JUSTICIA COMUNITARIA COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCION DE DESARROLLO LOCAL.

para la construcción de desarrollo local se debe generar participación de los individuos afectados de tal manera que se puedan realizar cambios reflejados de adentro hacia afuera haciendo que haya un fortalecimiento de las comunidades y/o grupos sociales generando dinámicas que fortalezcan las relaciones sociales y permitan la construccion de nuevas herramientas como lo puede ser la justicia vista como una justicia comunitaria que puede ser entendida como una serie o un conjunto de mecanismos comunitarios para la resolución de conflictos, de esta forma se puede iniciar un proceso en el cual se relacionen las organizaciones e instituciones que forman parte de la construccion de sociedad civil mediante la resolucion de conflictos a nivel local y en cierta medida al Estado mediante la generación de politicas públicas que permitan el mejoramiento de las condiciones sociales

la generacion de una herramienta como la justicia comunitaria es la posibilidad de fortalecer la confianza de la poblacion en la sociedad civil partiendo de que esta puede comprender mejor la cultura entendida como las costumbres y la identidad de cada poblacion de tal manera que pueda ser mas equitativa al momento de generar soluciones ante los problemas y/o enfrentamientos entre diversos actores sociales pues de esta manera se pueden proteger los derechos de cada tipo de poblacion (indigenas, campesinos, afro descendientes, etc.) este tipo de justicia ayuda a la construccion de democracia y a la organizacion respetuosa por parte de la comunidad para ayudar a llenar aquellos vacios que en ocasiones deja el Estado, mostrando así que hay diversos caminos para propiciar modelos de intervencion local y regional con el objetivo de generar nuevas dinámicas en las cuales se pueda asumir las responsabilidades y tomar las decisiones eficientes, efectivas de manera organizada y certera.

Algunas Consecuencias del endeudamiento territorial sobre el desarrollo regional en Colombia.

Según el Departamento Nacional de Planeación (2009), el proyecto de desarrollo de cada uno de los territorios es el resultado de su proceso de autonomía territorial, en la búsqueda de las herramientas necesarias para impulsar mediante la democracia local, el desarrollo regional, visible a nivel social, político y económico.

El desarrollo territorial comprende la interacción de diferentes aspectos para lograr las transformaciones deseadas a nivel de cada ente territorial. En tal sentido, como lo propone Baena et al (2006), es necesario a la hora de formular un plan de desarrollo incluir las dimensiones Económica, Social, Ambiental e Institucional.

Dentro del análisis económico, el eje que articula la dinámica de tal desarrollo es la producción, por consiguiente se debe tener en cuenta la estructura de la producción, su sostenibilidad y la forma en que se distribuye el producto obtenido entre los habitantes de la región.

Sin embargo, debido al alto nivel de dependencia de las transferencias, la escasa generación de ingresos propios, el déficit fiscal vigencia tras vigencia y la corrupción, los gobiernos territoriales a la hora de asumir la prestación de los bienes y servicios que por mandato constitucional tienen a su cargo, deben recurrir al endeudamiento. Tal mecanismo de financiación, se constituye en una limitación para el desarrollo de los entes de carácter territorial, debido a que el pago de los montos adeudados y de los intereses sobre esta deuda, impide la destinación de mayores recursos para la inversión social y por tanto se torna más difícil hacer frente a los diversos problemas públicos que se presentan en las entidades territoriales, relacionados con la educación, la salud, la vivienda, el desempleo, la indigencia y el medio ambiente, entre los más importantes. De modo, que se disminuye la calidad y cobertura de los servicios públicos que deben ser prestados por la entidad territorial, traduciéndose esto en un debilitamiento de las condiciones de vida de la población.

También se puede decir, que la deuda pública y el pago de sus intereses no permite destinar los recursos necesarios para invertir en los sectores más productivos de cada región, que potencialmente generan mayores niveles de empleo, fortalecimiento de la oferta y aumento en el consumo de los bienes producidos por las empresas de las entidades territoriales.

