Según el Departamento Nacional de Planeación (2009), el proyecto de desarrollo de cada uno de los territorios es el resultado de su proceso de autonomía territorial, en la búsqueda de las herramientas necesarias para impulsar mediante la democracia local, el desarrollo regional, visible a nivel social, político y económico.
El desarrollo territorial comprende la interacción de diferentes aspectos para lograr las transformaciones deseadas a nivel de cada ente territorial. En tal sentido, como lo propone Baena et al (2006), es necesario a la hora de formular un plan de desarrollo incluir las dimensiones Económica, Social, Ambiental e Institucional.
Dentro del análisis económico, el eje que articula la dinámica de tal desarrollo es la producción, por consiguiente se debe tener en cuenta la estructura de la producción, su sostenibilidad y la forma en que se distribuye el producto obtenido entre los habitantes de la región.
Sin embargo, debido al alto nivel de dependencia de las transferencias, la escasa generación de ingresos propios, el déficit fiscal vigencia tras vigencia y la corrupción, los gobiernos territoriales a la hora de asumir la prestación de los bienes y servicios que por mandato constitucional tienen a su cargo, deben recurrir al endeudamiento. Tal mecanismo de financiación, se constituye en una limitación para el desarrollo de los entes de carácter territorial, debido a que el pago de los montos adeudados y de los intereses sobre esta deuda, impide la destinación de mayores recursos para la inversión social y por tanto se torna más difícil hacer frente a los diversos problemas públicos que se presentan en las entidades territoriales, relacionados con la educación, la salud, la vivienda, el desempleo, la indigencia y el medio ambiente, entre los más importantes. De modo, que se disminuye la calidad y cobertura de los servicios públicos que deben ser prestados por la entidad territorial, traduciéndose esto en un debilitamiento de las condiciones de vida de la población.
También se puede decir, que la deuda pública y el pago de sus intereses no permite destinar los recursos necesarios para invertir en los sectores más productivos de cada región, que potencialmente generan mayores niveles de empleo, fortalecimiento de la oferta y aumento en el consumo de los bienes producidos por las empresas de las entidades territoriales.
Las autoridades locales desde el comienzo del proceso descentralizador, asumieron y reprodujeron restricciones a la inversión y a la política social en el nivel local, esto sumado al endeudamiento territorial, ocasionó que a pesar de las políticas de focalización ejecutadas para reducir la pobreza en el País, no se apreciara una mejora sustancial en las variables que miden la pobreza. Por el contrario fue notorio su deterioro; el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) presenta una mejoría constante desde 1973, año en el que siete de cada diez personas tenían una o más necesidades básicas insatisfechas, mientras en 1993 cuatro de cada diez personas estaban en tal situación, en los años posteriores, hasta el 2008 el panorama no varió mucho, pues aproximadamente entre dos y tres personas no tenían satisfechas sus necesidades básicas.
Al contrario de las bondades que se le atribuían en un principio a las reformas económicas, estas beneficiaron a unos pocos mientras que una gran parte de la población, vio empeorar sus condiciones de vida.
“El índice de línea de pobreza (LP) pasó de 53,8% en 1991 a 50,3% en 1997, y posteriormente a 59, 8 en el 2000. En 2003, el 64,2% de los colombianos eran pobres adicionalmente “no solo han aumentado los pobres, sino que estos son cada vez más pobres. La brecha de pobreza, que mide la distancia relativa entre el ingreso promedio de los pobres y el valor de la LP, se incrementó de 0,437 en 1997 a 0,542 en 2003” (Contraloría, 2004:43). En cuanto a la indigencia, el porcentaje se incrementa de 19,7% en 1999 a 23,4% en 2000”. (UNEB, 2005: 164)
En el caso de la salud, el principal objetivo de la política social era el fortalecimiento de la cobertura y la calidad, sin embargo el incremento del gasto social en salud y el nuevo modelo de aseguramiento que incluye la ley 100 de 1993, no se han traducido en mejores y mayores niveles de atención.
Es de resaltar la grave situación financiera de los hospitales públicos en su conjunto, llamada “crisis hospitalaria”, la cual muestra que la capacidad de los mismos, para cumplir con los requerimientos de cobertura y calidad se ve limitado porque los ingresos transferidos desde el Gobierno Central y los territoriales, no son suficientes para cubrir los gastos necesarios que garanticen su óptimo funcionamiento, como lo son el pago de nóminas a los médicos y demás empleados, la compra de medicamentos, la atención de los ciudadanos y el mantenimiento de equipos e instalaciones.
