La Estructura Política Payanesa como Impedimento al Desarrollo Local

En la ciudad históricamente ha primado la ley del más fuerte, producto del establecimiento de familias reconocidas durante el proceso de la colonia; originando una distinción fuertemente marcada de clases sociales. Aunado a ello, las elites políticas no han interlocutado con la ciudadanía, lo que ha generado en la misma, un desencanto total sobre las posibilidades de un mejor futuro socialmente compartido. Las clases políticas por el contrario, han usado a los habitantes de la ciudad simplemente para mantener el poder económico y político; no siendo por demás extraño, la no representatividad del pensar colectivo en el estrado nacional, y por ende, la no retribución de los beneficios sociales que la ciudad reclama por derecho. Sin embargo, se mantienen cierto tipo de fidelidades electorales, como síntomas de la prevalencia de unas prácticas políticas tradicionales, que trasladan las relaciones de la vieja estructura hacendaria y patronal del siglo XIX, al manejo de la ciudad. Los caciques tradicionales, la hegemonía de familias, que casi desde la encomienda, dirigen directa o indirectamente la administración pública, mantienen el control social y sus prebendas, sin que ello, haya significado un salto cualitativo en la sociedad a partir del crecimiento y distribución del excedente económico (Quijano, 2000).

La situación política que ha vivido la ciudad de Popayán a través de la historia, resulta un tanto paradójica, en la medida que a pesar de la inconformidad de la ciudadanía con sus representantes políticos, éstos se han logrado mantener en el tiempo. La colonialidad del poder, es desde éste enfoque, el conjunto de actitudes, creencias y sentimientos que dan orden y significado a un proceso político y, que proporciona los supuestos y normas que gobiernan un sistema político. Este concepto lleva a pensar en la forma en que el sistema político ha sido internalizado por los individuos y supone la existencia de un sistema simbólico, que es compartido en general pero no de manera uniforme por los ciudadanos, respecto a las estructuras del sistema político, posibilitando la permanencia del statu quo.

En estos términos, el desenvolvimiento de una ciudad como Popayán ha obedecido particularmente a su contexto específico, pero condicionada por la dominación de las familias tradicionales y las clases dirigentes, lo que necesariamente ha provocado ritmos de crecimiento urbano y económico muy diferentes a los que demanda la sociedad payanesa, puesto que se han primado los intereses individuales en contra de los colectivos, lo que indiscutiblemente ha conducido a la configuración de una ciudad dual y a la generación de una serie de problemas al interior de la misma, los cuales no han permitido que la sociedad payanesa se dé la oportunidad de pensarse a sí misma y a partir de sus propias lógicas, ser capaz de resolver sus problemas sin la intervención de externos.

De este modo, “No queremos otro mundo apenas porque el mismo sería “posible”. Nosotros queremos que sea posible otro mundo “relevante” para todas las formas y modos de vida…” “…Eso implica liberarse de lo universal, mecánico y neutral, del “modo clásico” de innovación, y asumir el contexto como referencia, la interacción como estrategia y la ética como el garante de la sostenibilidad de un desarrollo relevante, donde quepan todos” (De Souza, 2007: 6). Por ende, existe la posibilidad de que la sociedad payanesa visione la ciudad que desea y de esta manera se comprometa con sus acciones a encauzar la dirección de la misma, guiada sencillamente por sus ideales y por la convicción de un futuro socialmente compartido en el que todos tengamos cabida.

Algunos Obstáculos para el Desarrollo Local en Popayán

Pensar el desarrollo local es una tarea ardua la cual involucra la participación y el compromiso de todos los actores de una sociedad y más aún si se piensa en una ciudad colonial - tradicional como lo es Popayán, por tal circunstancia, resulta imprescindible esgrimir algunos de los problemas de mayor relevancia, los cuales hacen parte de nuestra cotidianidad desde hace muchos años, pero quizá no se les ha dado el tratamiento pertinente, lo cual los ha convertido en situaciones comunes e insignificantes, las cuales hacen parte de nuestra cultura.

No es un secreto que la estructura productiva de la ciudad, actualmente no alcanza a absorber toda la población que se encuentra en edad de trabajar y mucho menos, de brindar oportunidades laborales a los nuevos contingentes de población que llegan a la ciudad motivados por el anhelo de seguridad frente a la amenaza que genera para ellos el conflicto armado. De ahí que la ciudad haya sido fuertemente golpeada por la caída de las pirámides en el año 2008, puesto que ante la inexistencia de una adecuada estructura productiva, sumado a bajos niveles de cualificación de los habitantes, se haya presentando una desbordada fe en un sistema de dudosa confianza para resolver los problemas económicos y peor aún, que aún se siga padeciendo del coletazo de aquel lamentable incidente el cual incremento significativamente los niveles de desempleo y pobreza.

Por su parte, a partir de problemas de tipo económico, se generan profundos impactos en el sentido de cohesión social, generándose antivalores que desencadenan conflictos interpersonales, contribuyendo, a la construcción de actores sociales con poco sentido de pertenencia e identidad.

De otro lado, no se puede desconocer que en los últimos años la ciudad blanca y tranquila ha cambiado para teñirse de negro o tal vez rojo, a partir de los elevados niveles y nuevas modalidades de delincuencia común u organizada, las cuales han conducido a que las principales causas de mortalidad ya no sean las enfermedades del corazón como hasta hace algunos años, sino los homicidios. A su vez, se han incrementado los índices de drogadicción, alcoholismo, conflicto intrafamiliar y los embarazos en adolescentes.

En cuanto a la política históricamente ha primado la ley del más fuerte, producto del establecimiento de familias reconocidas durante el proceso de la colonia; originando una distinción fuertemente marcada de clases sociales. Las elites políticas no han interlocutado con la ciudadanía, lo que ha generado en la misma, un desencanto total, sobre las posibilidades de un mejor futuro socialmente compartido, por el contrario, han usado la población sencillamente para mantener el poder económico y político; no siendo por demás extraño, la no representatividad del pensar colectivo en el estrado nacional, y por ende, la no retribución de los beneficios sociales que la ciudad reclama por derecho.

Si bien es cierto que ha crecido la población, necesariamente se han incrementado los lugares de residencia (en gran parte se han instalado sobre la periferia), lo aberrante de la situación es que existe una carencia de condiciones mínimas requeridas en los lugares de residencia para vivir dignamente. Adicionalmente, se crea una problemática de tipo ambiental, debido a la contaminación que se genera en el lugar y la que se produce en el contexto urbano, al perturbar la imagen paisajística.

Finalmente, puede decirse, que toda ésta serie de factores que se han venido resquebrajando con el pasar de los años no han permitido articular una visión planeada y concertada de ciudad, los cuales generan problemas aún más complejos y estructurales, de difícil solución. Donde cabe preguntarse, si ¿los nuevas generaciones, tendrán por lo menos las mismas oportunidades que tienen sus padres en la actualidad?, o, si por el contrario, se hace evidente un retroceso.

Tal vez estos no sean los únicos problemas que padezca nuestra ciudad, pero tal vez son algunos de los más relevantes y considero que si se piensa en un desarrollo local a futuro, no se pueden dejar de lado, por el contrario se hace imprescindible tratarlos con la debida responsabilidad y realizar una planeación a futuro de nuestra sociedad, en la cual tengan cabida todos y cada uno de los actores de la misma.

Autonomía territorial vs Deuda pública en Colombia

La autonomía territorial, de acuerdo con el DNP (2009), agrupa elementos de tipo político, económico y financiero, estos en conjunto brindan las herramientas necesarias para formular y llevar a cabo el proyecto de desarrollo local de cada comunidad. Entre ellos se encuentran la disponibilidad de recursos, la capacidad de decisión y gestión y la independencia en la formulación de políticas regionales de acuerdo con las necesidades propias. Así, a nivel financiero se identifican formas de autonomía en los ingresos y gastos. En lo referente a los ingresos se debe apreciar la capacidad de los Municipios y Departamentos a la hora de recaudar los impuestos pagados por su comunidad, de modo que sean suficientes para cubrir el pago de los gastos de funcionamiento e inversión.

