Posible solución a la deuda pública territorial desde algunos de los planteamientos de Ostrom y Williamson

El proceso de descentralización en Colombia a pesar de tener como uno de sus propósitos la transferencia efectiva de responsabilidades, recursos y poder decisorio del nivel nacional hacia las entidades territoriales, ocasionó dificultades en el logro de los objetivos de desarrollo regional, autonomía y mejora de las condiciones sociales, trazadas en ese entonces.
Dicho proceso, se ha fundamentado en la transferencia efectiva de responsabilidades, recursos y poder decisorio del nivel nacional hacia las entidades territoriales. Pero la mayor independencia otorgada y el traslado de competencias generaron un rápido crecimiento de los gastos territoriales que evidenciaron cierta incapacidad de las entidades territoriales para generar recursos propios, de manera que tanto la dependencia de las transferencias nacionales como el proceso de endeudamiento para financiar sus déficits fueron crecientes.

En los Departamentos y municipios del país, se presentaron desequilibrios presupuestales entre la ejecución real de los ingresos y los niveles efectivos del gasto, debido entre otras cosas, a malos hábitos administrativos que comprometían vigencia tras vigencia recursos del ente territorial, generando un déficit fiscal creciente, que poco a poco debilitó su capacidad económica y terminó sumiéndolo en una profunda crisis financiera.

Debido al alto nivel de dependencia de las transferencias y la escasa generación de ingresos propios, la deuda se constituye en una limitación para el desarrollo de las entidades territoriales, en cuanto impide la destinación de mayores recursos para la inversión social, el fortalecimiento de la oferta, el aumento en el consumo de los bienes producidos por las empresas de las entidades territoriales, hacer frente a los diversos problemas públicos que se presentan y la prestación de los bienes y servicios que tienen a su cargo, con altos niveles calidad y cobertura.

Igualmente se debe tener en cuenta que los pagos de la deuda contraída, se constituyen en un limitante para que los entes territoriales tomen decisiones autónomas en sus territorios, puesto que el cumplimiento de las obligaciones financieras se transforma en una prioridad incluso por encima de los gastos en salud, educación, y saneamiento básico.

Entonces, el proceso de descentralización en Colombia, determinó la necesidad de las entidades territoriales de endeudarse para cumplir con las nuevas obligaciones asignadas a través de mandato constitucional, bajo condiciones que llevaron en el mediano plazo a aumentar los montos de la deuda y por consiguiente a incrementar los recursos destinados por los municipios y departamentos al pago de la deuda contraída con las entidades financieras , mientras disminuían los asignados para política social y desarrollo económico regional.

Así, a finales de la década de los años 90 se presentó una crisis de sostenibilidad fiscal a nivel territorial que hizo necesaria la formulación y adopción de un programa de saneamiento fiscal e institucional para ese nivel de gobierno con el fin de mitigar los efectos de los desequilibrios presentes en las finanzas departamentales y los problemas que esto conllevaba, a nivel económico y social, evidenciando una insuficiencia de recursos para atender simultáneamente todas las obligaciones adquiridas por las entidades territoriales, en calidad de prestadoras de determinados servicios públicos, planificadoras y promotoras del desarrollo económico y social y coordinadora de entidades y funcionarios de otros niveles administrativos.

Si bien el Gobierno nacional como respuesta a la crisis de endeudamiento a nivel territorial adoptó medidas e implementó leyes para garantizar la estabilización financiera y la viabilidad fiscal, estas no fueron lo suficientemente eficientes como para lograr combatir la problemática social del país, así, que a propósito de las contribuciones de últimos premios nobel de economía, se debe apostar a formas no convencionales para la resolución de este tipo de problemáticas, involucrando propuestas alternativas que requieren de la participación directa e indirecta de todos los afectados y de la adopción de un régimen de transparencia que permita conseguir resultados más equitativos.

Por otra parte, la incapacidad de los entes territoriales para planificar y lograr un mayor desarrollo económico y social, en gran medida se debe a la deuda pública de los mismos, pues dentro de la destinación del presupuesto, la cancelación de ésta, tiene prioridad sobre los gastos en salud, educación, y saneamiento básico. Al respecto se resalta lo propuesto por Elinor Ostrom, pues para lograr niveles de satisfacción más elevados, los fondos y recursos públicos deben ser controlados y empleados para la supervivencia del Estado de Bienestar o del régimen de Seguridad Social.

