La Estructura Política Payanesa como Impedimento al Desarrollo Local

En la ciudad históricamente ha primado la ley del más fuerte, producto del establecimiento de familias reconocidas durante el proceso de la colonia; originando una distinción fuertemente marcada de clases sociales. Aunado a ello, las elites políticas no han interlocutado con la ciudadanía, lo que ha generado en la misma, un desencanto total sobre las posibilidades de un mejor futuro socialmente compartido. Las clases políticas por el contrario, han usado a los habitantes de la ciudad simplemente para mantener el poder económico y político; no siendo por demás extraño, la no representatividad del pensar colectivo en el estrado nacional, y por ende, la no retribución de los beneficios sociales que la ciudad reclama por derecho. Sin embargo, se mantienen cierto tipo de fidelidades electorales, como síntomas de la prevalencia de unas prácticas políticas tradicionales, que trasladan las relaciones de la vieja estructura hacendaria y patronal del siglo XIX, al manejo de la ciudad. Los caciques tradicionales, la hegemonía de familias, que casi desde la encomienda, dirigen directa o indirectamente la administración pública, mantienen el control social y sus prebendas, sin que ello, haya significado un salto cualitativo en la sociedad a partir del crecimiento y distribución del excedente económico (Quijano, 2000).

La situación política que ha vivido la ciudad de Popayán a través de la historia, resulta un tanto paradójica, en la medida que a pesar de la inconformidad de la ciudadanía con sus representantes políticos, éstos se han logrado mantener en el tiempo. La colonialidad del poder, es desde éste enfoque, el conjunto de actitudes, creencias y sentimientos que dan orden y significado a un proceso político y, que proporciona los supuestos y normas que gobiernan un sistema político. Este concepto lleva a pensar en la forma en que el sistema político ha sido internalizado por los individuos y supone la existencia de un sistema simbólico, que es compartido en general pero no de manera uniforme por los ciudadanos, respecto a las estructuras del sistema político, posibilitando la permanencia del statu quo.

En estos términos, el desenvolvimiento de una ciudad como Popayán ha obedecido particularmente a su contexto específico, pero condicionada por la dominación de las familias tradicionales y las clases dirigentes, lo que necesariamente ha provocado ritmos de crecimiento urbano y económico muy diferentes a los que demanda la sociedad payanesa, puesto que se han primado los intereses individuales en contra de los colectivos, lo que indiscutiblemente ha conducido a la configuración de una ciudad dual y a la generación de una serie de problemas al interior de la misma, los cuales no han permitido que la sociedad payanesa se dé la oportunidad de pensarse a sí misma y a partir de sus propias lógicas, ser capaz de resolver sus problemas sin la intervención de externos.

De este modo, “No queremos otro mundo apenas porque el mismo sería “posible”. Nosotros queremos que sea posible otro mundo “relevante” para todas las formas y modos de vida…” “…Eso implica liberarse de lo universal, mecánico y neutral, del “modo clásico” de innovación, y asumir el contexto como referencia, la interacción como estrategia y la ética como el garante de la sostenibilidad de un desarrollo relevante, donde quepan todos” (De Souza, 2007: 6). Por ende, existe la posibilidad de que la sociedad payanesa visione la ciudad que desea y de esta manera se comprometa con sus acciones a encauzar la dirección de la misma, guiada sencillamente por sus ideales y por la convicción de un futuro socialmente compartido en el que todos tengamos cabida.

Algunos Obstáculos para el Desarrollo Local en Popayán

Pensar el desarrollo local es una tarea ardua la cual involucra la participación y el compromiso de todos los actores de una sociedad y más aún si se piensa en una ciudad colonial - tradicional como lo es Popayán, por tal circunstancia, resulta imprescindible esgrimir algunos de los problemas de mayor relevancia, los cuales hacen parte de nuestra cotidianidad desde hace muchos años, pero quizá no se les ha dado el tratamiento pertinente, lo cual los ha convertido en situaciones comunes e insignificantes, las cuales hacen parte de nuestra cultura.