Al concebir la autonomía de esta forma, se promueven las diferencias entre regiones, pues las que están en una condición económica más aventajada, recibirían mayores ingresos que las que no lo están y esta desigualdad se reproduciría constantemente.
Así, alcanzar un desarrollo adecuado y equitativo para todas las entidades territoriales es difícil, pues aunque estas realicen un esfuerzo fiscal importante para aumentar sus ingresos, cada una tiene una estructura productiva característica de su región, que se convierte en un impedimento para que tal esfuerzo fiscal permita satisfacer totalmente las demandas sociales de cada ente y por tanto de toda la población Colombiana.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que los pagos de la deuda contraída, se constituyen en un limitante para que los entes territoriales tomen decisiones autónomas en sus territorios, puesto que el cumplimiento de las obligaciones financieras se transforma en una prioridad incluso por encima de los gastos en salud, educación, y saneamiento básico.

Otro limitante para la formulación y adopción de políticas locales, es el diseño de los planes de desarrollo, pues estos se encuentran subordinados al plan Nacional y a lo impuesto por el Plan de Inversiones Públicas, entonces, la asignación de recursos en el nivel local para el desarrollo de los entes territoriales, pierde total pertinencia, porque no atiende las prioridades de su región sino cuando el Plan de Inversiones Públicas lo ha hecho y, esto por lo general ocurre cuando las necesidades territoriales tienen mayor fuerza o se han modificado.

“Se hace evidente que las capacidades de las entidades territoriales de formular un proyecto propio de desarrollo son limitadas desde la concepción misma de la descentralización y, a partir de allí, por las situaciones a las que han tenido que enfrentarse las autoridades locales como resultado del ajuste fiscal y del endeudamiento público a lo largo de la década”. (UNEB, 2005:139)

Respecto a la autonomía en los gastos, de acuerdo a los principios sobre los cuales se ha construido la descentralización en Colombia, se supone que son las localidades las que deciden en qué aspectos y cantidades deben invertirse los recursos percibidos, tomando como base una evaluación previa de las principales demandas de su respectiva comunidad.
Teniendo en cuenta la gran dependencia de las transferencias del gobierno central, los recursos disponibles de las entidades territoriales no pueden ser asignados de acuerdo a lo anterior, pues cada fuente de recursos transferidos establece la forma en la que éstos se deben invertir, aun antes de que lleguen a las localidades.

Dicha destinación específica de las transferencias desde el nivel central, en su mayoría ha sido establecida con anterioridad por leyes o políticas nacionales que en últimas limitan cualquier tipo de intervención de las autoridades locales en su adjudicación, convirtiéndolos en “agentes pagadores de rubros nacionales que se ejecutan en su territorio y sobre los cuales no poseen discreción” (Restrepo, 2003:62).

Según la Unión Nacional de Empleados Bancarios (2005), es posible observar en las leyes de ajuste fiscal formuladas durante la segunda mitad de los años noventa, una limitación a la capacidad de decisión de destinación de los recursos por parte de las autoridades locales, esto en gran medida porque su presupuesto debe darle prioridad a garantizar el pago del servicio a la deuda.

Por ejemplo la Ley 358 de 1997, conocida por el sistema de semáforos, introdujo el ajuste fiscal a los territorios, a través de los convenios de desempeño que restringieron el gasto e impusieron ciertas directrices para su manejo; la Ley 550 de 1999, creó procesos de saneamiento fiscal y estableció acuerdos de reestructuración de pasivos con sus acreedores, limitando a futuro cualquier posibilidad de formular una política regional. Esto porque las decisiones de gasto se encuentran condicionadas a las disposiciones de un comité de vigilancia, ajeno a la localidad; finalmente la ley 617 de 2000, formuló ciertos requisitos para la creación de municipios, clasificando a los ya existentes de acuerdo con criterios de población y recursos de libre destinación, de modo que implantó para cada categoría, una orientación para el manejo de dichos ingresos que garantizara el cubrimiento de los requerimientos de funcionamiento y se dejara un excedente para la inversión.

Así, a pesar que como contribuyentes, todos los ciudadanos debemos ejercer el control social necesario para exigir una mejor gestión gubernamental frente a los recursos públicos, en la actualidad existe total desconocimiento en relación a las medidas adoptadas para contrarrestar los problemas de carácter fiscal del País y de los territorios Colombianos, por ello, la invitación como ciudadanos es ser un actor más que un cliente, participando en la construcción y el desarrollo de la esfera pública.

2. A propósito del desarrollo local en Popayán: Una noción de las transformaciones demográficas y urbanas Post-terremoto

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, las ciudades latinoamericanas han visto cambiar notablemente sus ritmos de vida por una serie de fenómenos sociales y naturales que complejizan sus procesos de desarrollo. Sobre esta perspectiva, la ciudad de Popayán no ha sido la excepción.

La población del municipio alrededor de los últimos cincuenta años se ha quintuplicado, situación que ha significado transformaciones sustantivas en cuanto a la composición urbana del mismo. No obstante, aunque su acelerado ritmo de crecimiento demográfico podría traducirse virtualmente en avances profundos en el proceso de desarrollo, los indicadores de progreso parecen no coincidir en ninguno de los parámetros que presentan los centros urbanos de igual dimensión geográfica, poblacional e histórica. A diferencia, predominan retrocesos frente a lo que podría esperarse, consolidación de una estructura urbana moderna; capaz de responder a las necesidades de la sociedad.

De otro lado y agudizando aún más la situación, los procesos de planificación urbana distan de concretar su función de direccionamiento. De una parte, por las condiciones físicas de la ciudad y de otra -la más importante-, por el extravío de los objetivos gubernamentales frente a las características de sus habitantes. Esto se explica, medianamente por la carencia de conocimiento técnico, incorporado al diseño e implementación de políticas públicas de ciudad y por restricciones de carácter político- cultural.

Para llevar a cabo una lectura de lo que es actualmente Popayán, resulta imprescindible reconocer, que a pesar del surgimiento de formas seculares de relacionamiento, del imaginario social no se han podido desdibujar las formas tradicionales, lo que se convierte en el principal obstáculo en el proceso de repensar la ciudad desde otras dimensiones, diferentes a las que han mantenido la identidad de sus habitantes y que no han sido ajenos a ninguno de los estratos sociales.

El terremoto de Popayán, ocurrido el 31 de marzo de 1983, marcó una ruptura entre las dinámicas poblacionales y urbanas de la ciudad, ya que producto de un desastre natural, surgieron oportunidades reales, tanto para la población residente como para la inmigrante. De un lado, se presenta, un fuerte proceso de migración rural - urbana (al interior del departamento) y urbana – urbana (entre departamentos vecinos), y del otro, se hizo evidente una situación de hacinamiento y subarriendo que propició la invasión de terrenos aledaños (periferia), especialmente en la zona occidental (Funcop, 2000).

Es importante destacar, que éste fenómeno, redimensiona la espacialidad de la ciudad y genera nuevas dinámicas sociales, en principio, porque se urbaniza sin una previa planificación. Además, el proceso de migración propiciado por el terremoto, genera un proceso de integración al interior de los barrios, entre familias rurales y urbanas, que al interactuar confrontan, impulsan, producen y crean una serie de tejidos sociales que distan de los patrones sociales y culturales de tradición.

Actualmente, Popayán es una ciudad con una población de más de 258.653 habitantes (DANE, 2006), que enfrenta la construcción de una ciudad dual, a partir de un urbanismo de inequidad y generador de conflictos: por un lado la ciudad que crece con los parámetros socialmente aceptados de calidad de vida, y por otra, la ciudad segregada y expoliada de las dinámicas urbanas que se reproduce a sí misma con el referente histórico de la exclusión.

Por todo lo anterior, se hace necesario que los estudios sobre el desarrollo de la ciudad, reconsideren el papel de las variables demográficas, toda vez que, al tiempo que permite identificar cambios físicos conforme, se altera el tamaño y la composición de la población, permite la realización de análisis retrospectivos y prospectivos que generen un desenvolvimiento futuro armónico y finalmente potencializan las fortalezas y aminoran las debilidades propias de los espacios geográficos.

Por: Ronald Macuacé

LAS MINORIAS Y EL DESARROLLO

Colombia en su constitución se ha definido como una nación plurietnica. Esta característica al igual que otro tipo de diversidades se podrían considerar como fortalezas, o en su defecto oportunidades para encaminarse en el mundo del desarrollo. Sin embargo, estos grupos sociales que generalmente son minorías, son los más vulnerables y los que son rezagados en los procesos de desarrollo, aún cuando internacionalmente disfruten de derechos explícitos por ser diferentes, estos derechos son los más transgredidos, y más aún por las condiciones internas que padece el país como el conflicto armado. Estos y otros factores como que estos grupos no sean tenidos en cuenta a la hora de formular y más aun de implementar políticas en función del bienestar, han permitido su marginalidad en todo proceso de desarrollo, irrespetando no solo los derechos especiales sino los derechos básicos de cualquier individuo de vivir una vida digna.