Finalmente, vale la pena resaltar que los trabajos académicos realizados por Ostrom y Williamson, dentro de la NEI, integrando conceptos de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, son un gran aporte para comprender el desempeño y evolución de las instituciones como un conjunto de reglas que contribuyen al funcionamiento del sistema económico, tanto a nivel macro y micro y, por ende aportan soluciones importantes que deben tenerse presentes a la hora de proponer iniciativas para mitigar las diferentes problemáticas sociales a las que se ve enfrentado el sector público. En lo referente a la solución para disminuir la deuda pública, de manera que ésta no sea una limitación para la actividad productiva, el progreso del País y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, puede decirse, siguiendo a Ostrom y Williamson, que la clave está en lograr articular los intereses colectivos para satisfacer a todos los sectores de la población y así obtener altos niveles de desarrollo.

LA GOBERNANZA AMBIENTAL “POR EL DERECHO A LA SEGURIDAD AMBIENTAL”

LA GOBERNANZA AMBIENTAL “POR EL DERECHO A LA SEGURIDAD AMBIENTAL”
En materia de seguridad ciudadana intervienen cada vez más actores locales que en conjunto integran la lógica de la coerción con las de la prevención integral y la solidaridad. Se requieren instrumentos y prácticas que faciliten su intervención coordinada para una respuesta efectiva a la demanda ciudadana. Esta situación necesita nuevos modos de regulación y de negociación de las políticas públicas de seguridad AMBIENTAL. Los conceptos de gobernabilidad y gobernanza pueden ser aplicados de manera operativa en respuesta a esta nueva situación.
La gobernanza ha sido un tema muy debatido en las últimas décadas por economistas y politólogos; con el fin de dar a conocer como debe ser y para que debe ser utilizado el poder en nuestra sociedad actual caracterizada por el egoísmo y supremacía de lo privado sobre lo común; en el tema ambiental desde la perspectiva del ser natural reconociendo al hombre como ser social pero también como ser biológico dotado de toda clase de “bienes naturales” puesto a su autonomía, se tiene como presente que la seguridad aparece como una preocupación latente para los ciudadanos.
En los últimos años, varios acontecimientos han influenciado para que en muchas ciudades del mundo aparezca la seguridad como uno de los temas centrales. Las encuestas de opinión así lo constatan. En nuestro país temas como el terrorismo, la aversión al riesgo y al conflicto inciden en la preocupación por la seguridad; además de la desigualdad socio-económica y la pérdida de credibilidad en las instituciones que afectan de manera crucial la demanda de seguridad por parte de los ciudadanos.
Frente a una demanda ciudadana creciente, aparece la dificultad del Estado para responder eficazmente a todas las variables de la inseguridad. A esto se suma que durante las últimas tres décadas los especialistas de la Administración Pública y del Estado han pregonado la doctrina de la reducción del tamaño del Estado. Sin embargo, un Estado cada vez más reducido, de manera relativa o de manera absoluta, confrontado a una demanda cada vez más importante en materia de seguridad, se enfrenta a un problema crucial: la imposibilidad de responder a todos los problemas de la seguridad de manera apropiada. Así, la respuesta eficaz del Estado a los problemas de seguridad ha encontrado límites en las últimas décadas. Por otra parte, la política pública cambió en los últimos años con la demanda de la comunidad para verse involucrada en las decisiones que la afectan y en su implementación. Los pasos hacia una democracia deliberativa o participativa en el discurso y en la norma, y algunas veces en la práctica, también están induciendo cambios en los modos de gestión de lo público.
La Gobernanza es un proceso de articulación Estado-sociedad civil dirigido a facilitar la gobernabilidad. Una forma particular de gobernanza es la ambiental definida como la articulación Estado-sociedad civil en materia de normas, leyes, regulaciones dirigidas al uso y conservación de los recursos naturales. La crisis de legitimidad del sistema político también ha fortalecido a los movimientos sociales. Estos se entienden como una red de interacción informal de individuos u organizaciones que comparten una identidad y que intervienen en conflictos destinados a modificar el orden establecido. La globalización también provoca el desajuste entre el Estado-nación y su territorio. Ámbitos territoriales subnacionales se transforman así en espacios adecuados para la construcción de políticas y de sociedad. En síntesis, existe una primera relación de carácter teórico entre movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural ocasionado por la globalización, la crisis del Estado-nación y la deslegitimación del sistema político. La situación se ha tornado compleja y se requieren instrumentos y prácticas que faciliten la intervención coordinada de los distintos actores, para, al fin de cuentas, responder al ciudadano en las problemáticas que lo aquejan. Esta situación necesita nuevos modos de regulación y de negociación de lo público, precisamente es en este nuevo contexto que han aparecido los conceptos de gobernabilidad y gobernanza.
¿Qué instrumentos de gobierno resultan más efectivos para facilitar la participación ciudadana efectiva en cuanto a Gobernanza ambiental?
Los mecanismos e instrumentos de gobierno para hacer mas efectivos los procesos de Gobernanza ambiental cubren una amplia gama de posibilidades, entre estos están:
• Mecanismos de consulta electoral amplios donde los ciudadanos muestren sus preferencias y las revelen
• Consejos o Corporaciones Nacionales de Desarrollo con capacidad de ejecución de políticas con un órgano de gobierno en el que estén representados distintos actores de todo ámbito social.
• Comités ambientales con funciones de asesoramiento a los organismos específicos del Poder Ejecutivo, con representación de los distintos actores involucrados.
• Unidades Reguladores de Medio Ambiente con participación de actores sociales. La explotación de los recursos y los servicios puede estar cedida a terceros pero la Unidad Reguladora conserva la propiedad y el control sobre su uso.
• Mecanismos de consulta ad-hoc con representantes de los Movimientos Sociales y funcionarios del Gobierno en torno a problemáticas específicas.
• Ejercicios de Planificación Estratégica (del territorio) y de Planificación Prospectiva (del territorio) con la participación de actores.
• Presupuestos participativos a nivel de los gobiernos locales contemplando los aspectos ambientales.
En conclusión la gobernanza ambiental tiene una importancia fundamental para articular el tema de recursos naturales con la sociedad civil además que permite un empoderamiento de “lo nuestro” y por ende generar un gran campo de acción en lo social.

