EL INTIRNCADO CAMINO DE LA CONFIANZA Y LA LEY EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: CONNOTACIONES MORALES DE LA INTEMPERANCIA DEL DERECHO POSITIVO.
Por: Raúl Cortés Landázury*
Entre la tradición burocrática y la pluralista, de la nueva gobernanza, la administración publica, se debate en un sugestivo transe con profundas implicaciones tanto para la teoría y la practica de la administración publica, como para el desenvolvimiento del estudio de las políticas públicas y las reformas del gobierno1 .Desde la teoría de la política publica autores como Sabatier y Mazmanian (1999), y Van Meter y Van Horn (1975) se ha insistido en que los problemas de la implementación de políticas publicas dependen de factores como las normas, los objetivos, los recursos y la comunicación.
Como la implementación comporta, para las primeras, acciones efectuadas por los individuos y grupos (públicos o privados) con miras a realizar objetivos previamente definidos (Van Meter y Van Horn1999), una de las falencias protuberantes de los recientes análisis de políticas públicas es la no explicación del proceso de conversión de las decisiones en acciones o servicios públicos. Mientras que para Sabatier y Mazamanian (1999) el problema radique en identificar los factores que condicionan el logro de los objetivos normativos a lo largo de todo el proceso.
Centrándonos en esta última perspectiva, los estudios de esta naturaleza, aconsejan abordar aspectos como la tratabilidad, la capacidad del estatuto para estructurar el proceso y el efecto neto de las variables políticas. Así por ejemplo, en el primer caso, se vuelve importante determinar la disponibilidad de teorías y tecnologías probadas, la diversidad de comportamientos en el grupo objetivo y la magnitud de las modificaciones comportamentales requeridas2.
Sin embargo, una mejor definición del imperativo legal que caracteriza el segundo punto, en su relación con la racionalidad-burocrática frente al imperativo concensual y los cambios de comportamiento, le hubiera venido bien a este análisis, que aunque retoma en muchas oportunidades el papel de la ley en los procesos de ejecución e intervención social, no logran enlazar de manera convincente su vinculo con la Gobernabilidad y legitimidad del Regímen de gobierno y del sistema político.
Particularmente el papel de la ley como condición necesaria para la correcta aplicación de lo que dicta la formulación de la política publica, tiene serias implicaciones en el campo de la nueva economía institucional y en las prácticas de la administración publica en los llamados “países emergentes” ávidos de recetas institucionales Pero yendo más atrás, dentro de las teorías políticas liberales iusnaturalistas, el asunto se había enfrentado argumentando la connotación de la ley como el resultado del ejercicio racional de los seres humanos para regular sus comportamientos, tal cual el orden que la naturaleza impone. En efecto, el ejercicio de la “sin razón” lo antinatural, se previene con el reglamento. Pero vale notar como derivación de este comportamiento, el rol de la moral previa que se soporta en la deliberación sobre lo malo que podría venir y la consiguiente anticipación de ello, bajo el despliegue del derecho positivo. Es más, desde las posturas neomarxistas, como la de herencia Habermasiana, la razón comunicativa antecede a la ley, cosa que la persuasión y el acuerdo de hombres y mujeres libres al celebrar contratos se convierte en una condición previa moral al protagonismo del derecho; de manera que el acuerdo sobre la base de la confianza mínima (activo publico), está por encima de la connotación negativa, punitiva que transmite simbólicamente la ley. Pero dada la complejidad de los procesos sociales, como los de la implementación, desde la economía institucional se ha explorado una beta importante alrededor del análisis económico del derecho, basándose en las externalidades de la celebración de los contratos que desciende del teorema de Coase.
Cabe entonces preguntarse ¿Cuál es el papel del derecho en los ejercicios de intervención pública? ¿El predominio del derecho positivo asegura la cohesión social y la legitimidad del sistema político? Bajo una rotula como la antes comentada, se parte de una connotación negativa de la persuasión y la acción comunicativa, de forma que nace manida la deliberación y la confianza como mecanismo de coordinación social. En cambio, la hegemonía de los cálculos racionales y la desconfianza se impone a la intemperancia del derecho positivo.
Siendo así, el derecho se convierte en el antecedente-no consecuente- del dialogo racional y un instrumento de dominación punitivo, donde quien desconoce la ley queda al garete de quien se apropia de ella. De esta manera, lo que en otrora representara el respeto del orden natural, se “normaliza” y se “instrumentaliza” poniéndose al servicio de grupos de poder, entre los que se encuentra la burocracia, uno de los últimos eslabones del proceso de implementación.
Lo interesante de este asunto, es como la exacerbación de la ley y el derecho positivo, más allá de facilitar desarrollo de la coordinación social, como lo plantearon los filósofos liberales, corroe la confianza y la racionalidad comunicativa, cuestión que en los países subdesarrollados lejos de ser un vehiculo para dinamizar la actividad económica y el panorama político se ralentiza, cuando la “inflación legal” destruye el pegamento colectivo incrementando los costos de transacción y alentando incurrir en “la tragedia de los comunes” y el “dilema del prisionero”. De esta manera lo “antinatural” se convirtió en lo “normal”.
BIBLIOGRAFÍA
Meter, D. V. and C. E. V. Horn (1975 ). "The policy implementation process: a conceptual framework
88." Administration and Society 6 (4 ): 445-488.
Sabatier, P. and D. Mazmanian (1980). "The implementation of public policy: a framework of analys."
, January 1980 8(4): 538–560.

