A partir de este momento, iniciamos una nueva etapa en el interior de nuestra Sociedad de Miembros del Seminario en Economía y Políticas Públicas, queremos comprender y entender las distintas visiones que existen desde la economía y otras ciencias sociales del desarrollo local.
¿Cómo podemos contribuir eficazmente al desarrollo de los barrios, municipios y ciudades?
¿Qué tiene la economía para aportar en términos del desarrollo local?
¿Quienes son partícipes de los procesos de desarrollo local?
¿Son las intervenciones de desarrollo local más políticas que económicas?
¿Cómo se asignan los bienes públicos locales?
Te invitamos a que estés atento a estos temas y realices tus comentarios.
viernes, 30 de abril de 2010
martes, 6 de abril de 2010
foro: los desafios del interes publico local
Se hace la invitacion abierta a toda la comunidad academica de la universidad del cauca y demas instituciones a participar en el foro "los desafios del interes comun" que se realizara en el banco de la republica el dia 8 de abril a las 8 am. se trataran ponencias interesantes acerca de temas de tesis y documentos realizados por los premios nobel del año 2009 Williamson y Ostrom, esperamos su valiosa asistencia.
lunes, 15 de marzo de 2010
PERSEPECTIVA DE LOS COSTOS DE TRANSACCION EN WILLIAMSON
Las instituciones plantean aún hoy enigmas e incógnitas sobre su funcionalidad en una economía moderna, sin embargo se puede decir que durante los últimos treinta años ha habido avances y progresos considerables en su estudio. El economista Oliver E. Williamson es uno de los economistas que en épocas contemporáneas más se ha concentrado en su análisis y recomienda que, a la espera de que surja una teoría unificada, se deba más bien aceptar un enfoque plural de las mismas, ya que considera que las instituciones son muy complejas (Enrique A. Bour (FIEL, UBA)). Williamson se propuso aclarar por qué algunas transacciones ocurren en las empresas y no en los mercados, y concluyó que las organizaciones jerárquicas emergen cuando las transacciones son complejas y las partes son interdependientes.
La economía neoclásica por otro lado, no le prestó gran atención a los costos de transacción y a las instituciones. Puesto que fue Ronald Coase quien desarrolló en su artículo de 1937 sobre "La naturaleza de la empresa," el supuesto estándar de que los costos de transacción eran cero que presenta la economía neoclásica, ya que afirmaba que bajo costos de transacción nulos, se llevará a cabo un intercambio eficiente de derechos de propiedad, independiente de la decisión legal. Esta proposición, conocida como el Teorema de Coase, no se cumple cuando se consideran los costos de transacción, la negociación resulta costosa, por lo cual el marco institucional de leyes determinarán la eficiencia de los intercambios. Se pueden resumir los argumentos del Coase así: ante presencia de determinadas externalidades, siempre será posible la consecución de una externalidad óptima, y de un máximo nivel de bienestar. Esto se logrará a través de la negociación. Para ello es necesario que los derechos de propiedad de las distintas partes estén bien asignados y pueden defenderse. Otra condición es que el sistema de precios funcione sin costes y no existan efectos renta, en el marco del equilibrio general.
En concordancia con este planteamiento, Williamson subrayó que el hecho de que las transacciones se organicen dentro de una empresa o entre empresas autónomas es una variable de decisión y que la forma seleccionada va a depender de los costos de transacción de cada alternativa, lo que a su vez implica tener presente los atributos observables de la transacción, los factores de comportamiento causantes de la aparición de las fricciones transaccionales y la incidencia de estas últimas en las estructuras institucionales.
La economía neoclásica por otro lado, no le prestó gran atención a los costos de transacción y a las instituciones. Puesto que fue Ronald Coase quien desarrolló en su artículo de 1937 sobre "La naturaleza de la empresa," el supuesto estándar de que los costos de transacción eran cero que presenta la economía neoclásica, ya que afirmaba que bajo costos de transacción nulos, se llevará a cabo un intercambio eficiente de derechos de propiedad, independiente de la decisión legal. Esta proposición, conocida como el Teorema de Coase, no se cumple cuando se consideran los costos de transacción, la negociación resulta costosa, por lo cual el marco institucional de leyes determinarán la eficiencia de los intercambios. Se pueden resumir los argumentos del Coase así: ante presencia de determinadas externalidades, siempre será posible la consecución de una externalidad óptima, y de un máximo nivel de bienestar. Esto se logrará a través de la negociación. Para ello es necesario que los derechos de propiedad de las distintas partes estén bien asignados y pueden defenderse. Otra condición es que el sistema de precios funcione sin costes y no existan efectos renta, en el marco del equilibrio general.