Las autoridades locales desde el comienzo del proceso descentralizador, asumieron y reprodujeron restricciones a la inversión y a la política social en el nivel local, esto sumado al endeudamiento territorial, ocasionó que a pesar de las políticas de focalización ejecutadas para reducir la pobreza en el País, no se apreciara una mejora sustancial en las variables que miden la pobreza. Por el contrario fue notorio su deterioro; el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) presenta una mejoría constante desde 1973, año en el que siete de cada diez personas tenían una o más necesidades básicas insatisfechas, mientras en 1993 cuatro de cada diez personas estaban en tal situación, en los años posteriores, hasta el 2008 el panorama no varió mucho, pues aproximadamente entre dos y tres personas no tenían satisfechas sus necesidades básicas.

Al contrario de las bondades que se le atribuían en un principio a las reformas económicas, estas beneficiaron a unos pocos mientras que una gran parte de la población, vio empeorar sus condiciones de vida.

“El índice de línea de pobreza (LP) pasó de 53,8% en 1991 a 50,3% en 1997, y posteriormente a 59, 8 en el 2000. En 2003, el 64,2% de los colombianos eran pobres adicionalmente “no solo han aumentado los pobres, sino que estos son cada vez más pobres. La brecha de pobreza, que mide la distancia relativa entre el ingreso promedio de los pobres y el valor de la LP, se incrementó de 0,437 en 1997 a 0,542 en 2003” (Contraloría, 2004:43). En cuanto a la indigencia, el porcentaje se incrementa de 19,7% en 1999 a 23,4% en 2000”. (UNEB, 2005: 164)

En el caso de la salud, el principal objetivo de la política social era el fortalecimiento de la cobertura y la calidad, sin embargo el incremento del gasto social en salud y el nuevo modelo de aseguramiento que incluye la ley 100 de 1993, no se han traducido en mejores y mayores niveles de atención.

Es de resaltar la grave situación financiera de los hospitales públicos en su conjunto, llamada “crisis hospitalaria”, la cual muestra que la capacidad de los mismos, para cumplir con los requerimientos de cobertura y calidad se ve limitado porque los ingresos transferidos desde el Gobierno Central y los territoriales, no son suficientes para cubrir los gastos necesarios que garanticen su óptimo funcionamiento, como lo son el pago de nóminas a los médicos y demás empleados, la compra de medicamentos, la atención de los ciudadanos y el mantenimiento de equipos e instalaciones.

Además, los recursos desde los demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), no son girados a tiempo como consecuencia de la misma lógica del Sistema de Seguridad Social, porque a pesar de que sigan transfiriendo recursos a las entidades del sector, estos no llegan finalmente a las mismas, sino que se destinan a los intermediarios (financieros) del sistema.

Se pretende que por medio del cobro de los servicios prestados, el sistema de salud a nivel local sea sostenible; esto conduce a una mayor inequidad en la atención de la población. De esta manera, se configura una política social pro-cíclica que reproduce las desigualdades y las condiciones de exclusión y concentración del ingreso, aún en lo relacionado con los derechos fundamentales que debe garantizar un Estado social de derecho. (UNEB, 2005: 171)
Igualmente, los Departamentos tienen una gran obligación, ya que a diario son demandados por la atención, medicamentos, tratamientos y operaciones que no cubre el sistema de salud o que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo (POS), el cual es el conjunto básico de servicios de salud que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), deben prestar a sus afiliados.
En lo referente a la educación, lo primero que se debe considerar es que ésta se constituye en un factor fundamental para el desarrollo económico y social, por consiguiente el endeudamiento territorial y las medidas y leyes propuestas para contrarrestarlo, van en detrimento del desarrollo, al dar prioridad a otro tipo de gastos y restringir la inversión en este sector.