Sobre Contrariedades y Oportunidades

Si  la década de los ochenta fue la década perdida para América Latina, y los noventas una década de luces y sombras, la pasada década ha sido denominada por la Comisión Económica Para América Latina –CEPAL- como la década de las oportunidades.

Sin lugar a dudas el aumento en la internacionalización de América Latina, la ampliación de tratados comerciales, la mayor integración comercial con el resto del mundo, el crecimiento de las exportaciones y la estabilidad macroeconómica han permitido que América Latina se encuentre ante un panorama de oportunidades que para muchos autores solo podrá hacerse realidad si se elimina uno de los mayores frenos para el crecimiento y la productividad: el rezago en infraestructura, puesto que el dinamismo comercial no podrá ser sostenible si no existe la adecuada infraestructura que lo acompañe e incentive (Lucioni, L., 2009).

La carencia de infraestructura no le permite a los países emergentes y en desarrollo aproximarse a su nivel de crecimiento del PIB potencial de largo plazo y elevar sus niveles de productividad y competitividad. La relación positiva entre infraestructura y crecimiento económico ha sido evidenciada tanto teórica como empíricamente en forma suficiente (Aschauer, 1998; Calderon y Serves, 2010). Por  tal razón, el rezago o carencia de infraestructura se convierte en una de las barreras principales para el crecimiento económico, además, que constituye un factor de permanencia de las asimetrías regionales y un límite para el desarrollo económico local en cuanto la infraestructura “condiciona y se adelanta en el tiempo a las inversiones privadas en otros sectores”[1] Para la actividad empresarial el rezago de infraestructura pública eleva los costos de electricidad y los costos de transporte terrestre, así como limita y encarece el acceso a puertos.

De acuerdo a los datos de Calderon y Serves (2010) en el cuadro 1, América Latina tiene los peores indicadores a nivel mundial en términos de infraestructura de telecomunicaciones, carreteras rurales, electricidad, agua potable y alcantarillado con respecto a cualquier otra región del mundo.

Tan solo el 46.6% de los hogares en América Latina tienen acceso a un teléfono fijo, mientras en el resto de países de ingreso medio esta cifra alcanza el 50.9% y en los países industriales el 90.5%. En agua potable la cifra es del 79% y en alcantarillado nuestro mejor indicador la cifra es de 93% mientras en los países industriales estos dos servicios tienen cobertura completa.

Nuevamente, este rezago no solo tiene impacto en la calidad de vida de la población sino que también frena las oportunidades de crecimiento económico. Por ejemplo para el caso de Brasil –el único país latinoamericano que hace parte de los BRIC’s (Brasil, Rusia, India y China)- la brecha de infraestructura resultante de una inversión insuficiente durante un periodo prolongado, no le ha permitido crecer a tasas superiores al 4% según datos de BBVA Research (2011). Según el Foro Económico Mundial – WEF por sus siglas en inglés- entre los mayores retos que enfrenta Brasil está la baja calidad y desatención de su infraestructura de transporte (puesto 79) además de la baja confianza en los políticos (puesto 121), baja regulación del gobierno (puesto 144), gasto irracional de recursos públicos (puesto 135), entre otros factores.

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[1] Lucioni, L. 2009. La provisión de infraestructura en América Latina: tendencias, inversiones y financiamiento. En Serie Macroeconomía para el Desarrollo # 72. Pg. 7).