No es un secreto que la estructura productiva de la ciudad, actualmente no alcanza a absorber toda la población que se encuentra en edad de trabajar y mucho menos, de brindar oportunidades laborales a los nuevos contingentes de población que llegan a la ciudad motivados por el anhelo de seguridad frente a la amenaza que genera para ellos el conflicto armado. De ahí que la ciudad haya sido fuertemente golpeada por la caída de las pirámides en el año 2008, puesto que ante la inexistencia de una adecuada estructura productiva, sumado a bajos niveles de cualificación de los habitantes, se haya presentando una desbordada fe en un sistema de dudosa confianza para resolver los problemas económicos y peor aún, que aún se siga padeciendo del coletazo de aquel lamentable incidente el cual incremento significativamente los niveles de desempleo y pobreza.

Por su parte, a partir de problemas de tipo económico, se generan profundos impactos en el sentido de cohesión social, generándose antivalores que desencadenan conflictos interpersonales, contribuyendo, a la construcción de actores sociales con poco sentido de pertenencia e identidad.

De otro lado, no se puede desconocer que en los últimos años la ciudad blanca y tranquila ha cambiado para teñirse de negro o tal vez rojo, a partir de los elevados niveles y nuevas modalidades de delincuencia común u organizada, las cuales han conducido a que las principales causas de mortalidad ya no sean las enfermedades del corazón como hasta hace algunos años, sino los homicidios. A su vez, se han incrementado los índices de drogadicción, alcoholismo, conflicto intrafamiliar y los embarazos en adolescentes.

En cuanto a la política históricamente ha primado la ley del más fuerte, producto del establecimiento de familias reconocidas durante el proceso de la colonia; originando una distinción fuertemente marcada de clases sociales. Las elites políticas no han interlocutado con la ciudadanía, lo que ha generado en la misma, un desencanto total, sobre las posibilidades de un mejor futuro socialmente compartido, por el contrario, han usado la población sencillamente para mantener el poder económico y político; no siendo por demás extraño, la no representatividad del pensar colectivo en el estrado nacional, y por ende, la no retribución de los beneficios sociales que la ciudad reclama por derecho.

Si bien es cierto que ha crecido la población, necesariamente se han incrementado los lugares de residencia (en gran parte se han instalado sobre la periferia), lo aberrante de la situación es que existe una carencia de condiciones mínimas requeridas en los lugares de residencia para vivir dignamente. Adicionalmente, se crea una problemática de tipo ambiental, debido a la contaminación que se genera en el lugar y la que se produce en el contexto urbano, al perturbar la imagen paisajística.

Finalmente, puede decirse, que toda ésta serie de factores que se han venido resquebrajando con el pasar de los años no han permitido articular una visión planeada y concertada de ciudad, los cuales generan problemas aún más complejos y estructurales, de difícil solución. Donde cabe preguntarse, si ¿los nuevas generaciones, tendrán por lo menos las mismas oportunidades que tienen sus padres en la actualidad?, o, si por el contrario, se hace evidente un retroceso.

Tal vez estos no sean los únicos problemas que padezca nuestra ciudad, pero tal vez son algunos de los más relevantes y considero que si se piensa en un desarrollo local a futuro, no se pueden dejar de lado, por el contrario se hace imprescindible tratarlos con la debida responsabilidad y realizar una planeación a futuro de nuestra sociedad, en la cual tengan cabida todos y cada uno de los actores de la misma.

Autonomía territorial vs Deuda pública en Colombia

La autonomía territorial, de acuerdo con el DNP (2009), agrupa elementos de tipo político, económico y financiero, estos en conjunto brindan las herramientas necesarias para formular y llevar a cabo el proyecto de desarrollo local de cada comunidad. Entre ellos se encuentran la disponibilidad de recursos, la capacidad de decisión y gestión y la independencia en la formulación de políticas regionales de acuerdo con las necesidades propias. Así, a nivel financiero se identifican formas de autonomía en los ingresos y gastos. En lo referente a los ingresos se debe apreciar la capacidad de los Municipios y Departamentos a la hora de recaudar los impuestos pagados por su comunidad, de modo que sean suficientes para cubrir el pago de los gastos de funcionamiento e inversión.