No obstante, es claro que estas poblaciones poseen un fuerte capital social, que no ha sido manifiesto ni mucho menos aprovechado, pues se destaca su fortaleza cultural y las ganas de luchar por sus derechos. Es en ese sentido, es posible considerar las posibilidades de potenciar un desarrollo, pero un desarrollo localizado, que sea una alternativa formulada y ejecutada desde las mismas comunidades, sin que esto implique una desarticulación con otras entidades, pues es claro que la falta de acompañamiento y apoyo de de instituciones gubernamentales son una fuente de la marginalización, que tenga en cuenta sus fortalezas, oportunidades y potencialidades.

Por Gissela Nuñez

JUSTICIA COMUNITARIA COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCION DE DESARROLLO LOCAL.

para la construcción de desarrollo local se debe generar participación de los individuos afectados de tal manera que se puedan realizar cambios reflejados de adentro hacia afuera haciendo que haya un fortalecimiento de las comunidades y/o grupos sociales generando dinámicas que fortalezcan las relaciones sociales y permitan la construccion de nuevas herramientas como lo puede ser la justicia vista como una justicia comunitaria que puede ser entendida como una serie o un conjunto de mecanismos comunitarios para la resolución de conflictos, de esta forma se puede iniciar un proceso en el cual se relacionen las organizaciones e instituciones que forman parte de la construccion de sociedad civil mediante la resolucion de conflictos a nivel local y en cierta medida al Estado mediante la generación de politicas públicas que permitan el mejoramiento de las condiciones sociales

la generacion de una herramienta como la justicia comunitaria es la posibilidad de fortalecer la confianza de la poblacion en la sociedad civil partiendo de que esta puede comprender mejor la cultura entendida como las costumbres y la identidad de cada poblacion de tal manera que pueda ser mas equitativa al momento de generar soluciones ante los problemas y/o enfrentamientos entre diversos actores sociales pues de esta manera se pueden proteger los derechos de cada tipo de poblacion (indigenas, campesinos, afro descendientes, etc.) este tipo de justicia ayuda a la construccion de democracia y a la organizacion respetuosa por parte de la comunidad para ayudar a llenar aquellos vacios que en ocasiones deja el Estado, mostrando así que hay diversos caminos para propiciar modelos de intervencion local y regional con el objetivo de generar nuevas dinámicas en las cuales se pueda asumir las responsabilidades y tomar las decisiones eficientes, efectivas de manera organizada y certera.

Algunas Consecuencias del endeudamiento territorial sobre el desarrollo regional en Colombia.

Según el Departamento Nacional de Planeación (2009), el proyecto de desarrollo de cada uno de los territorios es el resultado de su proceso de autonomía territorial, en la búsqueda de las herramientas necesarias para impulsar mediante la democracia local, el desarrollo regional, visible a nivel social, político y económico.

El desarrollo territorial comprende la interacción de diferentes aspectos para lograr las transformaciones deseadas a nivel de cada ente territorial. En tal sentido, como lo propone Baena et al (2006), es necesario a la hora de formular un plan de desarrollo incluir las dimensiones Económica, Social, Ambiental e Institucional.

Dentro del análisis económico, el eje que articula la dinámica de tal desarrollo es la producción, por consiguiente se debe tener en cuenta la estructura de la producción, su sostenibilidad y la forma en que se distribuye el producto obtenido entre los habitantes de la región.

Sin embargo, debido al alto nivel de dependencia de las transferencias, la escasa generación de ingresos propios, el déficit fiscal vigencia tras vigencia y la corrupción, los gobiernos territoriales a la hora de asumir la prestación de los bienes y servicios que por mandato constitucional tienen a su cargo, deben recurrir al endeudamiento. Tal mecanismo de financiación, se constituye en una limitación para el desarrollo de los entes de carácter territorial, debido a que el pago de los montos adeudados y de los intereses sobre esta deuda, impide la destinación de mayores recursos para la inversión social y por tanto se torna más difícil hacer frente a los diversos problemas públicos que se presentan en las entidades territoriales, relacionados con la educación, la salud, la vivienda, el desempleo, la indigencia y el medio ambiente, entre los más importantes. De modo, que se disminuye la calidad y cobertura de los servicios públicos que deben ser prestados por la entidad territorial, traduciéndose esto en un debilitamiento de las condiciones de vida de la población.

También se puede decir, que la deuda pública y el pago de sus intereses no permite destinar los recursos necesarios para invertir en los sectores más productivos de cada región, que potencialmente generan mayores niveles de empleo, fortalecimiento de la oferta y aumento en el consumo de los bienes producidos por las empresas de las entidades territoriales.

Las autoridades locales desde el comienzo del proceso descentralizador, asumieron y reprodujeron restricciones a la inversión y a la política social en el nivel local, esto sumado al endeudamiento territorial, ocasionó que a pesar de las políticas de focalización ejecutadas para reducir la pobreza en el País, no se apreciara una mejora sustancial en las variables que miden la pobreza. Por el contrario fue notorio su deterioro; el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) presenta una mejoría constante desde 1973, año en el que siete de cada diez personas tenían una o más necesidades básicas insatisfechas, mientras en 1993 cuatro de cada diez personas estaban en tal situación, en los años posteriores, hasta el 2008 el panorama no varió mucho, pues aproximadamente entre dos y tres personas no tenían satisfechas sus necesidades básicas.

Al contrario de las bondades que se le atribuían en un principio a las reformas económicas, estas beneficiaron a unos pocos mientras que una gran parte de la población, vio empeorar sus condiciones de vida.

“El índice de línea de pobreza (LP) pasó de 53,8% en 1991 a 50,3% en 1997, y posteriormente a 59, 8 en el 2000. En 2003, el 64,2% de los colombianos eran pobres adicionalmente “no solo han aumentado los pobres, sino que estos son cada vez más pobres. La brecha de pobreza, que mide la distancia relativa entre el ingreso promedio de los pobres y el valor de la LP, se incrementó de 0,437 en 1997 a 0,542 en 2003” (Contraloría, 2004:43). En cuanto a la indigencia, el porcentaje se incrementa de 19,7% en 1999 a 23,4% en 2000”. (UNEB, 2005: 164)

En el caso de la salud, el principal objetivo de la política social era el fortalecimiento de la cobertura y la calidad, sin embargo el incremento del gasto social en salud y el nuevo modelo de aseguramiento que incluye la ley 100 de 1993, no se han traducido en mejores y mayores niveles de atención.

Es de resaltar la grave situación financiera de los hospitales públicos en su conjunto, llamada “crisis hospitalaria”, la cual muestra que la capacidad de los mismos, para cumplir con los requerimientos de cobertura y calidad se ve limitado porque los ingresos transferidos desde el Gobierno Central y los territoriales, no son suficientes para cubrir los gastos necesarios que garanticen su óptimo funcionamiento, como lo son el pago de nóminas a los médicos y demás empleados, la compra de medicamentos, la atención de los ciudadanos y el mantenimiento de equipos e instalaciones.

Además, los recursos desde los demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), no son girados a tiempo como consecuencia de la misma lógica del Sistema de Seguridad Social, porque a pesar de que sigan transfiriendo recursos a las entidades del sector, estos no llegan finalmente a las mismas, sino que se destinan a los intermediarios (financieros) del sistema.

Se pretende que por medio del cobro de los servicios prestados, el sistema de salud a nivel local sea sostenible; esto conduce a una mayor inequidad en la atención de la población. De esta manera, se configura una política social pro-cíclica que reproduce las desigualdades y las condiciones de exclusión y concentración del ingreso, aún en lo relacionado con los derechos fundamentales que debe garantizar un Estado social de derecho. (UNEB, 2005: 171)
Igualmente, los Departamentos tienen una gran obligación, ya que a diario son demandados por la atención, medicamentos, tratamientos y operaciones que no cubre el sistema de salud o que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo (POS), el cual es el conjunto básico de servicios de salud que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), deben prestar a sus afiliados.
En lo referente a la educación, lo primero que se debe considerar es que ésta se constituye en un factor fundamental para el desarrollo económico y social, por consiguiente el endeudamiento territorial y las medidas y leyes propuestas para contrarrestarlo, van en detrimento del desarrollo, al dar prioridad a otro tipo de gastos y restringir la inversión en este sector.