La Estructura Política Payanesa como Impedimento al Desarrollo Local

En la ciudad históricamente ha primado la ley del más fuerte, producto del establecimiento de familias reconocidas durante el proceso de la colonia; originando una distinción fuertemente marcada de clases sociales. Aunado a ello, las elites políticas no han interlocutado con la ciudadanía, lo que ha generado en la misma, un desencanto total sobre las posibilidades de un mejor futuro socialmente compartido. Las clases políticas por el contrario, han usado a los habitantes de la ciudad simplemente para mantener el poder económico y político; no siendo por demás extraño, la no representatividad del pensar colectivo en el estrado nacional, y por ende, la no retribución de los beneficios sociales que la ciudad reclama por derecho. Sin embargo, se mantienen cierto tipo de fidelidades electorales, como síntomas de la prevalencia de unas prácticas políticas tradicionales, que trasladan las relaciones de la vieja estructura hacendaria y patronal del siglo XIX, al manejo de la ciudad. Los caciques tradicionales, la hegemonía de familias, que casi desde la encomienda, dirigen directa o indirectamente la administración pública, mantienen el control social y sus prebendas, sin que ello, haya significado un salto cualitativo en la sociedad a partir del crecimiento y distribución del excedente económico (Quijano, 2000).

La situación política que ha vivido la ciudad de Popayán a través de la historia, resulta un tanto paradójica, en la medida que a pesar de la inconformidad de la ciudadanía con sus representantes políticos, éstos se han logrado mantener en el tiempo. La colonialidad del poder, es desde éste enfoque, el conjunto de actitudes, creencias y sentimientos que dan orden y significado a un proceso político y, que proporciona los supuestos y normas que gobiernan un sistema político. Este concepto lleva a pensar en la forma en que el sistema político ha sido internalizado por los individuos y supone la existencia de un sistema simbólico, que es compartido en general pero no de manera uniforme por los ciudadanos, respecto a las estructuras del sistema político, posibilitando la permanencia del statu quo.

En estos términos, el desenvolvimiento de una ciudad como Popayán ha obedecido particularmente a su contexto específico, pero condicionada por la dominación de las familias tradicionales y las clases dirigentes, lo que necesariamente ha provocado ritmos de crecimiento urbano y económico muy diferentes a los que demanda la sociedad payanesa, puesto que se han primado los intereses individuales en contra de los colectivos, lo que indiscutiblemente ha conducido a la configuración de una ciudad dual y a la generación de una serie de problemas al interior de la misma, los cuales no han permitido que la sociedad payanesa se dé la oportunidad de pensarse a sí misma y a partir de sus propias lógicas, ser capaz de resolver sus problemas sin la intervención de externos.

De este modo, “No queremos otro mundo apenas porque el mismo sería “posible”. Nosotros queremos que sea posible otro mundo “relevante” para todas las formas y modos de vida…” “…Eso implica liberarse de lo universal, mecánico y neutral, del “modo clásico” de innovación, y asumir el contexto como referencia, la interacción como estrategia y la ética como el garante de la sostenibilidad de un desarrollo relevante, donde quepan todos” (De Souza, 2007: 6). Por ende, existe la posibilidad de que la sociedad payanesa visione la ciudad que desea y de esta manera se comprometa con sus acciones a encauzar la dirección de la misma, guiada sencillamente por sus ideales y por la convicción de un futuro socialmente compartido en el que todos tengamos cabida.

Algunos Obstáculos para el Desarrollo Local en Popayán

Pensar el desarrollo local es una tarea ardua la cual involucra la participación y el compromiso de todos los actores de una sociedad y más aún si se piensa en una ciudad colonial - tradicional como lo es Popayán, por tal circunstancia, resulta imprescindible esgrimir algunos de los problemas de mayor relevancia, los cuales hacen parte de nuestra cotidianidad desde hace muchos años, pero quizá no se les ha dado el tratamiento pertinente, lo cual los ha convertido en situaciones comunes e insignificantes, las cuales hacen parte de nuestra cultura.

No es un secreto que la estructura productiva de la ciudad, actualmente no alcanza a absorber toda la población que se encuentra en edad de trabajar y mucho menos, de brindar oportunidades laborales a los nuevos contingentes de población que llegan a la ciudad motivados por el anhelo de seguridad frente a la amenaza que genera para ellos el conflicto armado. De ahí que la ciudad haya sido fuertemente golpeada por la caída de las pirámides en el año 2008, puesto que ante la inexistencia de una adecuada estructura productiva, sumado a bajos niveles de cualificación de los habitantes, se haya presentando una desbordada fe en un sistema de dudosa confianza para resolver los problemas económicos y peor aún, que aún se siga padeciendo del coletazo de aquel lamentable incidente el cual incremento significativamente los niveles de desempleo y pobreza.