Además, los recursos desde los demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), no son girados a tiempo como consecuencia de la misma lógica del Sistema de Seguridad Social, porque a pesar de que sigan transfiriendo recursos a las entidades del sector, estos no llegan finalmente a las mismas, sino que se destinan a los intermediarios (financieros) del sistema.
Se pretende que por medio del cobro de los servicios prestados, el sistema de salud a nivel local sea sostenible; esto conduce a una mayor inequidad en la atención de la población. De esta manera, se configura una política social pro-cíclica que reproduce las desigualdades y las condiciones de exclusión y concentración del ingreso, aún en lo relacionado con los derechos fundamentales que debe garantizar un Estado social de derecho. (UNEB, 2005: 171)
Igualmente, los Departamentos tienen una gran obligación, ya que a diario son demandados por la atención, medicamentos, tratamientos y operaciones que no cubre el sistema de salud o que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo (POS), el cual es el conjunto básico de servicios de salud que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), deben prestar a sus afiliados.
En lo referente a la educación, lo primero que se debe considerar es que ésta se constituye en un factor fundamental para el desarrollo económico y social, por consiguiente el endeudamiento territorial y las medidas y leyes propuestas para contrarrestarlo, van en detrimento del desarrollo, al dar prioridad a otro tipo de gastos y restringir la inversión en este sector.
“El panorama de la educación en Colombia, visto a través de las tasas de deserción (6,7% en 1999), repitencia y reprobación (la tasa de aprobación cayó de 86% en 1998 a 83,7% en 2000), es preocupante. Las condiciones que debe cumplir el sistema educativo para reducirlas es responsabilidad del Gobierno Central y de los Gobiernos territoriales. La problemática de cada instancia de gobierno, así como las mismas metas fundamentales que se han planteado en el ejercicio de la política económica y social, se ven reflejados en el fracaso escolar”. (UNEB, 2005; 175).
No obstante, según información del Ministerio de Educación Nacional, a partir del año 2000, es notoria la tendencia a la disminución de las tasas de deserción escolar como muestra del esfuerzo que desde el Gobierno Nacional se ha realizado para ampliar la cobertura de este servicio y a la vez reducir la deserción, inasistencia y repitencia escolar, desde diversos programas y campañas, ejemplo de ello es la campaña “Ni uno menos”, con la cual, de acuerdo a la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, ha logrado que la tasa de deserción estudiantil en los colegios públicos se reduzca.
Según la Encuesta de Calidad de Vida (2003), la principal causa de inasistencia de estudiantes de 5 a 17 años, es la falta de recursos económicos, mientras para los jóvenes entre 12 y 17, es la dificultad de combinar el estudio con el trabajo o con responsabilidades en el hogar.
Esto se puede atribuir por una parte a la incapacidad de los gobiernos subnacionales para asumir el manejo de los fondos educativos regionales, a la disminución de las transferencias para la educación, pero también a las condiciones sociales y de pobreza de los Colombianos, que se supone son responsabilidad de los Departamentos como unidades subnacionales encargadas de la administración de los asuntos seccionales y de la planificación y promoción del desarrollo económico y social, dentro de su territorio.
En una parte significativa del territorio Colombiano, la calidad de los servicios es deficiente, esto debido a que los ingresos de los entes territoriales son escasos por la reducción de las transferencias del gobierno central y su incapacidad para generar recursos propios, además porque estos se destinan a otro tipo de gastos, que por su situación financiera y de sostenibilidad fiscal deben atender. Entonces, se presentan los casos en los que los recursos son insuficientes para cubrir la construcción de plantas de tratamiento de agua, rellenos sanitarios seguros y salubres para la población, sistemas adecuados para el vertimiento de las aguas residuales así como para recolectar las basuras periódicamente y garantizar la prestación permanente de los servicios de energía y acueducto.
Finalmente, es posible afirmar que conforme el proceso de descentralización se fortalecía, las entidades territoriales en la década de los noventa, se vieron enfrentadas a limitaciones en cuanto a la posesión de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones asignadas constitucionalmente, debido entre otras cosas, al débil sistema tributario local, la dependencia de las transferencias de la Nación que no fueron suficientes y los altos niveles de corrupción y politiquería. Lo que en últimas condujo al endeudamiento de los entes territoriales, reproduciendo restricciones a la inversión y a la política social a nivel local, que permitía generar impactos positivos en pro del desarrollo regional y la mejora de la calidad de vida de la población, en tanto la educación, la salud y el acceso a servicios públicos son factores fundamentales para el desarrollo económico y social, que permiten avanzar hacia la construcción de estructuras económicas locales solidas, en condiciones de equidad para toda la sociedad.
