Posible solución a la deuda pública territorial desde algunos de los planteamientos de Ostrom y Williamson

El proceso de descentralización en Colombia a pesar de tener como uno de sus propósitos la transferencia efectiva de responsabilidades, recursos y poder decisorio del nivel nacional hacia las entidades territoriales, ocasionó dificultades en el logro de los objetivos de desarrollo regional, autonomía y mejora de las condiciones sociales, trazadas en ese entonces.
Dicho proceso, se ha fundamentado en la transferencia efectiva de responsabilidades, recursos y poder decisorio del nivel nacional hacia las entidades territoriales. Pero la mayor independencia otorgada y el traslado de competencias generaron un rápido crecimiento de los gastos territoriales que evidenciaron cierta incapacidad de las entidades territoriales para generar recursos propios, de manera que tanto la dependencia de las transferencias nacionales como el proceso de endeudamiento para financiar sus déficits fueron crecientes.

En los Departamentos y municipios del país, se presentaron desequilibrios presupuestales entre la ejecución real de los ingresos y los niveles efectivos del gasto, debido entre otras cosas, a malos hábitos administrativos que comprometían vigencia tras vigencia recursos del ente territorial, generando un déficit fiscal creciente, que poco a poco debilitó su capacidad económica y terminó sumiéndolo en una profunda crisis financiera.

Debido al alto nivel de dependencia de las transferencias y la escasa generación de ingresos propios, la deuda se constituye en una limitación para el desarrollo de las entidades territoriales, en cuanto impide la destinación de mayores recursos para la inversión social, el fortalecimiento de la oferta, el aumento en el consumo de los bienes producidos por las empresas de las entidades territoriales, hacer frente a los diversos problemas públicos que se presentan y la prestación de los bienes y servicios que tienen a su cargo, con altos niveles calidad y cobertura.

Igualmente se debe tener en cuenta que los pagos de la deuda contraída, se constituyen en un limitante para que los entes territoriales tomen decisiones autónomas en sus territorios, puesto que el cumplimiento de las obligaciones financieras se transforma en una prioridad incluso por encima de los gastos en salud, educación, y saneamiento básico.

Entonces, el proceso de descentralización en Colombia, determinó la necesidad de las entidades territoriales de endeudarse para cumplir con las nuevas obligaciones asignadas a través de mandato constitucional, bajo condiciones que llevaron en el mediano plazo a aumentar los montos de la deuda y por consiguiente a incrementar los recursos destinados por los municipios y departamentos al pago de la deuda contraída con las entidades financieras , mientras disminuían los asignados para política social y desarrollo económico regional.

Así, a finales de la década de los años 90 se presentó una crisis de sostenibilidad fiscal a nivel territorial que hizo necesaria la formulación y adopción de un programa de saneamiento fiscal e institucional para ese nivel de gobierno con el fin de mitigar los efectos de los desequilibrios presentes en las finanzas departamentales y los problemas que esto conllevaba, a nivel económico y social, evidenciando una insuficiencia de recursos para atender simultáneamente todas las obligaciones adquiridas por las entidades territoriales, en calidad de prestadoras de determinados servicios públicos, planificadoras y promotoras del desarrollo económico y social y coordinadora de entidades y funcionarios de otros niveles administrativos.

Si bien el Gobierno nacional como respuesta a la crisis de endeudamiento a nivel territorial adoptó medidas e implementó leyes para garantizar la estabilización financiera y la viabilidad fiscal, estas no fueron lo suficientemente eficientes como para lograr combatir la problemática social del país, así, que a propósito de las contribuciones de últimos premios nobel de economía, se debe apostar a formas no convencionales para la resolución de este tipo de problemáticas, involucrando propuestas alternativas que requieren de la participación directa e indirecta de todos los afectados y de la adopción de un régimen de transparencia que permita conseguir resultados más equitativos.

Por otra parte, la incapacidad de los entes territoriales para planificar y lograr un mayor desarrollo económico y social, en gran medida se debe a la deuda pública de los mismos, pues dentro de la destinación del presupuesto, la cancelación de ésta, tiene prioridad sobre los gastos en salud, educación, y saneamiento básico. Al respecto se resalta lo propuesto por Elinor Ostrom, pues para lograr niveles de satisfacción más elevados, los fondos y recursos públicos deben ser controlados y empleados para la supervivencia del Estado de Bienestar o del régimen de Seguridad Social.