Por su parte, a partir de problemas de tipo económico, se generan profundos impactos en el sentido de cohesión social, generándose antivalores que desencadenan conflictos interpersonales, contribuyendo, a la construcción de actores sociales con poco sentido de pertenencia e identidad.

De otro lado, no se puede desconocer que en los últimos años la ciudad blanca y tranquila ha cambiado para teñirse de negro o tal vez rojo, a partir de los elevados niveles y nuevas modalidades de delincuencia común u organizada, las cuales han conducido a que las principales causas de mortalidad ya no sean las enfermedades del corazón como hasta hace algunos años, sino los homicidios. A su vez, se han incrementado los índices de drogadicción, alcoholismo, conflicto intrafamiliar y los embarazos en adolescentes.

En cuanto a la política históricamente ha primado la ley del más fuerte, producto del establecimiento de familias reconocidas durante el proceso de la colonia; originando una distinción fuertemente marcada de clases sociales. Las elites políticas no han interlocutado con la ciudadanía, lo que ha generado en la misma, un desencanto total, sobre las posibilidades de un mejor futuro socialmente compartido, por el contrario, han usado la población sencillamente para mantener el poder económico y político; no siendo por demás extraño, la no representatividad del pensar colectivo en el estrado nacional, y por ende, la no retribución de los beneficios sociales que la ciudad reclama por derecho.

Si bien es cierto que ha crecido la población, necesariamente se han incrementado los lugares de residencia (en gran parte se han instalado sobre la periferia), lo aberrante de la situación es que existe una carencia de condiciones mínimas requeridas en los lugares de residencia para vivir dignamente. Adicionalmente, se crea una problemática de tipo ambiental, debido a la contaminación que se genera en el lugar y la que se produce en el contexto urbano, al perturbar la imagen paisajística.

Finalmente, puede decirse, que toda ésta serie de factores que se han venido resquebrajando con el pasar de los años no han permitido articular una visión planeada y concertada de ciudad, los cuales generan problemas aún más complejos y estructurales, de difícil solución. Donde cabe preguntarse, si ¿los nuevas generaciones, tendrán por lo menos las mismas oportunidades que tienen sus padres en la actualidad?, o, si por el contrario, se hace evidente un retroceso.

Tal vez estos no sean los únicos problemas que padezca nuestra ciudad, pero tal vez son algunos de los más relevantes y considero que si se piensa en un desarrollo local a futuro, no se pueden dejar de lado, por el contrario se hace imprescindible tratarlos con la debida responsabilidad y realizar una planeación a futuro de nuestra sociedad, en la cual tengan cabida todos y cada uno de los actores de la misma.

Autonomía territorial vs Deuda pública en Colombia

La autonomía territorial, de acuerdo con el DNP (2009), agrupa elementos de tipo político, económico y financiero, estos en conjunto brindan las herramientas necesarias para formular y llevar a cabo el proyecto de desarrollo local de cada comunidad. Entre ellos se encuentran la disponibilidad de recursos, la capacidad de decisión y gestión y la independencia en la formulación de políticas regionales de acuerdo con las necesidades propias. Así, a nivel financiero se identifican formas de autonomía en los ingresos y gastos. En lo referente a los ingresos se debe apreciar la capacidad de los Municipios y Departamentos a la hora de recaudar los impuestos pagados por su comunidad, de modo que sean suficientes para cubrir el pago de los gastos de funcionamiento e inversión.

Al concebir la autonomía de esta forma, se promueven las diferencias entre regiones, pues las que están en una condición económica más aventajada, recibirían mayores ingresos que las que no lo están y esta desigualdad se reproduciría constantemente.
Así, alcanzar un desarrollo adecuado y equitativo para todas las entidades territoriales es difícil, pues aunque estas realicen un esfuerzo fiscal importante para aumentar sus ingresos, cada una tiene una estructura productiva característica de su región, que se convierte en un impedimento para que tal esfuerzo fiscal permita satisfacer totalmente las demandas sociales de cada ente y por tanto de toda la población Colombiana.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que los pagos de la deuda contraída, se constituyen en un limitante para que los entes territoriales tomen decisiones autónomas en sus territorios, puesto que el cumplimiento de las obligaciones financieras se transforma en una prioridad incluso por encima de los gastos en salud, educación, y saneamiento básico.