En concordancia con este planteamiento, Williamson subrayó que el hecho de que las transacciones se organicen dentro de una empresa o entre empresas autónomas es una variable de decisión y que la forma seleccionada va a depender de los costos de transacción de cada alternativa, lo que a su vez implica tener presente los atributos observables de la transacción, los factores de comportamiento causantes de la aparición de las fricciones transaccionales y la incidencia de estas últimas en las estructuras institucionales.
martes, 9 de marzo de 2010
EL CAPITAL SOCIAL Y LAS INSTITUCIONES
El primer uso del concepto de capital social se remonta a un escrito de G. Loury, escrito prácticamente ignorado por la comunidad de las ciencias sociales, publicado como capitulo de un libro en 1977 y citado, casi a título de curiosidad arqueológica, por Colman.
El Francés Bourdieu le dio carta de ciudadanía en 1980, él lo entendía como aquel residuo, atribuible a las conexiones personales de un individuo y a su pertenencia a un grupo, que explican su éxito económico y social superior al de las personas con comparables niveles de capital cultural y físico.
Por lo tanto el capital social puede ser visto como la capacidad de los individuos para asociarse en grupos y alcanzar objetivos comunes; además esto depende del grado en que los integrantes de una comunidad confían unos en otros, igualmente de los valores y normas que comparten. Es así como el capital social contribuye a fortalecer los actores y redes sociales (sociedad civil), por tanto facilita un sistema transparente y eficiente en la gestión pública del Estado.
El capital social puede considerarse como un factor clave para el fortalecimiento de la democracia, al contribuir al crecimiento institucional y promover el desarrollo con equidad e inclusión social.
Ahora bien es importante, reconocer como lo menciona Putman que “el contexto social y la historia condicionan profundamente el desempeño de las instituciones”. Esto se debe pues a que las normas compartidas y la participación cívica apoyan el crecimiento económico y permiten que las instituciones públicas sean más eficientes por el hecho de que el comportamiento oportunista está inhabilitado y la participación de la ciudadanía al igual que la existencia de redes cívicas son factores claves que influyen de manera positiva para la transparencia y eficacia de las instituciones públicas.
El Francés Bourdieu le dio carta de ciudadanía en 1980, él lo entendía como aquel residuo, atribuible a las conexiones personales de un individuo y a su pertenencia a un grupo, que explican su éxito económico y social superior al de las personas con comparables niveles de capital cultural y físico.
Por lo tanto el capital social puede ser visto como la capacidad de los individuos para asociarse en grupos y alcanzar objetivos comunes; además esto depende del grado en que los integrantes de una comunidad confían unos en otros, igualmente de los valores y normas que comparten. Es así como el capital social contribuye a fortalecer los actores y redes sociales (sociedad civil), por tanto facilita un sistema transparente y eficiente en la gestión pública del Estado.
El capital social puede considerarse como un factor clave para el fortalecimiento de la democracia, al contribuir al crecimiento institucional y promover el desarrollo con equidad e inclusión social.
Ahora bien es importante, reconocer como lo menciona Putman que “el contexto social y la historia condicionan profundamente el desempeño de las instituciones”. Esto se debe pues a que las normas compartidas y la participación cívica apoyan el crecimiento económico y permiten que las instituciones públicas sean más eficientes por el hecho de que el comportamiento oportunista está inhabilitado y la participación de la ciudadanía al igual que la existencia de redes cívicas son factores claves que influyen de manera positiva para la transparencia y eficacia de las instituciones públicas.
viernes, 5 de marzo de 2010
LAS INSTITUCIONES PARA LA ACCION COLECTIVA.
LAS INSTITUCIONES PARA LA ACCION COLECTIVA.
Es necesario destacar, que las razones para la persistencia y universalidad de los problemas sociales no debe buscarse solamente en argumentos de tipo económico, sino que se debe contemplar otras dimensiones, entre las que se encuentra, los mecanismo de decisión y acción colectiva que las sociedades construyen y administran para prevenir y/o resolver problemas de interés común. En este aspecto Acquatella (2003) resalta que “Los mecanismo de decisión y acción colectiva, toman la forma concreta de un conjunto de instituciones, organizaciones y políticas públicas (IOPP) que componen una infraestructura cuyas partes guardan evidentes interdependencias mutuas pero que admiten ser tratadas y analizadas largamente por separado.” Bajo este esquema, en cada uno de estos componentes es común que se presenten problemas en el diseño e implementación.