Al concebir la autonomía de esta forma, se promueven las diferencias entre regiones, pues las que están en una condición económica más aventajada, recibirían mayores ingresos que las que no lo están y esta desigualdad se reproduciría constantemente.
Así, alcanzar un desarrollo adecuado y equitativo para todas las entidades territoriales es difícil, pues aunque estas realicen un esfuerzo fiscal importante para aumentar sus ingresos, cada una tiene una estructura productiva característica de su región, que se convierte en un impedimento para que tal esfuerzo fiscal permita satisfacer totalmente las demandas sociales de cada ente y por tanto de toda la población Colombiana.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que los pagos de la deuda contraída, se constituyen en un limitante para que los entes territoriales tomen decisiones autónomas en sus territorios, puesto que el cumplimiento de las obligaciones financieras se transforma en una prioridad incluso por encima de los gastos en salud, educación, y saneamiento básico.

Otro limitante para la formulación y adopción de políticas locales, es el diseño de los planes de desarrollo, pues estos se encuentran subordinados al plan Nacional y a lo impuesto por el Plan de Inversiones Públicas, entonces, la asignación de recursos en el nivel local para el desarrollo de los entes territoriales, pierde total pertinencia, porque no atiende las prioridades de su región sino cuando el Plan de Inversiones Públicas lo ha hecho y, esto por lo general ocurre cuando las necesidades territoriales tienen mayor fuerza o se han modificado.

“Se hace evidente que las capacidades de las entidades territoriales de formular un proyecto propio de desarrollo son limitadas desde la concepción misma de la descentralización y, a partir de allí, por las situaciones a las que han tenido que enfrentarse las autoridades locales como resultado del ajuste fiscal y del endeudamiento público a lo largo de la década”. (UNEB, 2005:139)

Respecto a la autonomía en los gastos, de acuerdo a los principios sobre los cuales se ha construido la descentralización en Colombia, se supone que son las localidades las que deciden en qué aspectos y cantidades deben invertirse los recursos percibidos, tomando como base una evaluación previa de las principales demandas de su respectiva comunidad.
Teniendo en cuenta la gran dependencia de las transferencias del gobierno central, los recursos disponibles de las entidades territoriales no pueden ser asignados de acuerdo a lo anterior, pues cada fuente de recursos transferidos establece la forma en la que éstos se deben invertir, aun antes de que lleguen a las localidades.

Dicha destinación específica de las transferencias desde el nivel central, en su mayoría ha sido establecida con anterioridad por leyes o políticas nacionales que en últimas limitan cualquier tipo de intervención de las autoridades locales en su adjudicación, convirtiéndolos en “agentes pagadores de rubros nacionales que se ejecutan en su territorio y sobre los cuales no poseen discreción” (Restrepo, 2003:62).

Según la Unión Nacional de Empleados Bancarios (2005), es posible observar en las leyes de ajuste fiscal formuladas durante la segunda mitad de los años noventa, una limitación a la capacidad de decisión de destinación de los recursos por parte de las autoridades locales, esto en gran medida porque su presupuesto debe darle prioridad a garantizar el pago del servicio a la deuda.

Por ejemplo la Ley 358 de 1997, conocida por el sistema de semáforos, introdujo el ajuste fiscal a los territorios, a través de los convenios de desempeño que restringieron el gasto e impusieron ciertas directrices para su manejo; la Ley 550 de 1999, creó procesos de saneamiento fiscal y estableció acuerdos de reestructuración de pasivos con sus acreedores, limitando a futuro cualquier posibilidad de formular una política regional. Esto porque las decisiones de gasto se encuentran condicionadas a las disposiciones de un comité de vigilancia, ajeno a la localidad; finalmente la ley 617 de 2000, formuló ciertos requisitos para la creación de municipios, clasificando a los ya existentes de acuerdo con criterios de población y recursos de libre destinación, de modo que implantó para cada categoría, una orientación para el manejo de dichos ingresos que garantizara el cubrimiento de los requerimientos de funcionamiento y se dejara un excedente para la inversión.

Así, a pesar que como contribuyentes, todos los ciudadanos debemos ejercer el control social necesario para exigir una mejor gestión gubernamental frente a los recursos públicos, en la actualidad existe total desconocimiento en relación a las medidas adoptadas para contrarrestar los problemas de carácter fiscal del País y de los territorios Colombianos, por ello, la invitación como ciudadanos es ser un actor más que un cliente, participando en la construcción y el desarrollo de la esfera pública.