“El panorama de la educación en Colombia, visto a través de las tasas de deserción (6,7% en 1999), repitencia y reprobación (la tasa de aprobación cayó de 86% en 1998 a 83,7% en 2000), es preocupante. Las condiciones que debe cumplir el sistema educativo para reducirlas es responsabilidad del Gobierno Central y de los Gobiernos territoriales. La problemática de cada instancia de gobierno, así como las mismas metas fundamentales que se han planteado en el ejercicio de la política económica y social, se ven reflejados en el fracaso escolar”. (UNEB, 2005; 175).

No obstante, según información del Ministerio de Educación Nacional, a partir del año 2000, es notoria la tendencia a la disminución de las tasas de deserción escolar como muestra del esfuerzo que desde el Gobierno Nacional se ha realizado para ampliar la cobertura de este servicio y a la vez reducir la deserción, inasistencia y repitencia escolar, desde diversos programas y campañas, ejemplo de ello es la campaña “Ni uno menos”, con la cual, de acuerdo a la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, ha logrado que la tasa de deserción estudiantil en los colegios públicos se reduzca.

Según la Encuesta de Calidad de Vida (2003), la principal causa de inasistencia de estudiantes de 5 a 17 años, es la falta de recursos económicos, mientras para los jóvenes entre 12 y 17, es la dificultad de combinar el estudio con el trabajo o con responsabilidades en el hogar.

Esto se puede atribuir por una parte a la incapacidad de los gobiernos subnacionales para asumir el manejo de los fondos educativos regionales, a la disminución de las transferencias para la educación, pero también a las condiciones sociales y de pobreza de los Colombianos, que se supone son responsabilidad de los Departamentos como unidades subnacionales encargadas de la administración de los asuntos seccionales y de la planificación y promoción del desarrollo económico y social, dentro de su territorio.

En una parte significativa del territorio Colombiano, la calidad de los servicios es deficiente, esto debido a que los ingresos de los entes territoriales son escasos por la reducción de las transferencias del gobierno central y su incapacidad para generar recursos propios, además porque estos se destinan a otro tipo de gastos, que por su situación financiera y de sostenibilidad fiscal deben atender. Entonces, se presentan los casos en los que los recursos son insuficientes para cubrir la construcción de plantas de tratamiento de agua, rellenos sanitarios seguros y salubres para la población, sistemas adecuados para el vertimiento de las aguas residuales así como para recolectar las basuras periódicamente y garantizar la prestación permanente de los servicios de energía y acueducto.

Finalmente, es posible afirmar que conforme el proceso de descentralización se fortalecía, las entidades territoriales en la década de los noventa, se vieron enfrentadas a limitaciones en cuanto a la posesión de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones asignadas constitucionalmente, debido entre otras cosas, al débil sistema tributario local, la dependencia de las transferencias de la Nación que no fueron suficientes y los altos niveles de corrupción y politiquería. Lo que en últimas condujo al endeudamiento de los entes territoriales, reproduciendo restricciones a la inversión y a la política social a nivel local, que permitía generar impactos positivos en pro del desarrollo regional y la mejora de la calidad de vida de la población, en tanto la educación, la salud y el acceso a servicios públicos son factores fundamentales para el desarrollo económico y social, que permiten avanzar hacia la construcción de estructuras económicas locales solidas, en condiciones de equidad para toda la sociedad.

DESARROLLO LOCAL, PARTICIPACIÓN Y CULTURA.

Es importante dentro del contexto del desarrollo local una frase de Francois Perroux quien afirma que “El crecimiento no aparece en todas partes a la vez, se manifiesta en puntos o polos de crecimiento, con intensidades variables; se esparce por diversos canales y con efectos terminales variables para el conjunto de la economía” . De esta manera es importante reconocer que para que exista desarrollo local debe existir participación, como iniciativas locales de grupos sociales presentes en alguna zona geográfica, tales iniciativas deben ir de la mano con la coordinación interinstitucional y manejando un enfoque de diversidad cultural.
En este proceso debe existir la participación de los miembros de los grupos sociales, instituciones del Estado, sociedad civil y sector privado. Ahora bien el apoyo a iniciativas locales se fundamenta en la existencia de pueblos con identidad y cultura, los cuales tienen una diversidad de conocimientos y habilidades notables para el desarrollo local y la sostenibilidad de su territorio.
Por lo tanto, es fundamental que el desarrollo local sea pensado y planeado como un sistema integrado en el mercado global respetando los factores multidimensionales al nivel en el cual se localiza, También se debe reconocer que para que tal desarrollo se de con una participación efectiva y eficiente de la comunidad esta debe tener un fuerte capital social, ya que este no es sólo la suma de las instituciones que configuran una sociedad, sino que es asimismo la materia que las mantiene juntas.

ALGUNOS ELEMENTOS PARA CONSIDERAR EL DESARROLLO LOCAL EN POPAYÁN

Las sociedades y su particular interrelacionamiento posibilitan la construcción de cultura o culturas, cuyas formas, modelos o patrones ya sean implícitos o explícitos, son el medio que regula el comportamiento de las personas en un determinado contexto. Cada sociedad históricamente ha pretendido moldear su entorno, para de esta manera satisfacer sus necesidades sean apremiantes o no.

El desenvolvimiento de una sociedad a otra es muy particular, si bien es cierto que unas han realizado un proceso autónomo el cual ha permitido direccionar el rumbo de las mismas hacia el logro de objetivos deseables, otras por el contrario han adoptado medidas externas, que a diferencia de llevarlas al cumplimiento de los objetivos previstos, terminan por distorsionar las condiciones iniciales de las cuales partieron, lo que finalmente se traduce no en un avance sino en un retroceso.

En estos términos “El desarrollo Local” surge como un modelo de desarrollo alternativo el cual se convierte en una estrategia donde cada sociedad puede identificar y postular soluciones a partir del conocimiento de sus necesidades, desde el ámbito local y efectivamente encausar su rumbo hacia mejores estados de bienestar para la sociedad.

Bajo esta perspectiva es importante cuestionar la importancia que pueden o no tener el tiempo como elemento configurador de un proceso de avance hacia mejores niveles, condiciones, medios y relaciones de vida (Rodado, 2001) y de otro lado, la determinación que tienen cada uno de los actores involucrados en una sociedad para generar cambios positivos en la misma.

Los elementos mencionados se encuentran cargados de incertidumbre al aplicarlos en el contexto caucano, especialmente en Popayán. Pues si bien es cierto que en otras sociedades el tiempo ha jugado un papel fundamental en los procesos de mejoramiento de las sociedades, en Popayán estos elementos se encuentran en entredicho.

Popayán si bien no es la ciudad más antigua del país, se encuentra entre las primeras, en cuanto a fecha de fundación (1.536), notando además, que la categoría que se le otorgo para aquel entonces, fue de “Centro administrativo” y por ende de poder político y económico a nivel nacional. Sin embargo, estas razones no parecen haber sido suficientes para que en ella se produjera un proceso de desarrollo como podría pensarse. Porque si se revisa la historia de otras ciudades, de la región y el país, como Bogotá, Medellín y Cali, que tuvieron en principio menor o igual categorización, y fechas de fundación posteriores; los niveles de progreso han superado con creces el desarrollo de la mencionada.

Algunas de las conjeturas, que más se han difundido, como explicaciones de esta situación, ubican un estilo de desenvolvimiento cultural y político que se hizo parte de las prácticas sociales de la ciudad y el departamento, al punto que la han rezagado de los ritmos de evolución nacional y regional. De hecho, si se revisan los indicadores de desarrollo local y regional frente a los de otros entes de carácter nacional, y se confrontan con la injerencia de la ciudad a través de sus dirigentes en la política nacional, se pude colegir que el direccionamiento del desarrollo nacional hacia proyectos de modernización productiva y acumulación capitalista, estuvieron lejos de las dinámicas de manejo regionales. Por ende, los liderazgos políticos locales, en el ámbito nacional, parecen no responder a las dinámicas de los proyectos políticos regionales.

Se advierte que a Popayán y al Cauca, no les sirvió de mucho, ser la cuna de personajes ilustres de la vida nacional. De esta manera, ¿acaso las elites políticas del departamento, no le apostaron correctamente al sector o sectores que debían dinamizar y modernizar la economía?, y consideraron que la acumulación de tierras y el arduo trabajo en el sector primario sería el generador del excedente necesario para lograr los niveles deseables para la época (Macuacé, 2007).

