuerdo a
cubrir el costo (membresía).
Por tanto, cuando los oficiales o agentes del
gobierno, están sujetos a riesgo moral y observancia imperfecta, es necesario
para la supervivencia del sistema político, que éste resuelva problemas de
agencia básicos, motivando a los altos
oficiales del gobierno, a través de estructuras institucionales y restricciones constitucionales.
Es válido preguntarse, cuáles son las fuerzas
que sostienen la constitución de un sistema político. Según Myerson (2005) las
reglas de una constitución pueden ser reforzadas solo por acciones de personas
individuales, y esos individuos deben tener una motivación positiva para
reforzar esas reglas constitucionales. De tal modo, que una constitución puede
ser efectiva tan sólo, cuando hay agentes políticos específicos, que esperan
ser recompensados en la medida en cómo ellos apoyan las reglas
constitucionales. Pero que al mismo tiempo, podrían perder los beneficios y
privilegios, si ellos no cumplen con sus responsabilidades constitucionales.
Sin embargo, la información más útil para
ejercer presión efectiva y posicionar un grupo de interés, sigue siendo costosa
y difícil de adquirir. Por lo tanto, los sistemas políticos democráticos son
ineficientes. En sentido estricto, el gobierno no sirve a la mayoría, como lo
haría si ésta estuviese bien informada. Pero nunca la mayoría se informará
bien, puesto que el hacerlo es colectivamente racional, pero individualmente
irracional. Y en ausencia de cualquier mecanismo que asegure la acción colectiva,
prevalece la racionalidad individual. En
últimas, el electorado se somete a un proceso de “explotación extensiva” por
parte de los grupos de presión que si tienen recepción en las políticas del
gobierno, y del gobierno mismo; además, por parte de los “rent-seekers”[8]. La
efectividad de los grupos de presión recae precisamente, sobre la actuación
racional de los mismos, los individuos explotados (por fuera del grupo de
presión) y el gobierno.
5.3.2
Un Modelo de Decisión Electoral
Suponga que en una sociedad con democracia
participativa, los n ciudadanos
pueden participar en la elección entre el candidato j perteneciente a un
partido político, y otro candidato perteneciente a otro
partido político. Cada ciudadano i puede
elegir entre votar por el candidato j
de su preferencia, en cuyo caso obtendrá un beneficio de , (); votar por cualquier otro candidato, en cuyo caso obtendrá
un beneficio , y supondremos que es nulo: , ó elegir no votar, esto es, abstenerse, cuyo beneficio es . En general, cada una de éstas acciones pertenece al
conjunto de acciones, tal que . Suponga además, que la estructura de preferencias del
ciudadano i es: . La probabilidad de ganar de es p y la probabilidad de perder, o lo que
es lo mismo, de que gane es (1-p).
Si el ciudadano i decide votar debe
incurrir en un costo asociado con dirigirse a las urnas y capturar información
sobre los candidatos . Además, si el candidato de su preferencia gana, el
ciudadano i obtiene una ganancia
adicional que corresponde a los
favores que recibirá de su partido político, por haber apoyado la elección. De
tal forma que, la utilidad esperada del
ciudadano i de cada acción , viene determinada por:
Ó en forma General:
Dado las preferencias del ciudadano i, el o ella debe decidirse entre votar
por el candidato de su preferencia o
abstenerse. Por tanto, la regla de decisión del ciudadano i es:
Si decide votar
Si decide abstenerse
Esto es, el ciudadano i vota si y solamente si:
Si el
5.4 Elementos
Críticos De La Teoría Política Formal
En
términos generales, la teoría política formal se ha enfocado en el conjunto de
instituciones norteamericanas, y ha dejado de lado en el análisis, el estudio
del comportamiento electoral en otras latitudes. Desconociendo no sólo así, las
particularidades de los procesos políticos en diferentes países, con distintas
culturas e historias políticas, sino también, el hecho mismo de que el análisis
político debe plantearse en el estudio de las instituciones mismas.
Además,
en la política a diferencia de la teoría de precios, en muchas ocasiones los
electores no votan por el candidato que más prefieren, sino que, dependiendo
del sistema electoral establecido, los electores terminan eligiendo su segunda
opción más preferida o su tercera opción más preferida, sin
que estas elecciones se vuelvan irracionales. O en ocasiones,
prefiriendo la abstención, ó al candidato o partido corrupto. Por lo cual, es
necesario tener en cuenta teorías y modelos en los cuales, se haga evidente la
posibilidad que tiene un votante de elegir a un candidato dependiendo de las
predicciones sobre las posibles elecciones de los otros votantes.
Introducir
la estrategia en el análisis político, ha permitido construir numerosos modelos
desde la economía, que simplifican las principales implicaciones de las
acciones de candidatos y votantes (Cox, 1987, 1990; Myerson, 1993, 1996 ), y
que muestran, una nueva perspectiva de solución de los problemas políticos más
frecuentes, en países como los de América latina. Al presentar como conceptos
de solución los liderazgos coordinados, o los acuerdos de participación
política y control ciudadano. Por ejemplo, Myerson (2005) revela la necesidad
de tener en cuenta que los factores culturales pueden afectar el posible éxito
de una democracia, y éstos podrían mostrar la dirección de la política
económica para promover el cambio de estado social.
[1] Hay generalmente gran correlación entre la intención electoral y la
predicción del probable ganador. Dos procesos psicológicos podrían explicar esa
relación: El efecto “bandwagon”, donde las especulaciones sobre el
vencedor influyen sobre la decisión
política; más el proceso de proyección, donde los individuos pueden proyectar
su propia intención política sobre otros y esperar que el comportamiento
electoral de éstos, sea idéntico al suyo propio.
[2] Como veremos más adelante, esta es una posición radicalmente diferente
a la de la Teoría del Ciclo de Negocios Político, al poner factores como la
imagen pública y las percepciones de ésta,
por encima del desempeño del gobierno y sus agentes de política
económica.
[3] Se trataría de democracias plebiscitarías como las que imperaron en el
cono sur hasta mediados del siglo XX. En estos países, los mecanismos de
representación política parlamentaria, perdieron peso frente a la autoridad
presidencial, por lo cual los caudillos que accedían a la primera magistratura,
pretendían legitimar su poder a través
de un contacto directo con el pueblo.
[4] Existe una dependencia recíproca de los fenómenos políticos. Tanto el
sistema electoral influye en la organización de los partidos, así como, los
partidos pueden reaccionar ante el sistema electoral, utilizando los votos para
mantener cohesión, disciplina y finalmente, el poder en los escaños públicos.
(Duverger, 1992)
[5] A partir
de esta definición, el análisis de Downs (1957) gira en torno a las ideologías,
más que a las políticas detrás de un sistema de partidos.
[6] Entendemos por bienes públicos, aquel tipo de mercancías que cumplen
con dos condiciones: la no rivalidad y la no excluibilidad. La primera se
refiere, a que su uso por parte de un individuo no impide que otros lo
consuman. Mientras que la segunda, se
refiere a que la utilización de un bien no puede ser impedida por ningún otro individuo.
[7] La posibilidad de obtener resultados acordes con los intereses comunes
del grupo, garantiza un resultado coordinado. No obstante, supone la agregación
de preferencias individuales, lo que nos lleva al Teorema de la Imposibilidad
de Arrow que se tratara en el siguiente capítulo.
[8] “Rent seeking” o búsqueda de
rentas, hace referencia a aquella situación, donde individuos que tienen acceso
al poder o algún bien publico, están atentos a obtener beneficios privados,
aprovechando su posición laboral o social.