2. A propósito del desarrollo local en Popayán: Una noción de las transformaciones demográficas y urbanas Post-terremoto

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, las ciudades latinoamericanas han visto cambiar notablemente sus ritmos de vida por una serie de fenómenos sociales y naturales que complejizan sus procesos de desarrollo. Sobre esta perspectiva, la ciudad de Popayán no ha sido la excepción.

La población del municipio alrededor de los últimos cincuenta años se ha quintuplicado, situación que ha significado transformaciones sustantivas en cuanto a la composición urbana del mismo. No obstante, aunque su acelerado ritmo de crecimiento demográfico podría traducirse virtualmente en avances profundos en el proceso de desarrollo, los indicadores de progreso parecen no coincidir en ninguno de los parámetros que presentan los centros urbanos de igual dimensión geográfica, poblacional e histórica. A diferencia, predominan retrocesos frente a lo que podría esperarse, consolidación de una estructura urbana moderna; capaz de responder a las necesidades de la sociedad.

De otro lado y agudizando aún más la situación, los procesos de planificación urbana distan de concretar su función de direccionamiento. De una parte, por las condiciones físicas de la ciudad y de otra -la más importante-, por el extravío de los objetivos gubernamentales frente a las características de sus habitantes. Esto se explica, medianamente por la carencia de conocimiento técnico, incorporado al diseño e implementación de políticas públicas de ciudad y por restricciones de carácter político- cultural.

Para llevar a cabo una lectura de lo que es actualmente Popayán, resulta imprescindible reconocer, que a pesar del surgimiento de formas seculares de relacionamiento, del imaginario social no se han podido desdibujar las formas tradicionales, lo que se convierte en el principal obstáculo en el proceso de repensar la ciudad desde otras dimensiones, diferentes a las que han mantenido la identidad de sus habitantes y que no han sido ajenos a ninguno de los estratos sociales.

El terremoto de Popayán, ocurrido el 31 de marzo de 1983, marcó una ruptura entre las dinámicas poblacionales y urbanas de la ciudad, ya que producto de un desastre natural, surgieron oportunidades reales, tanto para la población residente como para la inmigrante. De un lado, se presenta, un fuerte proceso de migración rural - urbana (al interior del departamento) y urbana – urbana (entre departamentos vecinos), y del otro, se hizo evidente una situación de hacinamiento y subarriendo que propició la invasión de terrenos aledaños (periferia), especialmente en la zona occidental (Funcop, 2000).

Es importante destacar, que éste fenómeno, redimensiona la espacialidad de la ciudad y genera nuevas dinámicas sociales, en principio, porque se urbaniza sin una previa planificación. Además, el proceso de migración propiciado por el terremoto, genera un proceso de integración al interior de los barrios, entre familias rurales y urbanas, que al interactuar confrontan, impulsan, producen y crean una serie de tejidos sociales que distan de los patrones sociales y culturales de tradición.

Actualmente, Popayán es una ciudad con una población de más de 258.653 habitantes (DANE, 2006), que enfrenta la construcción de una ciudad dual, a partir de un urbanismo de inequidad y generador de conflictos: por un lado la ciudad que crece con los parámetros socialmente aceptados de calidad de vida, y por otra, la ciudad segregada y expoliada de las dinámicas urbanas que se reproduce a sí misma con el referente histórico de la exclusión.

Por todo lo anterior, se hace necesario que los estudios sobre el desarrollo de la ciudad, reconsideren el papel de las variables demográficas, toda vez que, al tiempo que permite identificar cambios físicos conforme, se altera el tamaño y la composición de la población, permite la realización de análisis retrospectivos y prospectivos que generen un desenvolvimiento futuro armónico y finalmente potencializan las fortalezas y aminoran las debilidades propias de los espacios geográficos.