El papel relevante de la ética o de una buena "atmósfera" en el crecimiento económico y desarrollo

Un aporte de la teoría institucionalista es que los costos de transacción se incrementan cuando la atmósfera política y económica se “enrarece”, ralentizándose con ello el crecimiento económico y reduciéndose la competitividad en un entorno de economía globalizada. Esta comprobación llevó a que los gobiernos de países con mayor crecimiento, las agencias internacionales de cooperación, a los grandes organismos prestatarios internacionales y, como no, las grandes multinacionales a volver a preocuparse por los gobiernos y sus administraciones, y como consecuencia a resaltar la importancia de tener gobiernos honestos (para empezar, no corruptos).

La nueva economía institucional defiende que los fracasos del mercado tienen origen frecuentemente en los costos de transacción, pues la organización económica es, ante todo, un problema de contratación, de cómo relacionarse contractualmente para intercambiar económicamente. Los costos de transacción implican la suma de todos los costos relacionados con decidir, negociar, planificar u organizar un contrato. En suma, son los costos de dirigir el sistema económico y pueden ser de dos tipos: ex ante y ex post. Los "ex ante" se aplican a los costos de preparar, negociar y salvaguardar un acuerdo. Los "ex post" se refieren a los costos de mala adaptación, cuando las transacciones divergen de la especificación original del contrato; los costos de regateo, para corregir transacciones posteriores al contrato; los costos de instalación y dirección, relacionados con las estructuras de gobierno a las que someten sus discusiones; y los costos de vinculación, por llevar a cabo compromisos seguros. Donde existe incertidumbre elevada y reduciuda capacidad de control por la multiplicidad de transacciones, como es el caso en la actualidad, en todas las economías, los costos asociados a los contratos son altos, por lo que podrían producirse fracasos en el mercado.

