¿Por qué los ciudadanos son capaces de crear instituciones que manejan exitosamente los comunes en ciertos entornos, pero no en otros?...
Sobre el relato de la tragedia de los bienes comunes, escrito por Garrett Hardin en 1968, existe todo tipo de posturas.
Al respecto la tradicional teoría neoclásica, cuya lógica parte de que los individuos son por naturaleza racionales, que actúan siempre en busca de la satisfacción de sus propios intereses para así lograr una mejora en el bienestar de la sociedad, plantea muy seguramente que la solución al problema de los bienes comunes, sería una estricta definición de los derechos de propiedad, - puesto que lo contrario significaría la sobreexplotación de los sistemas de recursos que no pertenecieran a particulares o a una unidad gubernamental - solo de esta forma los agentes involucrados tienen incentivos para aminorar el daño (ambiental). Un buen ejemplo para el caso son las Fusiones, que internalizan las externalidades mediante la coordinación de las partes implicadas. En este caso, el mercado proporciona fuertes incentivos para que las empresas se fusionen, permitiendo que los efectos externos no conduzcan a situaciones ineficientes.
Con todo lo anterior cabe preguntarse: ¿Sera que estos mecanismos de solución, son aplicables e igualmente efectivos en todas las sociedades, sin importar el grado de industrialización que atraviese?, ¿Qué pasa si los bienes comunes, no son afectados por las grandes empresas, como es el caso de las sociedades industrializadas, si no por el contrario por la misma comunidad, que por situación de pobreza, por ejemplo, se ven obligadas a sobreexplotar los recursos comunes para su subsistencia?
Otra postura interesante es la que propone la economía institucional, que entre otras cosas, considera que algunos de los postulados neoclásicos, - entre los que se destaca la postura del hombre, como persona económica racional y egoísta y la limitada intervención del Estado- deben ser replanteados (Pearce yTurner, 1995), de tal forma que se considere al hombre como persona cultural, dado que el cambio socioeconómico se basa en el determinismo cultural, definiendo a la cultura como un conjunto cambiante de ideas, actitudes y creencias que los individuos absorben de modo habitual a través de causes y mecanismos institucionales, así mismo, justifica un sector público activo que abogue por las preferencias públicas, ya que los individuos tienen tantos preferencias privadas como públicas, que cambian con el tiempo.
Basado en lo anterior se podria afirmar que cualquier solución que parta de esta postura tendría en cuenta la particularidad de los contextos y los problemas. En este caso será el Estado que por intermedio de Políticas Públicas, brinde soluciones a los diversos problemas generados por los bienes comunes. Sin embargo teorías como la del Public Choice, (Buchanan y Tullock, 1993), admite las ineficiencias potenciales surgidas de las fallas de las instituciones tanto políticas como burocráticas y reconoce que los gobiernos y las burocracias están compuestos de maximizadores individuales de utilidad, cuyos objetivos no son consistentes con el “bienestar público” sin interesar cómo éste se defina, lo que terminará convirtiéndose muy seguramente en un problema de gobernanza.
Con todo lo anterior vale la pena analizar el interés de los formuladores de las Políticas Públicas referentes al manejo de los bienes comunes, especialmente en un país como Colombia, donde se destaca la existencia de grupos de presión que indudablemente influyen sobre las decisiones políticas.
Al respecto la tradicional teoría neoclásica, cuya lógica parte de que los individuos son por naturaleza racionales, que actúan siempre en busca de la satisfacción de sus propios intereses para así lograr una mejora en el bienestar de la sociedad, plantea muy seguramente que la solución al problema de los bienes comunes, sería una estricta definición de los derechos de propiedad, - puesto que lo contrario significaría la sobreexplotación de los sistemas de recursos que no pertenecieran a particulares o a una unidad gubernamental - solo de esta forma los agentes involucrados tienen incentivos para aminorar el daño (ambiental). Un buen ejemplo para el caso son las Fusiones, que internalizan las externalidades mediante la coordinación de las partes implicadas. En este caso, el mercado proporciona fuertes incentivos para que las empresas se fusionen, permitiendo que los efectos externos no conduzcan a situaciones ineficientes.
Con todo lo anterior cabe preguntarse: ¿Sera que estos mecanismos de solución, son aplicables e igualmente efectivos en todas las sociedades, sin importar el grado de industrialización que atraviese?, ¿Qué pasa si los bienes comunes, no son afectados por las grandes empresas, como es el caso de las sociedades industrializadas, si no por el contrario por la misma comunidad, que por situación de pobreza, por ejemplo, se ven obligadas a sobreexplotar los recursos comunes para su subsistencia?
Otra postura interesante es la que propone la economía institucional, que entre otras cosas, considera que algunos de los postulados neoclásicos, - entre los que se destaca la postura del hombre, como persona económica racional y egoísta y la limitada intervención del Estado- deben ser replanteados (Pearce yTurner, 1995), de tal forma que se considere al hombre como persona cultural, dado que el cambio socioeconómico se basa en el determinismo cultural, definiendo a la cultura como un conjunto cambiante de ideas, actitudes y creencias que los individuos absorben de modo habitual a través de causes y mecanismos institucionales, así mismo, justifica un sector público activo que abogue por las preferencias públicas, ya que los individuos tienen tantos preferencias privadas como públicas, que cambian con el tiempo.
Basado en lo anterior se podria afirmar que cualquier solución que parta de esta postura tendría en cuenta la particularidad de los contextos y los problemas. En este caso será el Estado que por intermedio de Políticas Públicas, brinde soluciones a los diversos problemas generados por los bienes comunes. Sin embargo teorías como la del Public Choice, (Buchanan y Tullock, 1993), admite las ineficiencias potenciales surgidas de las fallas de las instituciones tanto políticas como burocráticas y reconoce que los gobiernos y las burocracias están compuestos de maximizadores individuales de utilidad, cuyos objetivos no son consistentes con el “bienestar público” sin interesar cómo éste se defina, lo que terminará convirtiéndose muy seguramente en un problema de gobernanza.
Con todo lo anterior vale la pena analizar el interés de los formuladores de las Políticas Públicas referentes al manejo de los bienes comunes, especialmente en un país como Colombia, donde se destaca la existencia de grupos de presión que indudablemente influyen sobre las decisiones políticas.
No cabe duda que existe una gran gama de posturas desde donde se pueden analizar el problema de los bienes comunes, a un así, en esta ocasión solo se ha hecho referencia a teorías que involucran el mercado y Estado, lo importante es reflexionar sobre las deficiencias a las que han tenido lugar y tratar de buscar soluciones alternativas o que aporten a las ya existentes a fin de generar resultados eficientes y eficaces.
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