“El panorama de la educación en Colombia, visto a través de las tasas de deserción (6,7% en 1999), repitencia y reprobación (la tasa de aprobación cayó de 86% en 1998 a 83,7% en 2000), es preocupante. Las condiciones que debe cumplir el sistema educativo para reducirlas es responsabilidad del Gobierno Central y de los Gobiernos territoriales. La problemática de cada instancia de gobierno, así como las mismas metas fundamentales que se han planteado en el ejercicio de la política económica y social, se ven reflejados en el fracaso escolar”. (UNEB, 2005; 175).

No obstante, según información del Ministerio de Educación Nacional, a partir del año 2000, es notoria la tendencia a la disminución de las tasas de deserción escolar como muestra del esfuerzo que desde el Gobierno Nacional se ha realizado para ampliar la cobertura de este servicio y a la vez reducir la deserción, inasistencia y repitencia escolar, desde diversos programas y campañas, ejemplo de ello es la campaña “Ni uno menos”, con la cual, de acuerdo a la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, ha logrado que la tasa de deserción estudiantil en los colegios públicos se reduzca.

Según la Encuesta de Calidad de Vida (2003), la principal causa de inasistencia de estudiantes de 5 a 17 años, es la falta de recursos económicos, mientras para los jóvenes entre 12 y 17, es la dificultad de combinar el estudio con el trabajo o con responsabilidades en el hogar.

Esto se puede atribuir por una parte a la incapacidad de los gobiernos subnacionales para asumir el manejo de los fondos educativos regionales, a la disminución de las transferencias para la educación, pero también a las condiciones sociales y de pobreza de los Colombianos, que se supone son responsabilidad de los Departamentos como unidades subnacionales encargadas de la administración de los asuntos seccionales y de la planificación y promoción del desarrollo económico y social, dentro de su territorio.

En una parte significativa del territorio Colombiano, la calidad de los servicios es deficiente, esto debido a que los ingresos de los entes territoriales son escasos por la reducción de las transferencias del gobierno central y su incapacidad para generar recursos propios, además porque estos se destinan a otro tipo de gastos, que por su situación financiera y de sostenibilidad fiscal deben atender. Entonces, se presentan los casos en los que los recursos son insuficientes para cubrir la construcción de plantas de tratamiento de agua, rellenos sanitarios seguros y salubres para la población, sistemas adecuados para el vertimiento de las aguas residuales así como para recolectar las basuras periódicamente y garantizar la prestación permanente de los servicios de energía y acueducto.

Finalmente, es posible afirmar que conforme el proceso de descentralización se fortalecía, las entidades territoriales en la década de los noventa, se vieron enfrentadas a limitaciones en cuanto a la posesión de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones asignadas constitucionalmente, debido entre otras cosas, al débil sistema tributario local, la dependencia de las transferencias de la Nación que no fueron suficientes y los altos niveles de corrupción y politiquería. Lo que en últimas condujo al endeudamiento de los entes territoriales, reproduciendo restricciones a la inversión y a la política social a nivel local, que permitía generar impactos positivos en pro del desarrollo regional y la mejora de la calidad de vida de la población, en tanto la educación, la salud y el acceso a servicios públicos son factores fundamentales para el desarrollo económico y social, que permiten avanzar hacia la construcción de estructuras económicas locales solidas, en condiciones de equidad para toda la sociedad.

DESARROLLO LOCAL, PARTICIPACIÓN Y CULTURA.

Es importante dentro del contexto del desarrollo local una frase de Francois Perroux quien afirma que “El crecimiento no aparece en todas partes a la vez, se manifiesta en puntos o polos de crecimiento, con intensidades variables; se esparce por diversos canales y con efectos terminales variables para el conjunto de la economía” . De esta manera es importante reconocer que para que exista desarrollo local debe existir participación, como iniciativas locales de grupos sociales presentes en alguna zona geográfica, tales iniciativas deben ir de la mano con la coordinación interinstitucional y manejando un enfoque de diversidad cultural.
En este proceso debe existir la participación de los miembros de los grupos sociales, instituciones del Estado, sociedad civil y sector privado. Ahora bien el apoyo a iniciativas locales se fundamenta en la existencia de pueblos con identidad y cultura, los cuales tienen una diversidad de conocimientos y habilidades notables para el desarrollo local y la sostenibilidad de su territorio.
Por lo tanto, es fundamental que el desarrollo local sea pensado y planeado como un sistema integrado en el mercado global respetando los factores multidimensionales al nivel en el cual se localiza, También se debe reconocer que para que tal desarrollo se de con una participación efectiva y eficiente de la comunidad esta debe tener un fuerte capital social, ya que este no es sólo la suma de las instituciones que configuran una sociedad, sino que es asimismo la materia que las mantiene juntas.