Quizá estos interrogantes no se resuelvan en este documento, pero es importante dejar planteado que si el tiempo no ha jugado un papel determinante para el mejoramiento de Popayán como sociedad, en el cual las clases dirigentes no han impactado de manera positiva, existe una deuda de otros actores involucrados en el desarrollo local, como es el caso del grueso de la población, al no ejercer presión sobre las clases políticas para revertir el rumbo de la misma, ya que a diferencia del reclamo de los derechos, se mantienen cierto tipo de fidelidades electorales, propias de lo que Almond y Verba (1963), denominan cultura súbdita, como síntomas de la prevalencia de unas prácticas políticas tradicionales, que trasladan las relaciones de la vieja estructura hacendaria y patronal del siglo XIX, al manejo de la ciudad.

Desde este punto de vista, la ciudad se encuentra de alguna manera, anclada a la no modernidad política. Donde los caciques tradicionales, la hegemonía de familias, que casi desde la encomienda dirigen directa o indirectamente la administración pública, mantienen el control social y sus prebendas, sin que ello haya significado un salto cualitativo desde el punto de vista económico en el crecimiento y distribución del excedente económico.

Finalmente, bajo las actuales circunstancias de la ciudad y en busca de cambios significativos en la misma, cabe considerar que el identificar los problemas como el idear soluciones solo es posible, si los diversos actores involucrados dialogan y son capaces de acordar estrategias compartidas para adaptarse y tomar la iniciativa ante procesos de transformación global.

Ronald Alejandro Macuacé Otero

planificacion participativa como herramienta de desarrollo institucional

Cuando se habla de participación se tiende a pensar en masa, es decir, en la actuación de muchos actores que buscan un fin propio, pero reunidos en torno a una convocatoria que en ultimas compete a todos y que lleva a la motivación particular de querer “hacer parte de” y/o aportar ideas sobre el itinerario de algún constructo social. La participación lleva a la organización pues es clave de éxito para la construcción de un buen producto que nace de los diferentes puntos de vista y las diferentes perspectivas de los participantes más activos dentro del proceso de elaboración y diagnostico; por ende es un componente fundamental que entrelaza temas como identidad, acción colectiva, distribución y reconocimiento.
La planeación lleva en sí misma marcado el tema “participativo” ya que parte de afirmar que es posible construir colectivamente el futuro y optar por soluciones que reconozcan la diferencia, con arraigo en la propia cultura; el problema se encuentra cuando esta participación se ve profanada por intereses políticos de unos pocos, hegemonías de poder, clientelismos y demás; variables demasiado intimas en los procesos políticos y en la gestión pública. En este sentido la planeación participativa es un concepto que se maneja en todo debate social y más ampliamente en el ámbito político pues se parte de que logrando vincular a la sociedad civil en lo público se va a lograr una mayor transparencia en los procesos que a este sector le competen en temas de financiación, monetarios y fiscales, en ultimas al vincular todo un tejido social se puede lograr que cada vez más se articulen las necesidades de las diferentes comunidades para así obtener un mayor beneficio social.

La planificación no es entonces una actividad de técnica, sino que es el resultado de tensiones y consensos políticos en un contexto democrático que permite construir tejido y redes sociales, revaloriza el ejercicio de la política, hace que lo público sea realmente público.
El reto entonces de la planeación participativa es ir más allá del requisito formal, debe orientarse hacia procesos de construcción social en donde las alianzas, superen las limitaciones de los espacios formalmente constituidos y del paso hacia el control de la gestión, la veeduría, la evaluación, la rendición de cuentas (no como espectáculo, sino como un espacio real de deliberación e incidencia) y sobretodo de aprendizaje para una ciudadanía más comprometida con su proyecto de desarrollo y con una lectura crítica y propositiva de lo político.

ORGNIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL DESARROLLO LOCAL

ORGNIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL DESARROLLO LOCAL

El desarrollo local parte de los actores afectados a nivel local, de adentro hacia fuera. Por lo tanto, los diversos actores en las comunidades y localidades, deben conjugar fuerzas para avanzar más allá de acciones focalizadas o puntuales, insertadas como parte de de una estrategia compleja y múltiple de intervención social, que en manos de los actores locales se acerque cada vez más a formas autogestivas que consideren la complejidad de las problemáticas y relaciones sociales vividas cotidianamente.
Las organizaciones civiles de las localidades no deben esperar que actores externos intervengan en la solución de sus problemas locales. En ocasiones, estos actores intervienen en las comunidades sin tomarlas en cuenta, rompen equilibrios y distorsionan profundamente la vida cotidiana y las posibilidades de desarrollo local. Para la concepción y transformación de la resolución de las distintas problemáticas, las organizaciones de la sociedad civil no sólo deben representar ciertas demandas, sino que también, de diversos modos, deben convertirse en parte de la resolución de las mismas, autónomamente o en articulación con el Estado u otros actores.
Lo anterior obliga a las organizaciones civiles o a quienes trabajan con el sector, a indagar y analizar sus múltiples facetas, sus variadas expresiones y generar un marco propicio para estimular el desarrollo de sus expresiones, como así también lograr una articulación virtuosa entre los espacios sociales, en particular con el Estado. Esta acción de mediano y largo plazo, implica el desarrollo diversas estrategias, instrumentos y paquetes de intervención en terreno, que ofrezcan pistas y elementos para configurar modelos de intervención a nivel local y regional, enmarcados por formas democráticas de tomar decisiones y asumir responsabilidades de manera colectiva y organizada.
Jaime Andrés Astaíza.

EL EMPODERAMIENTO EN EL DESARROLLO LOCAL

Uno de los interrogantes que se generan al hablar de desarrollo (aislando el confrontamiento teórico alrededor del significado de desarrollo), es particularmente la idea del surgimiento del desarrollo local en un contexto marcado por la globalización. El desarrollo local hace referencia a procesos de desarrollo que se generan en el ámbito de un territorio especifico, entendido como el contexto dentro del cual se generan procesos y acciones de construcción social donde intervienen distintos actores y comunidades y no solo en el netamente físico o geográfico.

Como lo afirma Enrique Gallicchio: “El desarrollo local consiste en crecer desde un punto de vista endógeno, y también obtener recursos externos, exógenos (inversiones, recursos humanos, recursos económicos), así como en la capacidad de control del excedente que se genera en el nivel local” y señala la idea de que la sociedad local debe de cumplir dos condiciones la primera que es de tipo socioeconómica, en donde se da la posibilidad de que los actores dispongan y discutan la generación y uso del excedente económico generado y la segunda de tipo cultural donde los actores deben sentirse pertenecientes al territorio o con identidad (Gallicchio, 2002) . Desde este punto de vista el desafío esta en qué tanto son los actores capaces de utilizar los recursos que pasan, y quedan, en su ámbito territorial, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

De allí surge la importancia del concepto del Actor local, ya que este tiende a ser un agente político, económico, social y cultural generador de propuestas, donde la construcción de ciudadanía como proceso social y cultural que implica un fuerte trabajo en el tejido social hacia el empoderamiento de las personas para reconocer sus necesidades económicas, sociales y culturales y buscar soluciones a éstas. Así, una meta clave en estos procesos de desarrollo local es que las personas y los colectivos sean capaces de moldear sus propios procesos y proyectos de desarrollo y que se hagan activos en estos.

Por Jessica Núñez

¿Quienes son los responsables del resultado de una Política Pública y del desarrollo local?

Existen varias razones por las cuales una Política Pública puede no generar los resultados esperados, razones que pueden encontrarse dentro de cualquiera de las etapas que la conforma – inclusión en la agenda, formulación, implementación, evaluación –Lo cierto es que mucha de la responsabilidad recae sobre los políticos y sobre los funcionarios públicos o burócratas, estos últimos encargados de implementarlas; lamentablemente en la mayoría de los casos dichos funcionarios abusan del poder que les brinda la información que solo ellos manejan, a fin de conseguir sus propios beneficios, de tal forma a la hora de poner en marcha la política toman sus decisiones sobreponiendo sus intereses individuales sobre los colectivos. Lo mismo pasa con los políticos cuyas acciones en la mayoría de los casos siempre van encaminada hacia la maximización de sus votos.
Autores como McKenzie (1999), reconoce que los gobiernos y las burocracias están compuestos de maximizadores individuales de utilidad, cuyos objetivos no siempre son consistentes con el “bienestar público”. A nivel local se hace más evidente este fenómeno, y más aun en una ciudad como Popayán, con una cultura clientelar bastante arraigada, donde los favores políticos se cobran con contratos o con puestos; esta es la razón por la cual se hace muy común ver a personas con perfiles profesionales totalmente diferentes a lo requeridos por los cargos que desempeñan.