Finalmente, vale la pena resaltar que los trabajos académicos realizados por Ostrom y Williamson, dentro de la NEI, integrando conceptos de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, son un gran aporte para comprender el desempeño y evolución de las instituciones como un conjunto de reglas que contribuyen al funcionamiento del sistema económico, tanto a nivel macro y micro y, por ende aportan soluciones importantes que deben tenerse presentes a la hora de proponer iniciativas para mitigar las diferentes problemáticas sociales a las que se ve enfrentado el sector público. En lo referente a la solución para disminuir la deuda pública, de manera que ésta no sea una limitación para la actividad productiva, el progreso del País y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, puede decirse, siguiendo a Ostrom y Williamson, que la clave está en lograr articular los intereses colectivos para satisfacer a todos los sectores de la población y así obtener altos niveles de desarrollo.

LA GOBERNANZA AMBIENTAL “POR EL DERECHO A LA SEGURIDAD AMBIENTAL”

LA GOBERNANZA AMBIENTAL “POR EL DERECHO A LA SEGURIDAD AMBIENTAL”
En materia de seguridad ciudadana intervienen cada vez más actores locales que en conjunto integran la lógica de la coerción con las de la prevención integral y la solidaridad. Se requieren instrumentos y prácticas que faciliten su intervención coordinada para una respuesta efectiva a la demanda ciudadana. Esta situación necesita nuevos modos de regulación y de negociación de las políticas públicas de seguridad AMBIENTAL. Los conceptos de gobernabilidad y gobernanza pueden ser aplicados de manera operativa en respuesta a esta nueva situación.
La gobernanza ha sido un tema muy debatido en las últimas décadas por economistas y politólogos; con el fin de dar a conocer como debe ser y para que debe ser utilizado el poder en nuestra sociedad actual caracterizada por el egoísmo y supremacía de lo privado sobre lo común; en el tema ambiental desde la perspectiva del ser natural reconociendo al hombre como ser social pero también como ser biológico dotado de toda clase de “bienes naturales” puesto a su autonomía, se tiene como presente que la seguridad aparece como una preocupación latente para los ciudadanos.
En los últimos años, varios acontecimientos han influenciado para que en muchas ciudades del mundo aparezca la seguridad como uno de los temas centrales. Las encuestas de opinión así lo constatan. En nuestro país temas como el terrorismo, la aversión al riesgo y al conflicto inciden en la preocupación por la seguridad; además de la desigualdad socio-económica y la pérdida de credibilidad en las instituciones que afectan de manera crucial la demanda de seguridad por parte de los ciudadanos.
Frente a una demanda ciudadana creciente, aparece la dificultad del Estado para responder eficazmente a todas las variables de la inseguridad. A esto se suma que durante las últimas tres décadas los especialistas de la Administración Pública y del Estado han pregonado la doctrina de la reducción del tamaño del Estado. Sin embargo, un Estado cada vez más reducido, de manera relativa o de manera absoluta, confrontado a una demanda cada vez más importante en materia de seguridad, se enfrenta a un problema crucial: la imposibilidad de responder a todos los problemas de la seguridad de manera apropiada. Así, la respuesta eficaz del Estado a los problemas de seguridad ha encontrado límites en las últimas décadas. Por otra parte, la política pública cambió en los últimos años con la demanda de la comunidad para verse involucrada en las decisiones que la afectan y en su implementación. Los pasos hacia una democracia deliberativa o participativa en el discurso y en la norma, y algunas veces en la práctica, también están induciendo cambios en los modos de gestión de lo público.
La Gobernanza es un proceso de articulación Estado-sociedad civil dirigido a facilitar la gobernabilidad. Una forma particular de gobernanza es la ambiental definida como la articulación Estado-sociedad civil en materia de normas, leyes, regulaciones dirigidas al uso y conservación de los recursos naturales. La crisis de legitimidad del sistema político también ha fortalecido a los movimientos sociales. Estos se entienden como una red de interacción informal de individuos u organizaciones que comparten una identidad y que intervienen en conflictos destinados a modificar el orden establecido. La globalización también provoca el desajuste entre el Estado-nación y su territorio. Ámbitos territoriales subnacionales se transforman así en espacios adecuados para la construcción de políticas y de sociedad. En síntesis, existe una primera relación de carácter teórico entre movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural ocasionado por la globalización, la crisis del Estado-nación y la deslegitimación del sistema político. La situación se ha tornado compleja y se requieren instrumentos y prácticas que faciliten la intervención coordinada de los distintos actores, para, al fin de cuentas, responder al ciudadano en las problemáticas que lo aquejan. Esta situación necesita nuevos modos de regulación y de negociación de lo público, precisamente es en este nuevo contexto que han aparecido los conceptos de gobernabilidad y gobernanza.
¿Qué instrumentos de gobierno resultan más efectivos para facilitar la participación ciudadana efectiva en cuanto a Gobernanza ambiental?
Los mecanismos e instrumentos de gobierno para hacer mas efectivos los procesos de Gobernanza ambiental cubren una amplia gama de posibilidades, entre estos están:
• Mecanismos de consulta electoral amplios donde los ciudadanos muestren sus preferencias y las revelen
• Consejos o Corporaciones Nacionales de Desarrollo con capacidad de ejecución de políticas con un órgano de gobierno en el que estén representados distintos actores de todo ámbito social.
• Comités ambientales con funciones de asesoramiento a los organismos específicos del Poder Ejecutivo, con representación de los distintos actores involucrados.
• Unidades Reguladores de Medio Ambiente con participación de actores sociales. La explotación de los recursos y los servicios puede estar cedida a terceros pero la Unidad Reguladora conserva la propiedad y el control sobre su uso.
• Mecanismos de consulta ad-hoc con representantes de los Movimientos Sociales y funcionarios del Gobierno en torno a problemáticas específicas.
• Ejercicios de Planificación Estratégica (del territorio) y de Planificación Prospectiva (del territorio) con la participación de actores.
• Presupuestos participativos a nivel de los gobiernos locales contemplando los aspectos ambientales.
En conclusión la gobernanza ambiental tiene una importancia fundamental para articular el tema de recursos naturales con la sociedad civil además que permite un empoderamiento de “lo nuestro” y por ende generar un gran campo de acción en lo social.