Lo anterior, es motivo para que los países estén preparados para introducir correcciones y adaptaciones que los rápidos cambios en el entorno en que operan, hacen necesarias. La superación de tal situación requiere revisar a fondo el diseño y funcionamiento de los medios creados por la propia sociedad para atender necesidades colectivas y resolver problemas de interés común. Para esto se hace necesario contar con un marco conceptual que permita abordar analíticamente las complejidades y posibles imperfecciones de diseño y de operación de la infraestructura del conjunto de las instituciones, organizaciones y políticas públicas. Teniendo presente, no solo las que tienen responsabilidad directa sobre los objetivos y metas, sino también, las vinculadas a otros sectores del ámbito publico, cuyo accionar puede provocar de manera probablemente inadvertida e involuntaria, externalidades negativas para dichos objetivos.
Es necesario destacar, que las razones para la persistencia y universalidad de los problemas sociales no debe buscarse solamente en argumentos de tipo económico, sino que se debe contemplar otras dimensiones, entre las que se encuentra, los mecanismo de decisión y acción colectiva que las sociedades construyen y administran para prevenir y/o resolver problemas de interés común. En este aspecto Acquatella (2003) resalta que “Los mecanismo de decisión y acción colectiva, toman la forma concreta de un conjunto de instituciones, organizaciones y políticas públicas (IOPP) que componen una infraestructura cuyas partes guardan evidentes interdependencias mutuas pero que admiten ser tratadas y analizadas largamente por separado.” Bajo este esquema, en cada uno de estos componentes es común que se presenten problemas en el diseño e implementación.
Lo anterior, es motivo para que los países estén preparados para introducir correcciones y adaptaciones que los rápidos cambios en el entorno en que operan, hacen necesarias. La superación de tal situación requiere revisar a fondo el diseño y funcionamiento de los medios creados por la propia sociedad para atender necesidades colectivas y resolver problemas de interés común. Para esto se hace necesario contar con un marco conceptual que permita abordar analíticamente las complejidades y posibles imperfecciones de diseño y de operación de la infraestructura del conjunto de las instituciones, organizaciones y políticas públicas. Teniendo presente, no solo las que tienen responsabilidad directa sobre los objetivos y metas, sino también, las vinculadas a otros sectores del ámbito publico, cuyo accionar puede provocar de manera probablemente inadvertida e involuntaria, externalidades negativas para dichos objetivos.
jueves, 4 de marzo de 2010
El Enfoque del Actor Racional y El Enfoque de la Racionalidad Limitada
La ciencia política surgió de la ‘teoría de la decisión’, que estuvo referida a la optimización de todos los efectos de las decisiones y al cálculo de los costos y beneficios vinculados a esas decisiones. La ciencia política se centró en el comportamiento de un actor (racional) que alcanzaría una decisión en una situación de estar completamente informado y con una jerarquización clara y completa de la preferencia (Braybrooke y Lindblom, 1963). Por supuesto, este modelo surgió de la economía. No sorprende que Lindblom incluya la economía del bienestar en su crítica al enfoque del actor racional o, como él lo llamó, el ‘modelo sinóptico’. En el enfoque del actor racional, el tomador de decisiones aspira a un ‘escudriñamiento sistemático de todas las políticas posibles, para un análisis sistemático similar de las consecuencias de cada alternativa posible, y para una opción de política que sirva a las metas u objetivos establecidos de alguna forma separadamente’ (Braybrooke y Lindblom, 1963:38). El modelo del actor racional asume que los procesos de las políticas suceden en fases (formulación de la política, decisión e implementación), basado en una visión en la que el tomador de decisiones primero analiza el problema y las alternativas y luego toma una decisión racional acerca de cuál opción deberá escoger.
El enfoque racional, fue fuertemente atacado en los cuarenta y cincuenta por académicos destacados como Simon y Lindblom, quienes preferían un enfoque que pudiera ser denominado ‘de racionalidad limitada’. Enfatizaron en la imposibilidad de una situación con información completa. El análisis completo de los problemas no es posible ni deseable, dados el costo de la información y la limitación de oportunidades disponibles para que los tomadores de decisiones procesen toda esa información (Lindblom, 1979:518). Los procesos de políticas son impredecibles debido a la información incompleta y los valores ambiguos (Braybrooke y Lindblom: 1963:23.31). A pesar de que la crítica de analistas como Simon y Lindblom es fuerte y convincente, no afecta la esencia del modelo clásico del actor racional, esto es, la suposición de que los procesos de políticas pueden ser dirigidos por la perspectiva de un solo actor, o al menos ser interpretados desde ésta. Parte de la literatura de la implementación (Pressman y Wildavsky, 1983) y la mayor parte de la literatura sobre instrumentos de políticas (Hood, 1983; De Bruijn y Hufen, 1992), se incluyen en este enfoque de racionalidad limitada.