El desarrollo territorial comprende la interacción de diferentes aspectos para lograr las transformaciones deseadas a nivel de cada ente territorial. En tal sentido, como lo propone Baena et al (2006), es necesario a la hora de formular un plan de desarrollo incluir las dimensiones Económica, Social, Ambiental e Institucional.
Dentro del análisis económico, el eje que articula la dinámica de tal desarrollo es la producción, por consiguiente se debe tener en cuenta la estructura de la producción, su sostenibilidad y la forma en que se distribuye el producto obtenido entre los habitantes de la región.
Sin embargo, debido al alto nivel de dependencia de las transferencias, la escasa generación de ingresos propios, el déficit fiscal vigencia tras vigencia y la corrupción, los gobiernos territoriales a la hora de asumir la prestación de los bienes y servicios que por mandato constitucional tienen a su cargo, deben recurrir al endeudamiento. Tal mecanismo de financiación, se constituye en una limitación para el desarrollo de los entes de carácter territorial, debido a que el pago de los montos adeudados y de los intereses sobre esta deuda, impide la destinación de mayores recursos para la inversión social y por tanto se torna más difícil hacer frente a los diversos problemas públicos que se presentan en las entidades territoriales, relacionados con la educación, la salud, la vivienda, el desempleo, la indigencia y el medio ambiente, entre los más importantes. De modo, que se disminuye la calidad y cobertura de los servicios públicos que deben ser prestados por la entidad territorial, traduciéndose esto en un debilitamiento de las condiciones de vida de la población.
También se puede decir, que la deuda pública y el pago de sus intereses no permite destinar los recursos necesarios para invertir en los sectores más productivos de cada región, que potencialmente generan mayores niveles de empleo, fortalecimiento de la oferta y aumento en el consumo de los bienes producidos por las empresas de las entidades territoriales.
Las autoridades locales desde el comienzo del proceso descentralizador, asumieron y reprodujeron restricciones a la inversión y a la política social en el nivel local, esto sumado al endeudamiento territorial, ocasionó que a pesar de las políticas de focalización ejecutadas para reducir la pobreza en el País, no se apreciara una mejora sustancial en las variables que miden la pobreza. Por el contrario fue notorio su deterioro; el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) presenta una mejoría constante desde 1973, año en el que siete de cada diez personas tenían una o más necesidades básicas insatisfechas, mientras en 1993 cuatro de cada diez personas estaban en tal situación, en los años posteriores, hasta el 2008 el panorama no varió mucho, pues aproximadamente entre dos y tres personas no tenían satisfechas sus necesidades básicas.
Al contrario de las bondades que se le atribuían en un principio a las reformas económicas, estas beneficiaron a unos pocos mientras que una gran parte de la población, vio empeorar sus condiciones de vida.
“El índice de línea de pobreza (LP) pasó de 53,8% en 1991 a 50,3% en 1997, y posteriormente a 59, 8 en el 2000. En 2003, el 64,2% de los colombianos eran pobres adicionalmente “no solo han aumentado los pobres, sino que estos son cada vez más pobres. La brecha de pobreza, que mide la distancia relativa entre el ingreso promedio de los pobres y el valor de la LP, se incrementó de 0,437 en 1997 a 0,542 en 2003” (Contraloría, 2004:43). En cuanto a la indigencia, el porcentaje se incrementa de 19,7% en 1999 a 23,4% en 2000”. (UNEB, 2005: 164)
En el caso de la salud, el principal objetivo de la política social era el fortalecimiento de la cobertura y la calidad, sin embargo el incremento del gasto social en salud y el nuevo modelo de aseguramiento que incluye la ley 100 de 1993, no se han traducido en mejores y mayores niveles de atención.
Es de resaltar la grave situación financiera de los hospitales públicos en su conjunto, llamada “crisis hospitalaria”, la cual muestra que la capacidad de los mismos, para cumplir con los requerimientos de cobertura y calidad se ve limitado porque los ingresos transferidos desde el Gobierno Central y los territoriales, no son suficientes para cubrir los gastos necesarios que garanticen su óptimo funcionamiento, como lo son el pago de nóminas a los médicos y demás empleados, la compra de medicamentos, la atención de los ciudadanos y el mantenimiento de equipos e instalaciones.