Por: Ronald Macuacé

LAS MINORIAS Y EL DESARROLLO

Colombia en su constitución se ha definido como una nación plurietnica. Esta característica al igual que otro tipo de diversidades se podrían considerar como fortalezas, o en su defecto oportunidades para encaminarse en el mundo del desarrollo. Sin embargo, estos grupos sociales que generalmente son minorías, son los más vulnerables y los que son rezagados en los procesos de desarrollo, aún cuando internacionalmente disfruten de derechos explícitos por ser diferentes, estos derechos son los más transgredidos, y más aún por las condiciones internas que padece el país como el conflicto armado. Estos y otros factores como que estos grupos no sean tenidos en cuenta a la hora de formular y más aun de implementar políticas en función del bienestar, han permitido su marginalidad en todo proceso de desarrollo, irrespetando no solo los derechos especiales sino los derechos básicos de cualquier individuo de vivir una vida digna.

No obstante, es claro que estas poblaciones poseen un fuerte capital social, que no ha sido manifiesto ni mucho menos aprovechado, pues se destaca su fortaleza cultural y las ganas de luchar por sus derechos. Es en ese sentido, es posible considerar las posibilidades de potenciar un desarrollo, pero un desarrollo localizado, que sea una alternativa formulada y ejecutada desde las mismas comunidades, sin que esto implique una desarticulación con otras entidades, pues es claro que la falta de acompañamiento y apoyo de de instituciones gubernamentales son una fuente de la marginalización, que tenga en cuenta sus fortalezas, oportunidades y potencialidades.

Por Gissela Nuñez

JUSTICIA COMUNITARIA COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCION DE DESARROLLO LOCAL.

para la construcción de desarrollo local se debe generar participación de los individuos afectados de tal manera que se puedan realizar cambios reflejados de adentro hacia afuera haciendo que haya un fortalecimiento de las comunidades y/o grupos sociales generando dinámicas que fortalezcan las relaciones sociales y permitan la construccion de nuevas herramientas como lo puede ser la justicia vista como una justicia comunitaria que puede ser entendida como una serie o un conjunto de mecanismos comunitarios para la resolución de conflictos, de esta forma se puede iniciar un proceso en el cual se relacionen las organizaciones e instituciones que forman parte de la construccion de sociedad civil mediante la resolucion de conflictos a nivel local y en cierta medida al Estado mediante la generación de politicas públicas que permitan el mejoramiento de las condiciones sociales

la generacion de una herramienta como la justicia comunitaria es la posibilidad de fortalecer la confianza de la poblacion en la sociedad civil partiendo de que esta puede comprender mejor la cultura entendida como las costumbres y la identidad de cada poblacion de tal manera que pueda ser mas equitativa al momento de generar soluciones ante los problemas y/o enfrentamientos entre diversos actores sociales pues de esta manera se pueden proteger los derechos de cada tipo de poblacion (indigenas, campesinos, afro descendientes, etc.) este tipo de justicia ayuda a la construccion de democracia y a la organizacion respetuosa por parte de la comunidad para ayudar a llenar aquellos vacios que en ocasiones deja el Estado, mostrando así que hay diversos caminos para propiciar modelos de intervencion local y regional con el objetivo de generar nuevas dinámicas en las cuales se pueda asumir las responsabilidades y tomar las decisiones eficientes, efectivas de manera organizada y certera.

Algunas Consecuencias del endeudamiento territorial sobre el desarrollo regional en Colombia.

Según el Departamento Nacional de Planeación (2009), el proyecto de desarrollo de cada uno de los territorios es el resultado de su proceso de autonomía territorial, en la búsqueda de las herramientas necesarias para impulsar mediante la democracia local, el desarrollo regional, visible a nivel social, político y económico.

El desarrollo territorial comprende la interacción de diferentes aspectos para lograr las transformaciones deseadas a nivel de cada ente territorial. En tal sentido, como lo propone Baena et al (2006), es necesario a la hora de formular un plan de desarrollo incluir las dimensiones Económica, Social, Ambiental e Institucional.

Dentro del análisis económico, el eje que articula la dinámica de tal desarrollo es la producción, por consiguiente se debe tener en cuenta la estructura de la producción, su sostenibilidad y la forma en que se distribuye el producto obtenido entre los habitantes de la región.