Ahora bien, suponiendo que una política esté bien diseñada, ¿será posible hacer que una política genere los resultados esperados teniendo en cuenta que tanto políticos como burócratas son maximizadores individuales de beneficios y más aun sabiendo que la implementación de éstas se realiza por personal no idóneo?

Pero existe un problema todavía más grave, ya que este tipo de ineficiencias afectan de forma directa el desarrollo local. Es claro que una política pública se diseña con el fin de solucionar problemas de todo tipo para poder mejorar las condiciones económicas, sociales, ambientales y hasta políticas, a nivel nacional y local, en este sentido si la política no genera los resultados esperados, dada las ineficiencias institucionales, seria correcto decir que el estancamiento de una región se debe a las acciones ineficientes de los agentes que integran las organizaciones gubernamentales que la conforman.

En este marco de ideas seria lógico pensar que el atraso económico, social, tecnológico etc., que caracteriza a Popayán y al Cauca en general se debe a las acciones ineficientes de la clase política y burócrata de nuestra región, en otras palabras del mercado de intereses particulares que prima en las entidades gubernamentales de la región.

¿Pueden Diseñarse Políticas Públicas para la Democracia?

La respuesta a esta pregunta puede llevarnos por dos caminos. El primero, supone que no, por tanto, las políticas públicas y en particular, la innumerable cantidad de errores que se cometen cuando son implementadas en forma inadecuada, o persiguen objetivos que solo benefician a unos pocos pero le cuestan a muchos, antes que acercarnos a un marco de equidad terminan por alejarnos de los principìos de justicia, democracia, resolución de problemas y ciudadanía. El segundo, supone que si, esto es, el diseño de políticas públicas puede contribuir a crear un tipo de políticas capaz de transformar los valores y las actitudes de los individuos y grupos frente a aspectos como la discriminación, la pobreza, el desempleo o el desplazamiento.

En el primer caso, siguiendo a Wilson (1979), es posible que entre las posibles tipologías de políticas existentes, las políticas redistributivas que distribuyen el costo entre pocos pero los beneficios de las políticas entre muchos -del tipo Familias en Acción- resulten ser políticas clientelistas, que antes que apoyar los procesos de gobernanza o la extensión de las redes sociales promotoras del desarrollo local, terminan por generar desigualdad, competencia entre grupos de interés y desarraigo.

El examen de casos específicos de políticas que se implementan en contextos específicos, puede darnos un punto de referencia de hacia donde dirigir el diseño de las políticas públicas. En este sentido, es importante que nos respondamos: ¿en qué medida poblaciones localizadas en espacios regionales distintos pero que aparentemente tienen una misma identidad terminan viendose afectadas en forma distinta por acciones de intervención del Estado?

La gobernanza local y el desarrollo

… La gobernanza es definida como:
…el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección (Aguilar, 2006: 58). Siguiendo esta definición la gobernanza se aleja del paradigma neoliberal de la eficacia racionalista como eje medular de un buen gobierno y de la planeación rígida como base del desarrollo característico de los regímenes totalitarios, poniendo a la acción de gobernar bien como un proceso dinámico e incluyente.
La gobernanza no es equivalente a gobierno, por lo que no consiste en gobernar, sino que tiene que ver con la forma y las maneras en que una sociedad se organiza y ejerce su propio control, los cuales no tienen que ser necesariamente los establecidos por el gobierno nacional o por los dictados de las reglamentaciones democráticas modernas como el sistema electoral.
La justificación del accionar de la gobernanza radica en el reconocimiento actual de que los gobiernos no son los únicos actores que enfrentan las grandes cuestiones sociales; éstos también son desafíos para las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, que deben interactuar con el sector público.
A través de esa interacción, se forman redes de actores públicos y privados, que intercambian recursos e información, de forma más o menos permanente, para alcanzar objetivos políticos. Esas pautas de interacción pueden adoptar formas diversas: pueden ser de naturaleza intergubernamental, transnacional, o bien adoptar una estructura multinivel en la que intervienen organizaciones supranacionales, nacionales, regionales o locales. Pueden ser redes abiertas, de carácter pluralista en las que la participación es diversa, o redes cerradas y de carácter elitista que limita el acceso a pocos actores.
El hecho es que, desde la perspectiva de la gobernanza, la política importa para el desarrollo humano y, tras muchos años de ilusiones tecnocráticas, se ha llegado a entender que la cooperación al fortalecimiento democrático y al desarrollo humano es ante todo una cooperación política que debe apoyarse en las capacidades técnicas pero sin ser sustituida o anulada por ellas.
Como podemos observar la definición de gobernanza no está plagada de condiciones rígidas como proyecto de gobierno, sino como un proceso dinámico para alcanzar un buen gobierno, con la aspiración de resolver los problemas sociales para mejorar la calidad de vida de sus gobernados.
Esta noción del buen gobierno como proceso dinámico e incluyente es justamente la que interesa al desarrollo local que actualmente se pregona, ya que los desafíos y retos de las localidades son resultado de la interacción de varios actores y factores que son únicos e irrepetibles, es decir cada localidad cuenta con una problemática particular así como con sus potencialidades y fortalezas para hacerles frente.

Tomado de:
MUNICIPIOS, DESARROLLO LOCAL Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL SIGLO
XXI.
Laura Mota Díaz y Pablo Díaz Muñiz
Ra Ximhai septiembre-diciembre, año/Vol.4, Número 3
Universidad Autónoma Indígena de México
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 581-605
http://www.uaim.edu.mx/

Las Redes Sociales y el Desarrollo Local

El desarrollo local puede ser entendido como un proceso de crecimiento y cambio estructural, que se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas bien sea de una ciudad, provincia o región estas potencialidades se pueden circunscribir en el ámbito económico y/o no económico. Más puntualmente el desarrollo local se puede definir como el proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno innovador en el territorio. En este enfoque también se considera la importancia del capital social y los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, técnicos y monetarios, entre otros, que contribuyan a la estrategia local de desarrollo (Pike, 2006). Es por esto que no es desacertado considerar las redes sociales como generadores de desarrollo local. Las redes sociales se pueden definir como sistemas de auto-organización es decir que surgen y se conforman por iniciativa propia, además se caracterizan por su flexibilidad y no responden a jerarquías, además permiten la comunicación trasversal es decir entre diferentes niveles y en diferentes sentidos.

Por otra parte, las redes permiten contrastar ideas y visiones sobre temas globales y complejos que, aunque forman parte del territorio, encuentran su solución en relaciones de poder, en círculos de influencia que van más allá de la frontera territorial o de la órbita pública local. Se pueden encontrar una gran diversidad de redes atribuible tanto a su condición multidimensional (en cuanto a áreas temáticas, objetivos y líneas de acción), a los actores involucrados (socio-territoriales, empresariales, político administrativos o de cooperación internacional), al tipo de intercambios entre éstos, a la articulación entre nodos y demás componentes de la red, así como a la cobertura territorial y el rol identitario determinado por estas variables

La identidad juega un papel fundamental dentro de las redes, y no constituyen un impedimento para la búsqueda del desarrollo local, por el contrario como lo establece José Arocena: “la identidad es una de las dimensiones claves del desarrollo. En ellas se reúne el pasado, el presente y el proyecto en una única realidad interiorizada por el conjunto de miembros de la sociedad; se desarrollan en una realidad cultural en la que se valoran la innovación, el trabajo y la producción; marcan la diferencia”

El desarrollo local supone instituciones locales vigorosas, asociación de intereses, búsqueda de un futuro compartido y diseño de estrategias que permitan el desarrollo local. En este sentido es que toma importancia la construcción de capital social, de allí que el papel de las redes sociales, que no supone actores semejantes, sino diversos, que sean capaces de proponer ideas que apunten hacia la búsqueda de un bien común, la búsqueda de un desarrollo localizado.

Por Gissela Nuñez

Desarrollo Local, Justicia y Políticas Públicas de Reconocimiento y Equidad

Comprender los procesos de desarrollo local de las comunidades en sus distintos entornos espaciales, puede ser una razón suficiente para abordar el análisis de las políticas públicas. Sin embargo, es claro tambien, que a pesar que en muchas ocasiones problemáticas como la pobreza, la discriminación racial, el desaplazamiento, la desnutrición, la inasistencia escolar y el desempleo son identificadas como causas fundamentales de las condiciones de marginación de poblaciones enteras, las políticas públicas que se realizan desde las instituciones del Estado -y a veces tambien desde otras organizaciones- distan mucho de ser las más efectivas para la resolución de dichas problemáticas. Más aún, en ocasiones, algunas de las políticas públicas que se diseñan como mecanismos de resolución no son más que motores del circulo vicioso que mantienen a las poblaciones objetivo sumergidas en las problemáticas a pesar de haber logrado que se pusieran en la agenda pública.