Otro limitante para la formulación y adopción de políticas locales, es el diseño de los planes de desarrollo, pues estos se encuentran subordinados al plan Nacional y a lo impuesto por el Plan de Inversiones Públicas, entonces, la asignación de recursos en el nivel local para el desarrollo de los entes territoriales, pierde total pertinencia, porque no atiende las prioridades de su región sino cuando el Plan de Inversiones Públicas lo ha hecho y, esto por lo general ocurre cuando las necesidades territoriales tienen mayor fuerza o se han modificado.

“Se hace evidente que las capacidades de las entidades territoriales de formular un proyecto propio de desarrollo son limitadas desde la concepción misma de la descentralización y, a partir de allí, por las situaciones a las que han tenido que enfrentarse las autoridades locales como resultado del ajuste fiscal y del endeudamiento público a lo largo de la década”. (UNEB, 2005:139)

Respecto a la autonomía en los gastos, de acuerdo a los principios sobre los cuales se ha construido la descentralización en Colombia, se supone que son las localidades las que deciden en qué aspectos y cantidades deben invertirse los recursos percibidos, tomando como base una evaluación previa de las principales demandas de su respectiva comunidad.
Teniendo en cuenta la gran dependencia de las transferencias del gobierno central, los recursos disponibles de las entidades territoriales no pueden ser asignados de acuerdo a lo anterior, pues cada fuente de recursos transferidos establece la forma en la que éstos se deben invertir, aun antes de que lleguen a las localidades.

Dicha destinación específica de las transferencias desde el nivel central, en su mayoría ha sido establecida con anterioridad por leyes o políticas nacionales que en últimas limitan cualquier tipo de intervención de las autoridades locales en su adjudicación, convirtiéndolos en “agentes pagadores de rubros nacionales que se ejecutan en su territorio y sobre los cuales no poseen discreción” (Restrepo, 2003:62).

Según la Unión Nacional de Empleados Bancarios (2005), es posible observar en las leyes de ajuste fiscal formuladas durante la segunda mitad de los años noventa, una limitación a la capacidad de decisión de destinación de los recursos por parte de las autoridades locales, esto en gran medida porque su presupuesto debe darle prioridad a garantizar el pago del servicio a la deuda.

Por ejemplo la Ley 358 de 1997, conocida por el sistema de semáforos, introdujo el ajuste fiscal a los territorios, a través de los convenios de desempeño que restringieron el gasto e impusieron ciertas directrices para su manejo; la Ley 550 de 1999, creó procesos de saneamiento fiscal y estableció acuerdos de reestructuración de pasivos con sus acreedores, limitando a futuro cualquier posibilidad de formular una política regional. Esto porque las decisiones de gasto se encuentran condicionadas a las disposiciones de un comité de vigilancia, ajeno a la localidad; finalmente la ley 617 de 2000, formuló ciertos requisitos para la creación de municipios, clasificando a los ya existentes de acuerdo con criterios de población y recursos de libre destinación, de modo que implantó para cada categoría, una orientación para el manejo de dichos ingresos que garantizara el cubrimiento de los requerimientos de funcionamiento y se dejara un excedente para la inversión.

Así, a pesar que como contribuyentes, todos los ciudadanos debemos ejercer el control social necesario para exigir una mejor gestión gubernamental frente a los recursos públicos, en la actualidad existe total desconocimiento en relación a las medidas adoptadas para contrarrestar los problemas de carácter fiscal del País y de los territorios Colombianos, por ello, la invitación como ciudadanos es ser un actor más que un cliente, participando en la construcción y el desarrollo de la esfera pública.

2. A propósito del desarrollo local en Popayán: Una noción de las transformaciones demográficas y urbanas Post-terremoto

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, las ciudades latinoamericanas han visto cambiar notablemente sus ritmos de vida por una serie de fenómenos sociales y naturales que complejizan sus procesos de desarrollo. Sobre esta perspectiva, la ciudad de Popayán no ha sido la excepción.

La población del municipio alrededor de los últimos cincuenta años se ha quintuplicado, situación que ha significado transformaciones sustantivas en cuanto a la composición urbana del mismo. No obstante, aunque su acelerado ritmo de crecimiento demográfico podría traducirse virtualmente en avances profundos en el proceso de desarrollo, los indicadores de progreso parecen no coincidir en ninguno de los parámetros que presentan los centros urbanos de igual dimensión geográfica, poblacional e histórica. A diferencia, predominan retrocesos frente a lo que podría esperarse, consolidación de una estructura urbana moderna; capaz de responder a las necesidades de la sociedad.