El papel relevante de la ética o de una buena "atmósfera" en el crecimiento económico y desarrollo

Un aporte de la teoría institucionalista es que los costos de transacción se incrementan cuando la atmósfera política y económica se “enrarece”, ralentizándose con ello el crecimiento económico y reduciéndose la competitividad en un entorno de economía globalizada. Esta comprobación llevó a que los gobiernos de países con mayor crecimiento, las agencias internacionales de cooperación, a los grandes organismos prestatarios internacionales y, como no, las grandes multinacionales a volver a preocuparse por los gobiernos y sus administraciones, y como consecuencia a resaltar la importancia de tener gobiernos honestos (para empezar, no corruptos).

La nueva economía institucional defiende que los fracasos del mercado tienen origen frecuentemente en los costos de transacción, pues la organización económica es, ante todo, un problema de contratación, de cómo relacionarse contractualmente para intercambiar económicamente. Los costos de transacción implican la suma de todos los costos relacionados con decidir, negociar, planificar u organizar un contrato. En suma, son los costos de dirigir el sistema económico y pueden ser de dos tipos: ex ante y ex post. Los "ex ante" se aplican a los costos de preparar, negociar y salvaguardar un acuerdo. Los "ex post" se refieren a los costos de mala adaptación, cuando las transacciones divergen de la especificación original del contrato; los costos de regateo, para corregir transacciones posteriores al contrato; los costos de instalación y dirección, relacionados con las estructuras de gobierno a las que someten sus discusiones; y los costos de vinculación, por llevar a cabo compromisos seguros. Donde existe incertidumbre elevada y reduciuda capacidad de control por la multiplicidad de transacciones, como es el caso en la actualidad, en todas las economías, los costos asociados a los contratos son altos, por lo que podrían producirse fracasos en el mercado.