Un nuevo enfoque de la política por procesos representaba, sin embargo, una ruptura con el tradicional enfoque de decisión. En los setenta varios enfoques teóricos conceptualizaron los primeros rasgos de un acercamiento de proceso hacia la política pública: por ejemplo el modelo de la política gubernamental de Allison (1971), las teorías de la construcción de agenda de autores como Cobb y Elder (1983) y el enfoque de interacción de Lindblom (Lindblom y Cohen, 1979). En todas estas teorías, la política pública es el resultado de la interacción entre varios actores que intentan influenciar el proceso político en una dirección favorable a sí mismos. Lindblom, cuyo trabajo muestra un cambio de un enfoque de racionalidad limitada (Braybrooke y Lindblom, 1963) hacia un enfoque de proceso (Lindblom y Cohen, 1979), escribe que ‘un resultado puede surgir de la interacción entre los tomadores de decisiones, cada uno de los cuales está en busca de soluciones a sus propios problemas más que a un problema manifiesto’ (Lindblom y Cohen, 1979:34).
El enfoque racional, fue fuertemente atacado en los cuarenta y cincuenta por académicos destacados como Simon y Lindblom, quienes preferían un enfoque que pudiera ser denominado ‘de racionalidad limitada’. Enfatizaron en la imposibilidad de una situación con información completa. El análisis completo de los problemas no es posible ni deseable, dados el costo de la información y la limitación de oportunidades disponibles para que los tomadores de decisiones procesen toda esa información (Lindblom, 1979:518). Los procesos de políticas son impredecibles debido a la información incompleta y los valores ambiguos (Braybrooke y Lindblom: 1963:23.31). A pesar de que la crítica de analistas como Simon y Lindblom es fuerte y convincente, no afecta la esencia del modelo clásico del actor racional, esto es, la suposición de que los procesos de políticas pueden ser dirigidos por la perspectiva de un solo actor, o al menos ser interpretados desde ésta. Parte de la literatura de la implementación (Pressman y Wildavsky, 1983) y la mayor parte de la literatura sobre instrumentos de políticas (Hood, 1983; De Bruijn y Hufen, 1992), se incluyen en este enfoque de racionalidad limitada.
Un nuevo enfoque de la política por procesos representaba, sin embargo, una ruptura con el tradicional enfoque de decisión. En los setenta varios enfoques teóricos conceptualizaron los primeros rasgos de un acercamiento de proceso hacia la política pública: por ejemplo el modelo de la política gubernamental de Allison (1971), las teorías de la construcción de agenda de autores como Cobb y Elder (1983) y el enfoque de interacción de Lindblom (Lindblom y Cohen, 1979). En todas estas teorías, la política pública es el resultado de la interacción entre varios actores que intentan influenciar el proceso político en una dirección favorable a sí mismos. Lindblom, cuyo trabajo muestra un cambio de un enfoque de racionalidad limitada (Braybrooke y Lindblom, 1963) hacia un enfoque de proceso (Lindblom y Cohen, 1979), escribe que ‘un resultado puede surgir de la interacción entre los tomadores de decisiones, cada uno de los cuales está en busca de soluciones a sus propios problemas más que a un problema manifiesto’ (Lindblom y Cohen, 1979:34).
martes, 2 de marzo de 2010
LA DESCENTRALIZACION Y EL DESARROLLO LOCAL
En su concepción básica, la descentralización es un proceso que está soportado en el trípode de lo político, lo administrativo y lo fiscal, con miras a fortalecer las estructuras territoriales subnacionales. Descentralizar lleva a pensar en entrega de poder, en autonomía de decisión y de control de recursos, y en mayores responsabilidades y competencias de regiones y localidades, de manera que pueda potenciarse la interacción y acercamiento entre el Estado y sus comunidades.
Los diferentes niveles y énfasis de descentralización permitirían hablar, entonces, de un Estado próximo o lejano. Ahora, con un Estado próximo o más descentralizado, se viabilizan los procesos de construcción de ciudadanía y se incide claramente en el grado de compromiso con el interés general y colectivo.