Ahora es importante introducir el papel del oportunismo o la búsqueda del interés personal con astucia; este oportunismo se puede manifestar como selección adversa y como riesgo moral (dos caras de una misma moneda). Los proveedores, racionalmente, tienden a proporcionar información incompleta o tergiversada a sus contratistas. Este oportunismo es un problema sobre todo en el supuesto del intercambio de pequeñas cantidades, como sucede cuando existe escases de posibles proveedores. La competencia entre un gran número de proveedores en un mercado puede asegurar que, a los proveedores que se comporten de forma oportunista, les será difícil conseguir la renovación del contrato. Pero cuando el número de proveedores es pequeño en el mercado la sanción contra el oportunista es menos efectiva. Además, la especificidad de los bienes producidos hace que resulte caro a los compradores romper el contrato e iniciar una negociación nueva. En esos supuestos, los compradores están vinculados a compromisos de larga duración con un pequeño número de proveedores privilegiados, que pueden actuar como des-incentivadores para nuevos contratistas y reductores de las señales de mercado. De todo lo anteriormente enunciado se deduce que, si las personas embarcadas en actividades económicas actuaran maximizando su interés continuamente, el mercado produciría constantemente “trampas sociales”, es decir, situaciones en las que para evitar ser engañados los actores incurrirían en continuos mecanismos de control y aseguramiento, incrementando enormemente los costos de transacción y reduciendo, cuando no paralizando, la actividad económica (Rothstein, 2000). Por el contrario, si dichas personas actuaran impulsadas no sólo por criterios oportunistas y de interés inmediato, sino también por criterios morales y normativos, y confiaran en que los demás iban a actuar en el mismo sentido, los resultados serían muy diferentes.

Por ello el actual nobel Oliver Williamson crea el concepto de "atmósfera", que resume la base moral que enmarca el sistema de transacciones y afirma que los beneficios derivados de crear una atmósfera adecuada para las transacciones económicas es un justificante esencial para el diseño de estructuras de gobierno. Así, el desarrollo económico dependería de variables como la estructura institucional o el ambiente cooperativo. Cuanto mayor es el desarrollo económico, mayores son los costos de transacción, lo que genera dificultades mayores para dinamizar la economía; por ello, sólo cuando se afrontan adecuadamente dichos costos, la economía de los países crece. En general, la minimización de costos de transacción se produce 1) mediante normas legales o formales que garanticen los derechos de propiedad y su cumplimiento; 2) mediante normas informales que reduzcan o bien los costos de medición (dando mas o mejor información sobre las preferencias de los contratantes) o bien los costos de cumplimiento. En síntesis, una sociedad con instituciones eficaces, donde cada actor crea en el otro, empezando por el gobierno, será una sociedad con menores costos de transacción y más competitiva, una estrategia que está haciendo muchisima falta en nuestro contexto nacional y local. 

Fabian E. Salazar

fensavi@gmail.com

http://d-oikos.blogspot.com/

EL PAPEL DE LAS ELITES Y LOS CAMBIOS INSTITUCIONALES

EL NEOINSTITUCIONALISMO Y EL ENFOQUE DE LA GOBERNANZA EN EL ANALISIS DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

El enfoque del Neoinstitucionalismo se puede definir como un conjunto de principios cuya evolución ha ocurrido a lo largo de muchas décadas y que se inició coetáneamente con el surgimiento de la teoría económica clásica. La premisa de la cual parte la escuela de Chicago es que las personas, por lo general, tratarán de maximizar su bienestar o la percepción de su utilidad. De esta manera compiten entre sí y generan los mercados y la competencia. Ese esfuerzo por maximizar es lo que explica la existencia de las instituciones, de los mercados, de la información, de los monopolios, de los sindicatos y de los rent-seekins, etc, es esta misma premisa la que lleva a la economía neoinstitucional a buscar en los factores políticos, en las restricciones de economía política y en los factores institucionales e históricos, la explicación del progreso y/o atraso de los países, sus sectores y hasta de sus firmas y regiones