De otro lado y agudizando aún más la situación, los procesos de planificación urbana distan de concretar su función de direccionamiento. De una parte, por las condiciones físicas de la ciudad y de otra -la más importante-, por el extravío de los objetivos gubernamentales frente a las características de sus habitantes. Esto se explica, medianamente por la carencia de conocimiento técnico, incorporado al diseño e implementación de políticas públicas de ciudad y por restricciones de carácter político- cultural.

Para llevar a cabo una lectura de lo que es actualmente Popayán, resulta imprescindible reconocer, que a pesar del surgimiento de formas seculares de relacionamiento, del imaginario social no se han podido desdibujar las formas tradicionales, lo que se convierte en el principal obstáculo en el proceso de repensar la ciudad desde otras dimensiones, diferentes a las que han mantenido la identidad de sus habitantes y que no han sido ajenos a ninguno de los estratos sociales.

El terremoto de Popayán, ocurrido el 31 de marzo de 1983, marcó una ruptura entre las dinámicas poblacionales y urbanas de la ciudad, ya que producto de un desastre natural, surgieron oportunidades reales, tanto para la población residente como para la inmigrante. De un lado, se presenta, un fuerte proceso de migración rural - urbana (al interior del departamento) y urbana – urbana (entre departamentos vecinos), y del otro, se hizo evidente una situación de hacinamiento y subarriendo que propició la invasión de terrenos aledaños (periferia), especialmente en la zona occidental (Funcop, 2000).

Es importante destacar, que éste fenómeno, redimensiona la espacialidad de la ciudad y genera nuevas dinámicas sociales, en principio, porque se urbaniza sin una previa planificación. Además, el proceso de migración propiciado por el terremoto, genera un proceso de integración al interior de los barrios, entre familias rurales y urbanas, que al interactuar confrontan, impulsan, producen y crean una serie de tejidos sociales que distan de los patrones sociales y culturales de tradición.

Actualmente, Popayán es una ciudad con una población de más de 258.653 habitantes (DANE, 2006), que enfrenta la construcción de una ciudad dual, a partir de un urbanismo de inequidad y generador de conflictos: por un lado la ciudad que crece con los parámetros socialmente aceptados de calidad de vida, y por otra, la ciudad segregada y expoliada de las dinámicas urbanas que se reproduce a sí misma con el referente histórico de la exclusión.

Por todo lo anterior, se hace necesario que los estudios sobre el desarrollo de la ciudad, reconsideren el papel de las variables demográficas, toda vez que, al tiempo que permite identificar cambios físicos conforme, se altera el tamaño y la composición de la población, permite la realización de análisis retrospectivos y prospectivos que generen un desenvolvimiento futuro armónico y finalmente potencializan las fortalezas y aminoran las debilidades propias de los espacios geográficos.

Por: Ronald Macuacé

LAS MINORIAS Y EL DESARROLLO

Colombia en su constitución se ha definido como una nación plurietnica. Esta característica al igual que otro tipo de diversidades se podrían considerar como fortalezas, o en su defecto oportunidades para encaminarse en el mundo del desarrollo. Sin embargo, estos grupos sociales que generalmente son minorías, son los más vulnerables y los que son rezagados en los procesos de desarrollo, aún cuando internacionalmente disfruten de derechos explícitos por ser diferentes, estos derechos son los más transgredidos, y más aún por las condiciones internas que padece el país como el conflicto armado. Estos y otros factores como que estos grupos no sean tenidos en cuenta a la hora de formular y más aun de implementar políticas en función del bienestar, han permitido su marginalidad en todo proceso de desarrollo, irrespetando no solo los derechos especiales sino los derechos básicos de cualquier individuo de vivir una vida digna.

No obstante, es claro que estas poblaciones poseen un fuerte capital social, que no ha sido manifiesto ni mucho menos aprovechado, pues se destaca su fortaleza cultural y las ganas de luchar por sus derechos. Es en ese sentido, es posible considerar las posibilidades de potenciar un desarrollo, pero un desarrollo localizado, que sea una alternativa formulada y ejecutada desde las mismas comunidades, sin que esto implique una desarticulación con otras entidades, pues es claro que la falta de acompañamiento y apoyo de de instituciones gubernamentales son una fuente de la marginalización, que tenga en cuenta sus fortalezas, oportunidades y potencialidades.

Por Gissela Nuñez