Ahora es importante introducir el papel del oportunismo o la búsqueda del interés personal con astucia; este oportunismo se puede manifestar como selección adversa y como riesgo moral (dos caras de una misma moneda). Los proveedores, racionalmente, tienden a proporcionar información incompleta o tergiversada a sus contratistas. Este oportunismo es un problema sobre todo en el supuesto del intercambio de pequeñas cantidades, como sucede cuando existe escases de posibles proveedores. La competencia entre un gran número de proveedores en un mercado puede asegurar que, a los proveedores que se comporten de forma oportunista, les será difícil conseguir la renovación del contrato. Pero cuando el número de proveedores es pequeño en el mercado la sanción contra el oportunista es menos efectiva. Además, la especificidad de los bienes producidos hace que resulte caro a los compradores romper el contrato e iniciar una negociación nueva. En esos supuestos, los compradores están vinculados a compromisos de larga duración con un pequeño número de proveedores privilegiados, que pueden actuar como des-incentivadores para nuevos contratistas y reductores de las señales de mercado. De todo lo anteriormente enunciado se deduce que, si las personas embarcadas en actividades económicas actuaran maximizando su interés continuamente, el mercado produciría constantemente “trampas sociales”, es decir, situaciones en las que para evitar ser engañados los actores incurrirían en continuos mecanismos de control y aseguramiento, incrementando enormemente los costos de transacción y reduciendo, cuando no paralizando, la actividad económica (Rothstein, 2000). Por el contrario, si dichas personas actuaran impulsadas no sólo por criterios oportunistas y de interés inmediato, sino también por criterios morales y normativos, y confiaran en que los demás iban a actuar en el mismo sentido, los resultados serían muy diferentes.

Por ello el actual nobel Oliver Williamson crea el concepto de "atmósfera", que resume la base moral que enmarca el sistema de transacciones y afirma que los beneficios derivados de crear una atmósfera adecuada para las transacciones económicas es un justificante esencial para el diseño de estructuras de gobierno. Así, el desarrollo económico dependería de variables como la estructura institucional o el ambiente cooperativo. Cuanto mayor es el desarrollo económico, mayores son los costos de transacción, lo que genera dificultades mayores para dinamizar la economía; por ello, sólo cuando se afrontan adecuadamente dichos costos, la economía de los países crece. En general, la minimización de costos de transacción se produce 1) mediante normas legales o formales que garanticen los derechos de propiedad y su cumplimiento; 2) mediante normas informales que reduzcan o bien los costos de medición (dando mas o mejor información sobre las preferencias de los contratantes) o bien los costos de cumplimiento. En síntesis, una sociedad con instituciones eficaces, donde cada actor crea en el otro, empezando por el gobierno, será una sociedad con menores costos de transacción y más competitiva, una estrategia que está haciendo muchisima falta en nuestro contexto nacional y local. 

Fabian E. Salazar

fensavi@gmail.com

http://d-oikos.blogspot.com/

EL PAPEL DE LAS ELITES Y LOS CAMBIOS INSTITUCIONALES

EL NEOINSTITUCIONALISMO Y EL ENFOQUE DE LA GOBERNANZA EN EL ANALISIS DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

El enfoque del Neoinstitucionalismo se puede definir como un conjunto de principios cuya evolución ha ocurrido a lo largo de muchas décadas y que se inició coetáneamente con el surgimiento de la teoría económica clásica. La premisa de la cual parte la escuela de Chicago es que las personas, por lo general, tratarán de maximizar su bienestar o la percepción de su utilidad. De esta manera compiten entre sí y generan los mercados y la competencia. Ese esfuerzo por maximizar es lo que explica la existencia de las instituciones, de los mercados, de la información, de los monopolios, de los sindicatos y de los rent-seekins, etc, es esta misma premisa la que lleva a la economía neoinstitucional a buscar en los factores políticos, en las restricciones de economía política y en los factores institucionales e históricos, la explicación del progreso y/o atraso de los países, sus sectores y hasta de sus firmas y regiones