Sin embargo, debido al alto nivel de dependencia de las transferencias, la escasa generación de ingresos propios, el déficit fiscal vigencia tras vigencia y la corrupción, los gobiernos territoriales a la hora de asumir la prestación de los bienes y servicios que por mandato constitucional tienen a su cargo, deben recurrir al endeudamiento. Tal mecanismo de financiación, se constituye en una limitación para el desarrollo de los entes de carácter territorial, debido a que el pago de los montos adeudados y de los intereses sobre esta deuda, impide la destinación de mayores recursos para la inversión social y por tanto se torna más difícil hacer frente a los diversos problemas públicos que se presentan en las entidades territoriales, relacionados con la educación, la salud, la vivienda, el desempleo, la indigencia y el medio ambiente, entre los más importantes. De modo, que se disminuye la calidad y cobertura de los servicios públicos que deben ser prestados por la entidad territorial, traduciéndose esto en un debilitamiento de las condiciones de vida de la población.

También se puede decir, que la deuda pública y el pago de sus intereses no permite destinar los recursos necesarios para invertir en los sectores más productivos de cada región, que potencialmente generan mayores niveles de empleo, fortalecimiento de la oferta y aumento en el consumo de los bienes producidos por las empresas de las entidades territoriales.

Las autoridades locales desde el comienzo del proceso descentralizador, asumieron y reprodujeron restricciones a la inversión y a la política social en el nivel local, esto sumado al endeudamiento territorial, ocasionó que a pesar de las políticas de focalización ejecutadas para reducir la pobreza en el País, no se apreciara una mejora sustancial en las variables que miden la pobreza. Por el contrario fue notorio su deterioro; el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) presenta una mejoría constante desde 1973, año en el que siete de cada diez personas tenían una o más necesidades básicas insatisfechas, mientras en 1993 cuatro de cada diez personas estaban en tal situación, en los años posteriores, hasta el 2008 el panorama no varió mucho, pues aproximadamente entre dos y tres personas no tenían satisfechas sus necesidades básicas.

Al contrario de las bondades que se le atribuían en un principio a las reformas económicas, estas beneficiaron a unos pocos mientras que una gran parte de la población, vio empeorar sus condiciones de vida.

“El índice de línea de pobreza (LP) pasó de 53,8% en 1991 a 50,3% en 1997, y posteriormente a 59, 8 en el 2000. En 2003, el 64,2% de los colombianos eran pobres adicionalmente “no solo han aumentado los pobres, sino que estos son cada vez más pobres. La brecha de pobreza, que mide la distancia relativa entre el ingreso promedio de los pobres y el valor de la LP, se incrementó de 0,437 en 1997 a 0,542 en 2003” (Contraloría, 2004:43). En cuanto a la indigencia, el porcentaje se incrementa de 19,7% en 1999 a 23,4% en 2000”. (UNEB, 2005: 164)

En el caso de la salud, el principal objetivo de la política social era el fortalecimiento de la cobertura y la calidad, sin embargo el incremento del gasto social en salud y el nuevo modelo de aseguramiento que incluye la ley 100 de 1993, no se han traducido en mejores y mayores niveles de atención.

Es de resaltar la grave situación financiera de los hospitales públicos en su conjunto, llamada “crisis hospitalaria”, la cual muestra que la capacidad de los mismos, para cumplir con los requerimientos de cobertura y calidad se ve limitado porque los ingresos transferidos desde el Gobierno Central y los territoriales, no son suficientes para cubrir los gastos necesarios que garanticen su óptimo funcionamiento, como lo son el pago de nóminas a los médicos y demás empleados, la compra de medicamentos, la atención de los ciudadanos y el mantenimiento de equipos e instalaciones.

Además, los recursos desde los demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), no son girados a tiempo como consecuencia de la misma lógica del Sistema de Seguridad Social, porque a pesar de que sigan transfiriendo recursos a las entidades del sector, estos no llegan finalmente a las mismas, sino que se destinan a los intermediarios (financieros) del sistema.