La economía neoinstitucional sostiene que, entre los mercados y su supuesta eficiencia, de una parte, y entre la intervención y su supuesta equidad, de otra, está las instituciones. Son éstas últimas las que definen qué tanto funcionan los mercados y qué tanto redistribuye la intervención. Por ello el estudio de las instituciones es indispensable para entender los resultados reales que surgen tanto de los mercados como de la intervención. De este modo el enfoque de la gobernanza (enfoque de red de políticas públicas) se hace importante en el análisis de la economía neoinstitucional, ya que subraya la naturaleza altamente interactiva de los procesos políticos al tiempo que destaca el contexto institucional en el que estos procesos tienen lugar. Estos contextos institucionalizados están caracterizados por vínculos relativamente estables entre organizaciones que se sustentan por un continuo flujo de recursos entre esas organizaciones. Esto conduce a una visión diferente de la gobernanza. Las organizaciones gubernamentales no son el actor central en los procesos políticos y las actividades de administración asumen un rol diferente. Esto no implica que todos los actores tengan igual poder, ya que la mayoría de las teorías de redes asumen que el poder de un actor está relacionado con los recursos que posee. En contraste con los enfoques ‘tradicionales’, en el enfoque de red de políticas públicas, el rol administrativo de los actores gubernamentales no es tan evidente. En principio, cada actor involucrado puede desarrollar un rol de administrador. Pero el rol de administrador en si mismo también difiere del definido en los enfoques tradicionales. Las actividades de administración se dirigen a una gran trayectoria de interacción, de mejoramiento y sustento entre los distintos actores involucrados, y a conjugar las metas y enfoques de los diversos actores. Así, no sólo las organizaciones gubernamentales ocupan una posición diferente, sino que también están involucradas en actividades distintas.

Además, el enfoque de red de políticas públicas atrae la atención a la importancia del contexto institucional en los temas de gobernanza. Si los procesos políticos tienen lugar en ciertos contextos institucionalizados, se hace importante entender este contexto y, donde fuera necesario y posible, cambiarlo. Entender el contexto institucional es importante porque, los acuerdos organizacionales son necesarios para coordinar interacciones complejas entre varios actores involucrados en procesos políticos.

RECONOCIMIENTO A LA ACCIÓN COLECTIVA EN EL DISEÑO DE SUS PROPIOS REGÍMENES DE GOBERNANZA.

Elinor Ostrom ha obtenido el Premio Nobel de Economía 2009, compartido
con Williamson, por su análisis económico de la gobernanza, especialmente de los comunes (los bienes comunales). Destacada en el campo de la Nueva Economía Institucional por sus estudios sobre la acción colectiva, la evolución de instituciones y su supervivencia a largo plazo.
Elinor Ostrom ha desafiado el conocimiento convencional de que la propiedad común es mal manejada y que debe regularse, ya sea por las autoridades centrales o que se privatice. La Academia la reconoció por "su análisis sobre la gobernanza económica", alegando que su trabajo demostró cómo la propiedad común puede ser administrada por los grupos que la utilizan. Con su planteamiento innovador, esta gran académica derrumba el mito planteado por el Biólogo, Garrett Hardin quien afirmó que es prácticamente imposible para las personas manejar recursos compartidos como bienes comunes. Pero el trabajo de Ostrom ha demostrado que las personas pueden de hecho desarrollar sistemas de comunicación y coordinación para trabajar juntas en la gestión de la riqueza colectiva. Pueden cultivar confianza recíproca y normas sociales necesarias para asignar los recursos escasos con justicia. Pueden elaborar reglas efectivas y sanciones graduales para castigar free riders.
Los argumentos teóricos planteados por esta premio nobel de Economía, pone nuevamente en evidencia como la regulación gubernamental tradicional ha sido ineficiente e ineficaz, al no dar respuesta a los problemas de coyuntura local. En temas sobre la sustentabilidad ambiental, los planes gubernamentales han demostrado un alcance limitado, y uno de los enfoques en los que la formulación de las políticas públicas resalta teóricamente, pero en la práctica brilla por su ausencia o poca importancia, es la involucración directa de los participantes afectados en la formulación de las reglas. En este campo Ostrom considera que al dar un papel preponderante a estos actores se lograría que “Tales enfoques permitan a la gente diseñar sus propios regímenes de gobernanza, que son a medida de las peculiaridades de los recursos locales, y pueden aprovechar la familiaridad personal de los comuneros con éstos." No obstante se debe resaltar la naturaleza y el contexto del bien común al cual se le debe aplicar este planteamiento teórico, buscando conocer la información que los ciudadanos y usuarios tienen sobre el recurso, indagar las relaciones a nivel personal y colectivo, la confianza institucional y el grado de asociatividad de los involucrados. Condiciones que nos permiten hacer una serie de apreciaciones muy relevantes para los actuales discursos, en la búsqueda de alcanzar la administración de un recurso publico sin regulaciones ni legalismos de mando y control.
Jaime Andrés Astaíza Bravo.