La economía neoinstitucional sostiene que, entre los mercados y su supuesta eficiencia, de una parte, y entre la intervención y su supuesta equidad, de otra, está las instituciones. Son éstas últimas las que definen qué tanto funcionan los mercados y qué tanto redistribuye la intervención. Por ello el estudio de las instituciones es indispensable para entender los resultados reales que surgen tanto de los mercados como de la intervención. De este modo el enfoque de la gobernanza (enfoque de red de políticas públicas) se hace importante en el análisis de la economía neoinstitucional, ya que subraya la naturaleza altamente interactiva de los procesos políticos al tiempo que destaca el contexto institucional en el que estos procesos tienen lugar. Estos contextos institucionalizados están caracterizados por vínculos relativamente estables entre organizaciones que se sustentan por un continuo flujo de recursos entre esas organizaciones. Esto conduce a una visión diferente de la gobernanza. Las organizaciones gubernamentales no son el actor central en los procesos políticos y las actividades de administración asumen un rol diferente. Esto no implica que todos los actores tengan igual poder, ya que la mayoría de las teorías de redes asumen que el poder de un actor está relacionado con los recursos que posee. En contraste con los enfoques ‘tradicionales’, en el enfoque de red de políticas públicas, el rol administrativo de los actores gubernamentales no es tan evidente. En principio, cada actor involucrado puede desarrollar un rol de administrador. Pero el rol de administrador en si mismo también difiere del definido en los enfoques tradicionales. Las actividades de administración se dirigen a una gran trayectoria de interacción, de mejoramiento y sustento entre los distintos actores involucrados, y a conjugar las metas y enfoques de los diversos actores. Así, no sólo las organizaciones gubernamentales ocupan una posición diferente, sino que también están involucradas en actividades distintas.

Además, el enfoque de red de políticas públicas atrae la atención a la importancia del contexto institucional en los temas de gobernanza. Si los procesos políticos tienen lugar en ciertos contextos institucionalizados, se hace importante entender este contexto y, donde fuera necesario y posible, cambiarlo. Entender el contexto institucional es importante porque, los acuerdos organizacionales son necesarios para coordinar interacciones complejas entre varios actores involucrados en procesos políticos.

RECONOCIMIENTO A LA ACCIÓN COLECTIVA EN EL DISEÑO DE SUS PROPIOS REGÍMENES DE GOBERNANZA.

Elinor Ostrom ha obtenido el Premio Nobel de Economía 2009, compartido
con Williamson, por su análisis económico de la gobernanza, especialmente de los comunes (los bienes comunales). Destacada en el campo de la Nueva Economía Institucional por sus estudios sobre la acción colectiva, la evolución de instituciones y su supervivencia a largo plazo.
Elinor Ostrom ha desafiado el conocimiento convencional de que la propiedad común es mal manejada y que debe regularse, ya sea por las autoridades centrales o que se privatice. La Academia la reconoció por "su análisis sobre la gobernanza económica", alegando que su trabajo demostró cómo la propiedad común puede ser administrada por los grupos que la utilizan. Con su planteamiento innovador, esta gran académica derrumba el mito planteado por el Biólogo, Garrett Hardin quien afirmó que es prácticamente imposible para las personas manejar recursos compartidos como bienes comunes. Pero el trabajo de Ostrom ha demostrado que las personas pueden de hecho desarrollar sistemas de comunicación y coordinación para trabajar juntas en la gestión de la riqueza colectiva. Pueden cultivar confianza recíproca y normas sociales necesarias para asignar los recursos escasos con justicia. Pueden elaborar reglas efectivas y sanciones graduales para castigar free riders.
Los argumentos teóricos planteados por esta premio nobel de Economía, pone nuevamente en evidencia como la regulación gubernamental tradicional ha sido ineficiente e ineficaz, al no dar respuesta a los problemas de coyuntura local. En temas sobre la sustentabilidad ambiental, los planes gubernamentales han demostrado un alcance limitado, y uno de los enfoques en los que la formulación de las políticas públicas resalta teóricamente, pero en la práctica brilla por su ausencia o poca importancia, es la involucración directa de los participantes afectados en la formulación de las reglas. En este campo Ostrom considera que al dar un papel preponderante a estos actores se lograría que “Tales enfoques permitan a la gente diseñar sus propios regímenes de gobernanza, que son a medida de las peculiaridades de los recursos locales, y pueden aprovechar la familiaridad personal de los comuneros con éstos." No obstante se debe resaltar la naturaleza y el contexto del bien común al cual se le debe aplicar este planteamiento teórico, buscando conocer la información que los ciudadanos y usuarios tienen sobre el recurso, indagar las relaciones a nivel personal y colectivo, la confianza institucional y el grado de asociatividad de los involucrados. Condiciones que nos permiten hacer una serie de apreciaciones muy relevantes para los actuales discursos, en la búsqueda de alcanzar la administración de un recurso publico sin regulaciones ni legalismos de mando y control.
Jaime Andrés Astaíza Bravo.