ALGUNOS ELEMENTOS PARA CONSIDERAR EL DESARROLLO LOCAL EN POPAYÁN

Las sociedades y su particular interrelacionamiento posibilitan la construcción de cultura o culturas, cuyas formas, modelos o patrones ya sean implícitos o explícitos, son el medio que regula el comportamiento de las personas en un determinado contexto. Cada sociedad históricamente ha pretendido moldear su entorno, para de esta manera satisfacer sus necesidades sean apremiantes o no.

El desenvolvimiento de una sociedad a otra es muy particular, si bien es cierto que unas han realizado un proceso autónomo el cual ha permitido direccionar el rumbo de las mismas hacia el logro de objetivos deseables, otras por el contrario han adoptado medidas externas, que a diferencia de llevarlas al cumplimiento de los objetivos previstos, terminan por distorsionar las condiciones iniciales de las cuales partieron, lo que finalmente se traduce no en un avance sino en un retroceso.

En estos términos “El desarrollo Local” surge como un modelo de desarrollo alternativo el cual se convierte en una estrategia donde cada sociedad puede identificar y postular soluciones a partir del conocimiento de sus necesidades, desde el ámbito local y efectivamente encausar su rumbo hacia mejores estados de bienestar para la sociedad.

Bajo esta perspectiva es importante cuestionar la importancia que pueden o no tener el tiempo como elemento configurador de un proceso de avance hacia mejores niveles, condiciones, medios y relaciones de vida (Rodado, 2001) y de otro lado, la determinación que tienen cada uno de los actores involucrados en una sociedad para generar cambios positivos en la misma.

Los elementos mencionados se encuentran cargados de incertidumbre al aplicarlos en el contexto caucano, especialmente en Popayán. Pues si bien es cierto que en otras sociedades el tiempo ha jugado un papel fundamental en los procesos de mejoramiento de las sociedades, en Popayán estos elementos se encuentran en entredicho.

Popayán si bien no es la ciudad más antigua del país, se encuentra entre las primeras, en cuanto a fecha de fundación (1.536), notando además, que la categoría que se le otorgo para aquel entonces, fue de “Centro administrativo” y por ende de poder político y económico a nivel nacional. Sin embargo, estas razones no parecen haber sido suficientes para que en ella se produjera un proceso de desarrollo como podría pensarse. Porque si se revisa la historia de otras ciudades, de la región y el país, como Bogotá, Medellín y Cali, que tuvieron en principio menor o igual categorización, y fechas de fundación posteriores; los niveles de progreso han superado con creces el desarrollo de la mencionada.

Algunas de las conjeturas, que más se han difundido, como explicaciones de esta situación, ubican un estilo de desenvolvimiento cultural y político que se hizo parte de las prácticas sociales de la ciudad y el departamento, al punto que la han rezagado de los ritmos de evolución nacional y regional. De hecho, si se revisan los indicadores de desarrollo local y regional frente a los de otros entes de carácter nacional, y se confrontan con la injerencia de la ciudad a través de sus dirigentes en la política nacional, se pude colegir que el direccionamiento del desarrollo nacional hacia proyectos de modernización productiva y acumulación capitalista, estuvieron lejos de las dinámicas de manejo regionales. Por ende, los liderazgos políticos locales, en el ámbito nacional, parecen no responder a las dinámicas de los proyectos políticos regionales.