Se pretende que por medio del cobro de los servicios prestados, el sistema de salud a nivel local sea sostenible; esto conduce a una mayor inequidad en la atención de la población. De esta manera, se configura una política social pro-cíclica que reproduce las desigualdades y las condiciones de exclusión y concentración del ingreso, aún en lo relacionado con los derechos fundamentales que debe garantizar un Estado social de derecho. (UNEB, 2005: 171)
Igualmente, los Departamentos tienen una gran obligación, ya que a diario son demandados por la atención, medicamentos, tratamientos y operaciones que no cubre el sistema de salud o que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo (POS), el cual es el conjunto básico de servicios de salud que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), deben prestar a sus afiliados.
En lo referente a la educación, lo primero que se debe considerar es que ésta se constituye en un factor fundamental para el desarrollo económico y social, por consiguiente el endeudamiento territorial y las medidas y leyes propuestas para contrarrestarlo, van en detrimento del desarrollo, al dar prioridad a otro tipo de gastos y restringir la inversión en este sector.

“El panorama de la educación en Colombia, visto a través de las tasas de deserción (6,7% en 1999), repitencia y reprobación (la tasa de aprobación cayó de 86% en 1998 a 83,7% en 2000), es preocupante. Las condiciones que debe cumplir el sistema educativo para reducirlas es responsabilidad del Gobierno Central y de los Gobiernos territoriales. La problemática de cada instancia de gobierno, así como las mismas metas fundamentales que se han planteado en el ejercicio de la política económica y social, se ven reflejados en el fracaso escolar”. (UNEB, 2005; 175).

No obstante, según información del Ministerio de Educación Nacional, a partir del año 2000, es notoria la tendencia a la disminución de las tasas de deserción escolar como muestra del esfuerzo que desde el Gobierno Nacional se ha realizado para ampliar la cobertura de este servicio y a la vez reducir la deserción, inasistencia y repitencia escolar, desde diversos programas y campañas, ejemplo de ello es la campaña “Ni uno menos”, con la cual, de acuerdo a la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, ha logrado que la tasa de deserción estudiantil en los colegios públicos se reduzca.

Según la Encuesta de Calidad de Vida (2003), la principal causa de inasistencia de estudiantes de 5 a 17 años, es la falta de recursos económicos, mientras para los jóvenes entre 12 y 17, es la dificultad de combinar el estudio con el trabajo o con responsabilidades en el hogar.

Esto se puede atribuir por una parte a la incapacidad de los gobiernos subnacionales para asumir el manejo de los fondos educativos regionales, a la disminución de las transferencias para la educación, pero también a las condiciones sociales y de pobreza de los Colombianos, que se supone son responsabilidad de los Departamentos como unidades subnacionales encargadas de la administración de los asuntos seccionales y de la planificación y promoción del desarrollo económico y social, dentro de su territorio.

En una parte significativa del territorio Colombiano, la calidad de los servicios es deficiente, esto debido a que los ingresos de los entes territoriales son escasos por la reducción de las transferencias del gobierno central y su incapacidad para generar recursos propios, además porque estos se destinan a otro tipo de gastos, que por su situación financiera y de sostenibilidad fiscal deben atender. Entonces, se presentan los casos en los que los recursos son insuficientes para cubrir la construcción de plantas de tratamiento de agua, rellenos sanitarios seguros y salubres para la población, sistemas adecuados para el vertimiento de las aguas residuales así como para recolectar las basuras periódicamente y garantizar la prestación permanente de los servicios de energía y acueducto.

Finalmente, es posible afirmar que conforme el proceso de descentralización se fortalecía, las entidades territoriales en la década de los noventa, se vieron enfrentadas a limitaciones en cuanto a la posesión de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones asignadas constitucionalmente, debido entre otras cosas, al débil sistema tributario local, la dependencia de las transferencias de la Nación que no fueron suficientes y los altos niveles de corrupción y politiquería. Lo que en últimas condujo al endeudamiento de los entes territoriales, reproduciendo restricciones a la inversión y a la política social a nivel local, que permitía generar impactos positivos en pro del desarrollo regional y la mejora de la calidad de vida de la población, en tanto la educación, la salud y el acceso a servicios públicos son factores fundamentales para el desarrollo económico y social, que permiten avanzar hacia la construcción de estructuras económicas locales solidas, en condiciones de equidad para toda la sociedad.