Todo esto hace pensar, que el solo proceso de inclusión en la agenda pública no es suficiente para tener políticas bien encaminadas. Recordemos que el proceso de formulación de las políticas públicas se origina cuando las comunidades reconocen las principales problemáticas que enfrentan, y priorizan o se dan cuenta -en un proceso que no necesariamente es organizado o consciente-, de cuales son las que requieren pronta solución. Una vez reconocidas las demandas sociales, se inician procesos en los cuales la comunidad hace evidente a la sociedad en general, que el problema es un problema que no afecta a unos pocos, sino que es un limitante para el desarrollo local, o lo que es lo mismo, es un problema público. El proceso político que le sigue puede ser de corto o largo aliento, dependiendo de los intereses políticos en juego y la cantidad de redes sociales y vínculos externos que tenga dicha población para lograr que los agentes de política y los funcionarios públicos encargados de hacer el reconocimiento público de la problemática lo hagan, es decir, lo agenden, y finalmente, propongan soluciones a la problemática.

Es claro que el proceso de formulación de las políticas públicas es complejo. Pero ¿qué sucede cuando la población objetivo de tales políticas tiene tales grados de marginación y de desigualdad de oportunidades, que no participa activamente en el proceso de formulación de las políticas públicas? Es probable que aunque la problemática se agende, las soluciones no necesariamente beneficien el desarrollo local de las comunidades -esto es, se evidencie la presencia de outsiders-, o que existan problemas de información o conocimiento de la propia identidad -siguiendo a Bernabou y Tirole (2006), que impiden la reclamación sobre las intervenciones generadas, o el seguimiento y control local de las políticas públicas implementadas. Por lo que parece mejor (ex - ante), el buscar superar las problemáticas identificadas, iniciando con políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades -principios de justicia de Rawls-, la equidad, y el reconocimiento de la propia identidad.

Caminar por una Nueva Etapa

A partir de este momento, iniciamos una nueva etapa en el interior de nuestra Sociedad de Miembros del Seminario en Economía y Políticas Públicas, queremos comprender y entender las distintas visiones que existen desde la economía y otras ciencias sociales del desarrollo local.
¿Cómo podemos contribuir eficazmente al desarrollo de los barrios, municipios y ciudades?
¿Qué tiene la economía para aportar en términos del desarrollo local?
¿Quienes son partícipes de los procesos de desarrollo local?
¿Son las intervenciones de desarrollo local más políticas que económicas?
¿Cómo se asignan los bienes públicos locales?

Te invitamos a que estés atento a estos temas y realices tus comentarios.

foro: los desafios del interes publico local

Se hace la invitacion abierta a toda la comunidad academica de la universidad del cauca y demas instituciones a participar en el foro "los desafios del interes comun" que se realizara en el banco de la republica el dia 8 de abril a las 8 am. se trataran ponencias interesantes acerca de temas de tesis y documentos realizados por los premios nobel del año 2009 Williamson y Ostrom, esperamos su valiosa asistencia.

PERSEPECTIVA DE LOS COSTOS DE TRANSACCION EN WILLIAMSON

Las instituciones plantean aún hoy enigmas e incógnitas sobre su funcionalidad en una economía moderna, sin embargo se puede decir que durante los últimos treinta años ha habido avances y progresos considerables en su estudio. El economista Oliver E. Williamson es uno de los economistas que en épocas contemporáneas más se ha concentrado en su análisis y recomienda que, a la espera de que surja una teoría unificada, se deba más bien aceptar un enfoque plural de las mismas, ya que considera que las instituciones son muy complejas (Enrique A. Bour (FIEL, UBA)). Williamson se propuso aclarar por qué algunas transacciones ocurren en las empresas y no en los mercados, y concluyó que las organizaciones jerárquicas emergen cuando las transacciones son complejas y las partes son interdependientes.

La economía neoclásica por otro lado, no le prestó gran atención a los costos de transacción y a las instituciones. Puesto que fue Ronald Coase quien desarrolló en su artículo de 1937 sobre "La naturaleza de la empresa," el supuesto estándar de que los costos de transacción eran cero que presenta la economía neoclásica, ya que afirmaba que bajo costos de transacción nulos, se llevará a cabo un intercambio eficiente de derechos de propiedad, independiente de la decisión legal. Esta proposición, conocida como el Teorema de Coase, no se cumple cuando se consideran los costos de transacción, la negociación resulta costosa, por lo cual el marco institucional de leyes determinarán la eficiencia de los intercambios. Se pueden resumir los argumentos del Coase así: ante presencia de determinadas externalidades, siempre será posible la consecución de una externalidad óptima, y de un máximo nivel de bienestar. Esto se logrará a través de la negociación. Para ello es necesario que los derechos de propiedad de las distintas partes estén bien asignados y pueden defenderse. Otra condición es que el sistema de precios funcione sin costes y no existan efectos renta, en el marco del equilibrio general.

En concordancia con este planteamiento, Williamson subrayó que el hecho de que las transacciones se organicen dentro de una empresa o entre empresas autónomas es una variable de decisión y que la forma seleccionada va a depender de los costos de transacción de cada alternativa, lo que a su vez implica tener presente los atributos observables de la transacción, los factores de comportamiento causantes de la aparición de las fricciones transaccionales y la incidencia de estas últimas en las estructuras institucionales.

EL CAPITAL SOCIAL Y LAS INSTITUCIONES

El primer uso del concepto de capital social se remonta a un escrito de G. Loury, escrito prácticamente ignorado por la comunidad de las ciencias sociales, publicado como capitulo de un libro en 1977 y citado, casi a título de curiosidad arqueológica, por Colman.
El Francés Bourdieu le dio carta de ciudadanía en 1980, él lo entendía como aquel residuo, atribuible a las conexiones personales de un individuo y a su pertenencia a un grupo, que explican su éxito económico y social superior al de las personas con comparables niveles de capital cultural y físico.
Por lo tanto el capital social puede ser visto como la capacidad de los individuos para asociarse en grupos y alcanzar objetivos comunes; además esto depende del grado en que los integrantes de una comunidad confían unos en otros, igualmente de los valores y normas que comparten. Es así como el capital social contribuye a fortalecer los actores y redes sociales (sociedad civil), por tanto facilita un sistema transparente y eficiente en la gestión pública del Estado.
El capital social puede considerarse como un factor clave para el fortalecimiento de la democracia, al contribuir al crecimiento institucional y promover el desarrollo con equidad e inclusión social.
Ahora bien es importante, reconocer como lo menciona Putman que “el contexto social y la historia condicionan profundamente el desempeño de las instituciones”. Esto se debe pues a que las normas compartidas y la participación cívica apoyan el crecimiento económico y permiten que las instituciones públicas sean más eficientes por el hecho de que el comportamiento oportunista está inhabilitado y la participación de la ciudadanía al igual que la existencia de redes cívicas son factores claves que influyen de manera positiva para la transparencia y eficacia de las instituciones públicas.

LAS INSTITUCIONES PARA LA ACCION COLECTIVA.

LAS INSTITUCIONES PARA LA ACCION COLECTIVA.
Es necesario destacar, que las razones para la persistencia y universalidad de los problemas sociales no debe buscarse solamente en argumentos de tipo económico, sino que se debe contemplar otras dimensiones, entre las que se encuentra, los mecanismo de decisión y acción colectiva que las sociedades construyen y administran para prevenir y/o resolver problemas de interés común. En este aspecto Acquatella (2003) resalta que “Los mecanismo de decisión y acción colectiva, toman la forma concreta de un conjunto de instituciones, organizaciones y políticas públicas (IOPP) que componen una infraestructura cuyas partes guardan evidentes interdependencias mutuas pero que admiten ser tratadas y analizadas largamente por separado.” Bajo este esquema, en cada uno de estos componentes es común que se presenten problemas en el diseño e implementación.
Lo anterior, es motivo para que los países estén preparados para introducir correcciones y adaptaciones que los rápidos cambios en el entorno en que operan, hacen necesarias. La superación de tal situación requiere revisar a fondo el diseño y funcionamiento de los medios creados por la propia sociedad para atender necesidades colectivas y resolver problemas de interés común. Para esto se hace necesario contar con un marco conceptual que permita abordar analíticamente las complejidades y posibles imperfecciones de diseño y de operación de la infraestructura del conjunto de las instituciones, organizaciones y políticas públicas. Teniendo presente, no solo las que tienen responsabilidad directa sobre los objetivos y metas, sino también, las vinculadas a otros sectores del ámbito publico, cuyo accionar puede provocar de manera probablemente inadvertida e involuntaria, externalidades negativas para dichos objetivos.