La dimensión y el alcance político, económico e institucional que posee la descentralización, exigen asumirla como parte de un complejo proceso de reforma, adecuación y modernización integral del Estado. El fortalecimiento de la sociedad civil y la acumulación del capital social, resultan afines a la descentralización.
La descentralización contribuye a promover el desarrollo local, democratizando los procesos sociales, aumentando la participación popular y reduciendo la injusticia social, aunque no ha sido suficiente para generar un desarrollo ampliamente difundido e igualitario en todo el territorio.
Las crecientes desigualdades sociales en el país han motivado la definición e implementación de una amplia gama de políticas públicas, en donde la descentralización se ha perfilado como uno de los paradigmas claves para contrarrestar las tendencias desestabilizadoras de nuestro orden social. La descentralización ha sido alternativamente una estrategia para responder a las nuevas exigencias del mundo global, y de cierta forma un mecanismo para legitimar al Estado en crisis.
Consolidarla y constituirla en estrategia central para alcanzar la autonomía y el desarrollo territorial, es el reto colectivo que se tiene hacia el futuro.
Aunque se ha avanzado en materia de descentralización, aún persisten iniquidades territoriales y desequilibrios en todo el territorio. Algunos de los problemas más sentidos obedecen a la planificación sectorial sin un claro referente territorial, alto deterioro en la calidad de vida poblacional, concentración del desarrollo en grandes aglomeraciones, promulgación de políticas homogéneas para un territorio diverso y heterogéneo, marcada exclusión social, conflictos de competencias entre instituciones de diferentes niveles territoriales, desajustes en las finanzas nacionales y territoriales, y recrudecimiento de los conflictos sociales y políticos, entre otros.
Así las cosas, la descentralización podría llegar a impulsar el desarrollo local, motivando la acción colectiva y generando capital social, que se traduciría en políticas mejor enfocadas y con más aplicabilidad, políticas impulsadas por la propia comunidad.
Lamentablemente, la cultura del subsidio – impulsada por el gobierno, actuando como Estado Paternalista – ha impedido que la población desarrolle su capacidad de acción colectiva, estancando de esta forma el desarrollo de las comunidades.
Los diferentes niveles y énfasis de descentralización permitirían hablar, entonces, de un Estado próximo o lejano. Ahora, con un Estado próximo o más descentralizado, se viabilizan los procesos de construcción de ciudadanía y se incide claramente en el grado de compromiso con el interés general y colectivo.
La dimensión y el alcance político, económico e institucional que posee la descentralización, exigen asumirla como parte de un complejo proceso de reforma, adecuación y modernización integral del Estado. El fortalecimiento de la sociedad civil y la acumulación del capital social, resultan afines a la descentralización.
La descentralización contribuye a promover el desarrollo local, democratizando los procesos sociales, aumentando la participación popular y reduciendo la injusticia social, aunque no ha sido suficiente para generar un desarrollo ampliamente difundido e igualitario en todo el territorio.
Las crecientes desigualdades sociales en el país han motivado la definición e implementación de una amplia gama de políticas públicas, en donde la descentralización se ha perfilado como uno de los paradigmas claves para contrarrestar las tendencias desestabilizadoras de nuestro orden social. La descentralización ha sido alternativamente una estrategia para responder a las nuevas exigencias del mundo global, y de cierta forma un mecanismo para legitimar al Estado en crisis.
Consolidarla y constituirla en estrategia central para alcanzar la autonomía y el desarrollo territorial, es el reto colectivo que se tiene hacia el futuro.
Aunque se ha avanzado en materia de descentralización, aún persisten iniquidades territoriales y desequilibrios en todo el territorio. Algunos de los problemas más sentidos obedecen a la planificación sectorial sin un claro referente territorial, alto deterioro en la calidad de vida poblacional, concentración del desarrollo en grandes aglomeraciones, promulgación de políticas homogéneas para un territorio diverso y heterogéneo, marcada exclusión social, conflictos de competencias entre instituciones de diferentes niveles territoriales, desajustes en las finanzas nacionales y territoriales, y recrudecimiento de los conflictos sociales y políticos, entre otros.
Así las cosas, la descentralización podría llegar a impulsar el desarrollo local, motivando la acción colectiva y generando capital social, que se traduciría en políticas mejor enfocadas y con más aplicabilidad, políticas impulsadas por la propia comunidad.
Lamentablemente, la cultura del subsidio – impulsada por el gobierno, actuando como Estado Paternalista – ha impedido que la población desarrolle su capacidad de acción colectiva, estancando de esta forma el desarrollo de las comunidades.
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