Además, los recursos desde los demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), no son girados a tiempo como consecuencia de la misma lógica del Sistema de Seguridad Social, porque a pesar de que sigan transfiriendo recursos a las entidades del sector, estos no llegan finalmente a las mismas, sino que se destinan a los intermediarios (financieros) del sistema.
Se pretende que por medio del cobro de los servicios prestados, el sistema de salud a nivel local sea sostenible; esto conduce a una mayor inequidad en la atención de la población. De esta manera, se configura una política social pro-cíclica que reproduce las desigualdades y las condiciones de exclusión y concentración del ingreso, aún en lo relacionado con los derechos fundamentales que debe garantizar un Estado social de derecho. (UNEB, 2005: 171)
Igualmente, los Departamentos tienen una gran obligación, ya que a diario son demandados por la atención, medicamentos, tratamientos y operaciones que no cubre el sistema de salud o que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo (POS), el cual es el conjunto básico de servicios de salud que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), deben prestar a sus afiliados.
En lo referente a la educación, lo primero que se debe considerar es que ésta se constituye en un factor fundamental para el desarrollo económico y social, por consiguiente el endeudamiento territorial y las medidas y leyes propuestas para contrarrestarlo, van en detrimento del desarrollo, al dar prioridad a otro tipo de gastos y restringir la inversión en este sector.
“El panorama de la educación en Colombia, visto a través de las tasas de deserción (6,7% en 1999), repitencia y reprobación (la tasa de aprobación cayó de 86% en 1998 a 83,7% en 2000), es preocupante. Las condiciones que debe cumplir el sistema educativo para reducirlas es responsabilidad del Gobierno Central y de los Gobiernos territoriales. La problemática de cada instancia de gobierno, así como las mismas metas fundamentales que se han planteado en el ejercicio de la política económica y social, se ven reflejados en el fracaso escolar”. (UNEB, 2005; 175).
No obstante, según información del Ministerio de Educación Nacional, a partir del año 2000, es notoria la tendencia a la disminución de las tasas de deserción escolar como muestra del esfuerzo que desde el Gobierno Nacional se ha realizado para ampliar la cobertura de este servicio y a la vez reducir la deserción, inasistencia y repitencia escolar, desde diversos programas y campañas, ejemplo de ello es la campaña “Ni uno menos”, con la cual, de acuerdo a la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, ha logrado que la tasa de deserción estudiantil en los colegios públicos se reduzca.
Según la Encuesta de Calidad de Vida (2003), la principal causa de inasistencia de estudiantes de 5 a 17 años, es la falta de recursos económicos, mientras para los jóvenes entre 12 y 17, es la dificultad de combinar el estudio con el trabajo o con responsabilidades en el hogar.
Esto se puede atribuir por una parte a la incapacidad de los gobiernos subnacionales para asumir el manejo de los fondos educativos regionales, a la disminución de las transferencias para la educación, pero también a las condiciones sociales y de pobreza de los Colombianos, que se supone son responsabilidad de los Departamentos como unidades subnacionales encargadas de la administración de los asuntos seccionales y de la planificación y promoción del desarrollo económico y social, dentro de su territorio.
En una parte significativa del territorio Colombiano, la calidad de los servicios es deficiente, esto debido a que los ingresos de los entes territoriales son escasos por la reducción de las transferencias del gobierno central y su incapacidad para generar recursos propios, además porque estos se destinan a otro tipo de gastos, que por su situación financiera y de sostenibilidad fiscal deben atender. Entonces, se presentan los casos en los que los recursos son insuficientes para cubrir la construcción de plantas de tratamiento de agua, rellenos sanitarios seguros y salubres para la población, sistemas adecuados para el vertimiento de las aguas residuales así como para recolectar las basuras periódicamente y garantizar la prestación permanente de los servicios de energía y acueducto.
Finalmente, es posible afirmar que conforme el proceso de descentralización se fortalecía, las entidades territoriales en la década de los noventa, se vieron enfrentadas a limitaciones en cuanto a la posesión de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones asignadas constitucionalmente, debido entre otras cosas, al débil sistema tributario local, la dependencia de las transferencias de la Nación que no fueron suficientes y los altos niveles de corrupción y politiquería. Lo que en últimas condujo al endeudamiento de los entes territoriales, reproduciendo restricciones a la inversión y a la política social a nivel local, que permitía generar impactos positivos en pro del desarrollo regional y la mejora de la calidad de vida de la población, en tanto la educación, la salud y el acceso a servicios públicos son factores fundamentales para el desarrollo económico y social, que permiten avanzar hacia la construcción de estructuras económicas locales solidas, en condiciones de equidad para toda la sociedad.
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