El Enfoque del Actor Racional y El Enfoque de la Racionalidad Limitada

La ciencia política surgió de la ‘teoría de la decisión’, que estuvo referida a la optimización de todos los efectos de las decisiones y al cálculo de los costos y beneficios vinculados a esas decisiones. La ciencia política se centró en el comportamiento de un actor (racional) que alcanzaría una decisión en una situación de estar completamente informado y con una jerarquización clara y completa de la preferencia (Braybrooke y Lindblom, 1963). Por supuesto, este modelo surgió de la economía. No sorprende que Lindblom incluya la economía del bienestar en su crítica al enfoque del actor racional o, como él lo llamó, el ‘modelo sinóptico’. En el enfoque del actor racional, el tomador de decisiones aspira a un ‘escudriñamiento sistemático de todas las políticas posibles, para un análisis sistemático similar de las consecuencias de cada alternativa posible, y para una opción de política que sirva a las metas u objetivos establecidos de alguna forma separadamente’ (Braybrooke y Lindblom, 1963:38). El modelo del actor racional asume que los procesos de las políticas suceden en fases (formulación de la política, decisión e implementación), basado en una visión en la que el tomador de decisiones primero analiza el problema y las alternativas y luego toma una decisión racional acerca de cuál opción deberá escoger.

El enfoque racional, fue fuertemente atacado en los cuarenta y cincuenta por académicos destacados como Simon y Lindblom, quienes preferían un enfoque que pudiera ser denominado ‘de racionalidad limitada’. Enfatizaron en la imposibilidad de una situación con información completa. El análisis completo de los problemas no es posible ni deseable, dados el costo de la información y la limitación de oportunidades disponibles para que los tomadores de decisiones procesen toda esa información (Lindblom, 1979:518). Los procesos de políticas son impredecibles debido a la información incompleta y los valores ambiguos (Braybrooke y Lindblom: 1963:23.31). A pesar de que la crítica de analistas como Simon y Lindblom es fuerte y convincente, no afecta la esencia del modelo clásico del actor racional, esto es, la suposición de que los procesos de políticas pueden ser dirigidos por la perspectiva de un solo actor, o al menos ser interpretados desde ésta. Parte de la literatura de la implementación (Pressman y Wildavsky, 1983) y la mayor parte de la literatura sobre instrumentos de políticas (Hood, 1983; De Bruijn y Hufen, 1992), se incluyen en este enfoque de racionalidad limitada.

Un nuevo enfoque de la política por procesos representaba, sin embargo, una ruptura con el tradicional enfoque de decisión. En los setenta varios enfoques teóricos conceptualizaron los primeros rasgos de un acercamiento de proceso hacia la política pública: por ejemplo el modelo de la política gubernamental de Allison (1971), las teorías de la construcción de agenda de autores como Cobb y Elder (1983) y el enfoque de interacción de Lindblom (Lindblom y Cohen, 1979). En todas estas teorías, la política pública es el resultado de la interacción entre varios actores que intentan influenciar el proceso político en una dirección favorable a sí mismos. Lindblom, cuyo trabajo muestra un cambio de un enfoque de racionalidad limitada (Braybrooke y Lindblom, 1963) hacia un enfoque de proceso (Lindblom y Cohen, 1979), escribe que ‘un resultado puede surgir de la interacción entre los tomadores de decisiones, cada uno de los cuales está en busca de soluciones a sus propios problemas más que a un problema manifiesto’ (Lindblom y Cohen, 1979:34).

LA DESCENTRALIZACION Y EL DESARROLLO LOCAL

En su concepción básica, la descentralización es un proceso que está soportado en el trípode de lo político, lo administrativo y lo fiscal, con miras a fortalecer las estructuras territoriales subnacionales. Descentralizar lleva a pensar en entrega de poder, en autonomía de decisión y de control de recursos, y en mayores responsabilidades y competencias de regiones y localidades, de manera que pueda potenciarse la interacción y acercamiento entre el Estado y sus comunidades.
Los diferentes niveles y énfasis de descentralización permitirían hablar, entonces, de un Estado próximo o lejano. Ahora, con un Estado próximo o más descentralizado, se viabilizan los procesos de construcción de ciudadanía y se incide claramente en el grado de compromiso con el interés general y colectivo.
La dimensión y el alcance político, económico e institucional que posee la descentralización, exigen asumirla como parte de un complejo proceso de reforma, adecuación y modernización integral del Estado. El fortalecimiento de la sociedad civil y la acumulación del capital social, resultan afines a la descentralización.
La descentralización contribuye a promover el desarrollo local, democratizando los procesos sociales, aumentando la participación popular y reduciendo la injusticia social, aunque no ha sido suficiente para generar un desarrollo ampliamente difundido e igualitario en todo el territorio.

Las crecientes desigualdades sociales en el país han motivado la definición e implementación de una amplia gama de políticas públicas, en donde la descentralización se ha perfilado como uno de los paradigmas claves para contrarrestar las tendencias desestabilizadoras de nuestro orden social. La descentralización ha sido alternativamente una estrategia para responder a las nuevas exigencias del mundo global, y de cierta forma un mecanismo para legitimar al Estado en crisis.

Consolidarla y constituirla en estrategia central para alcanzar la autonomía y el desarrollo territorial, es el reto colectivo que se tiene hacia el futuro.

Aunque se ha avanzado en materia de descentralización, aún persisten iniquidades territoriales y desequilibrios en todo el territorio. Algunos de los problemas más sentidos obedecen a la planificación sectorial sin un claro referente territorial, alto deterioro en la calidad de vida poblacional, concentración del desarrollo en grandes aglomeraciones, promulgación de políticas homogéneas para un territorio diverso y heterogéneo, marcada exclusión social, conflictos de competencias entre instituciones de diferentes niveles territoriales, desajustes en las finanzas nacionales y territoriales, y recrudecimiento de los conflictos sociales y políticos, entre otros.

Así las cosas, la descentralización podría llegar a impulsar el desarrollo local, motivando la acción colectiva y generando capital social, que se traduciría en políticas mejor enfocadas y con más aplicabilidad, políticas impulsadas por la propia comunidad.
Lamentablemente, la cultura del subsidio – impulsada por el gobierno, actuando como Estado Paternalista – ha impedido que la población desarrolle su capacidad de acción colectiva, estancando de esta forma el desarrollo de las comunidades.

Lista de Lecturas Introductorias a la Nueva Economía Institucional

Esta lista tomada de http://www.coase.org/ muestra un conjunto de documentos clásicos obligados en la consulta del investigador (a), básicos para la restructuración de cualquier marco teórico que trate el tema, recomiendo su lectura y discusión.


Overview
Eggertsson, Thrainn, Economic Behavior and Institutions, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Furubotn, Eirik G. and Rudolf Richter, Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1997.

Menard, Claude and Shirley, Mary M., eds, Handbook of New institutional Economics, Dordrecht: Springer, 2005.


Transaction Cost Perspective
Coase, Ronald, " The Nature of The Firm ," Economica, November 1937, pp. 386-495. Reprinted in Boulding, Kenneth, Readings in Price Theory, 1952, pp. 331-351;
and in Coase, R. H., The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press, 1988, pp. 33-55; and in Williamson, O. and Winter, S., eds., The Nature of the Firm: Origins, Evolution and Development, Oxford University Press, 1991.

Coase, Ronald, "The Problem of Social Costs," Journal of Law and Economics, October 1960, pp. 1-44. Reprinted in Henry G. Manne, ed., The Economics of Legal Relationships, West Publishing, 1975; and in Breit, W., Hochman, H., and Saueracker E., Readings in Microeconomics, Times Mirror Publishing, 1986, pp. 414-440; and in Coase, R. H., The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press, 1988.

Coase, Ronald, "How Should Economists Choose?", the G. Warren Nutter Lectures in Political Economy, published by the American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1982. Reprinted in Coase, R.H., Essays on Economics and Economists, The University of Chicago Press, 1994, pp. 15-33.

Coase, Ronald H., The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press, 1988.

Alchian, Armen A. and Demsetz, Harold, “Production, Information Costs, and Economic Organization,” American Economic Review 62:5 (December 1972), pp. 777-795.

Ostrom, Elinor, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990

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Historical and Political Economy Perspective
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