Se advierte que a Popayán y al Cauca, no les sirvió de mucho, ser la cuna de personajes ilustres de la vida nacional. De esta manera, ¿acaso las elites políticas del departamento, no le apostaron correctamente al sector o sectores que debían dinamizar y modernizar la economía?, y consideraron que la acumulación de tierras y el arduo trabajo en el sector primario sería el generador del excedente necesario para lograr los niveles deseables para la época (Macuacé, 2007).

Quizá estos interrogantes no se resuelvan en este documento, pero es importante dejar planteado que si el tiempo no ha jugado un papel determinante para el mejoramiento de Popayán como sociedad, en el cual las clases dirigentes no han impactado de manera positiva, existe una deuda de otros actores involucrados en el desarrollo local, como es el caso del grueso de la población, al no ejercer presión sobre las clases políticas para revertir el rumbo de la misma, ya que a diferencia del reclamo de los derechos, se mantienen cierto tipo de fidelidades electorales, propias de lo que Almond y Verba (1963), denominan cultura súbdita, como síntomas de la prevalencia de unas prácticas políticas tradicionales, que trasladan las relaciones de la vieja estructura hacendaria y patronal del siglo XIX, al manejo de la ciudad.

Desde este punto de vista, la ciudad se encuentra de alguna manera, anclada a la no modernidad política. Donde los caciques tradicionales, la hegemonía de familias, que casi desde la encomienda dirigen directa o indirectamente la administración pública, mantienen el control social y sus prebendas, sin que ello haya significado un salto cualitativo desde el punto de vista económico en el crecimiento y distribución del excedente económico.

Finalmente, bajo las actuales circunstancias de la ciudad y en busca de cambios significativos en la misma, cabe considerar que el identificar los problemas como el idear soluciones solo es posible, si los diversos actores involucrados dialogan y son capaces de acordar estrategias compartidas para adaptarse y tomar la iniciativa ante procesos de transformación global.

Ronald Alejandro Macuacé Otero

planificacion participativa como herramienta de desarrollo institucional

Cuando se habla de participación se tiende a pensar en masa, es decir, en la actuación de muchos actores que buscan un fin propio, pero reunidos en torno a una convocatoria que en ultimas compete a todos y que lleva a la motivación particular de querer “hacer parte de” y/o aportar ideas sobre el itinerario de algún constructo social. La participación lleva a la organización pues es clave de éxito para la construcción de un buen producto que nace de los diferentes puntos de vista y las diferentes perspectivas de los participantes más activos dentro del proceso de elaboración y diagnostico; por ende es un componente fundamental que entrelaza temas como identidad, acción colectiva, distribución y reconocimiento.
La planeación lleva en sí misma marcado el tema “participativo” ya que parte de afirmar que es posible construir colectivamente el futuro y optar por soluciones que reconozcan la diferencia, con arraigo en la propia cultura; el problema se encuentra cuando esta participación se ve profanada por intereses políticos de unos pocos, hegemonías de poder, clientelismos y demás; variables demasiado intimas en los procesos políticos y en la gestión pública. En este sentido la planeación participativa es un concepto que se maneja en todo debate social y más ampliamente en el ámbito político pues se parte de que logrando vincular a la sociedad civil en lo público se va a lograr una mayor transparencia en los procesos que a este sector le competen en temas de financiación, monetarios y fiscales, en ultimas al vincular todo un tejido social se puede lograr que cada vez más se articulen las necesidades de las diferentes comunidades para así obtener un mayor beneficio social.

La planificación no es entonces una actividad de técnica, sino que es el resultado de tensiones y consensos políticos en un contexto democrático que permite construir tejido y redes sociales, revaloriza el ejercicio de la política, hace que lo público sea realmente público.
El reto entonces de la planeación participativa es ir más allá del requisito formal, debe orientarse hacia procesos de construcción social en donde las alianzas, superen las limitaciones de los espacios formalmente constituidos y del paso hacia el control de la gestión, la veeduría, la evaluación, la rendición de cuentas (no como espectáculo, sino como un espacio real de deliberación e incidencia) y sobretodo de aprendizaje para una ciudadanía más comprometida con su proyecto de desarrollo y con una lectura crítica y propositiva de lo político.

ORGNIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL DESARROLLO LOCAL

ORGNIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL DESARROLLO LOCAL

El desarrollo local parte de los actores afectados a nivel local, de adentro hacia fuera. Por lo tanto, los diversos actores en las comunidades y localidades, deben conjugar fuerzas para avanzar más allá de acciones focalizadas o puntuales, insertadas como parte de de una estrategia compleja y múltiple de intervención social, que en manos de los actores locales se acerque cada vez más a formas autogestivas que consideren la complejidad de las problemáticas y relaciones sociales vividas cotidianamente.
Las organizaciones civiles de las localidades no deben esperar que actores externos intervengan en la solución de sus problemas locales. En ocasiones, estos actores intervienen en las comunidades sin tomarlas en cuenta, rompen equilibrios y distorsionan profundamente la vida cotidiana y las posibilidades de desarrollo local. Para la concepción y transformación de la resolución de las distintas problemáticas, las organizaciones de la sociedad civil no sólo deben representar ciertas demandas, sino que también, de diversos modos, deben convertirse en parte de la resolución de las mismas, autónomamente o en articulación con el Estado u otros actores.
Lo anterior obliga a las organizaciones civiles o a quienes trabajan con el sector, a indagar y analizar sus múltiples facetas, sus variadas expresiones y generar un marco propicio para estimular el desarrollo de sus expresiones, como así también lograr una articulación virtuosa entre los espacios sociales, en particular con el Estado. Esta acción de mediano y largo plazo, implica el desarrollo diversas estrategias, instrumentos y paquetes de intervención en terreno, que ofrezcan pistas y elementos para configurar modelos de intervención a nivel local y regional, enmarcados por formas democráticas de tomar decisiones y asumir responsabilidades de manera colectiva y organizada.
Jaime Andrés Astaíza.

EL EMPODERAMIENTO EN EL DESARROLLO LOCAL

Uno de los interrogantes que se generan al hablar de desarrollo (aislando el confrontamiento teórico alrededor del significado de desarrollo), es particularmente la idea del surgimiento del desarrollo local en un contexto marcado por la globalización. El desarrollo local hace referencia a procesos de desarrollo que se generan en el ámbito de un territorio especifico, entendido como el contexto dentro del cual se generan procesos y acciones de construcción social donde intervienen distintos actores y comunidades y no solo en el netamente físico o geográfico.

Como lo afirma Enrique Gallicchio: “El desarrollo local consiste en crecer desde un punto de vista endógeno, y también obtener recursos externos, exógenos (inversiones, recursos humanos, recursos económicos), así como en la capacidad de control del excedente que se genera en el nivel local” y señala la idea de que la sociedad local debe de cumplir dos condiciones la primera que es de tipo socioeconómica, en donde se da la posibilidad de que los actores dispongan y discutan la generación y uso del excedente económico generado y la segunda de tipo cultural donde los actores deben sentirse pertenecientes al territorio o con identidad (Gallicchio, 2002) . Desde este punto de vista el desafío esta en qué tanto son los actores capaces de utilizar los recursos que pasan, y quedan, en su ámbito territorial, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

De allí surge la importancia del concepto del Actor local, ya que este tiende a ser un agente político, económico, social y cultural generador de propuestas, donde la construcción de ciudadanía como proceso social y cultural que implica un fuerte trabajo en el tejido social hacia el empoderamiento de las personas para reconocer sus necesidades económicas, sociales y culturales y buscar soluciones a éstas. Así, una meta clave en estos procesos de desarrollo local es que las personas y los colectivos sean capaces de moldear sus propios procesos y proyectos de desarrollo y que se hagan activos en estos.

Por Jessica Núñez