LAS RELACIONES PRINCIPAL-AGENTE COMO EXPLICACIÒN A LAS INEFICIENCIAS INSTITUCIONALES

Una de las razones por las cuales el Estado debe intervenir es cuando se presentan fallos del mercado, sin embargo siguiendo a la teoría del public choice esta intervención puede generar otro tipo de fallos, los fallos de gobierno.
Para explicar este tipo de fallos esta teoría se basa en las relaciones entre los votantes, los políticos, los burócratas y las posibles consecuencias que estás relaciones tengan en la formulación de política pública.
Simplificando un poco se puede decir que las relaciones se dan de la siguiente forma: los votantes eligen a los políticos para que estos los representen, los políticos participan en la formulación de las políticas públicas, y los burócratas son los encargados de ejecutarlas. Estos últimos tienen la posibilidad y la capacidad de influir en las políticas públicas porque participan en su ejecución, porque mantienen relaciones con los políticos y por su rol de consumidores y votantes.
En este proceso se pueden evidenciar las relaciones principal (votantes, políticos)- agente (políticos, burócratas) que se presentan. Los principales creen que los agentes van a actuar de manera tal que representen sus intereses, sin embargo los agentes poseen más información que los principales con respecto a los costos y beneficios de los programas que manejan, por tal motivo es difícil para estos últimos controlar la eficiencia de los primeros que generalmente persiguen objetivos muy diferentes a los principales. Además los agentes no poseen toda la información sobre las preferencias de las personas. Lo que nos lleva a afirmar que estas son algunas de las razones por lo que las instituciones no son eficientes.
La teoría del principal- agente plantea que una manera de disminuir estas ineficiencias es a traves de premio o castigo de forma tal que el agente puede ser impulsado a actuar de acuerdo a los interese del principal.
Entonces las preguntas que surgen son:
-Puede este mecanismo llevar a la eficiencia de las instituciones?
-¿Qué consecuencias al interior de las instituciones puede traer o ha traído la aplicación de este mecanismo?
-¿Qué otro mecanismo se podría utilizar para disminuir o eliminar la ineficiencia institucional?

Por: Yuli Reyes

EL NUEVO INSTITUCIONALISMO

Elinor Olstrom y Oliver Williamson, son los autores quienes obtuvieron el premio nobel de economía de 2009 por sus trabajos en el análisis de las fallas e imperfecciones del mercado. “Ambos investigaron cómo otras fuerzas, más allá del mercado, pueden aportarnos una cooperación organizada”, afirmó Mats Persson, miembro del comité sueco que otorga el premio. La elección de los ganadores refleja el cambio de aire a partir de la crisis internacional, que puso en cuestión el pensamiento económico dominante de las últimas dos décadas. Olstrom se destaca en el campo de la Nueva Economía Institucional.

Según Douglass C. North la moderna economía institucional comienza con dos premisas: la primera establece que el marco teórico debería ser capaz de integrar la teoría neoclásica con un análisis acerca del modo en que las instituciones modifican el conjunto de opciones a las que pueden acceder los seres humanos, y en segundo lugar que este marco debe ser construido teniendo en cuenta los determinantes básicos de las instituciones, de manera que no sólo se pueda definir el conjunto de opciones que realmente están disponibles en un momento determinado, sino también analizar la forma en que las instituciones cambian y por lo tanto alteran este conjunto disponible a lo largo del tiempo. La nueva economía institucional que brevemente he descrito en la sección anterior se construye a partir de la literatura de los costos de transacción, derechos de propiedad y elección pública, y requiere la integración de estos tres cuerpos de literatura (Instituto Universitario ESEADE, La nueva economía institucional, Douglass c. North).

El “nuevo institucionalismo” es importante por varias razones, primero es un cuerpo de teoría relativamente nueva, que ha ofrecido respuestas a ciertos enigmas. El origen, para Toye de la nueva economía institucional es el problema de la existencia de la empresa como una organización financiera y administrativa, en segundo lugar pues justifica las ideas intervencionistas debido al énfasis en las fallas de mercado, puesto que ni el Estado ni el mercado representan por si solos el mejor medio de organizar la provisión de los bienes y servicios (John Toye, Is there a new political economy of development?, Neo-liberalism and the development policy debate).

Gissela Núñez González

¿Cuál sería la mejor solución para el dilema de los bienes comunes?

¿Por qué los ciudadanos son capaces de crear instituciones que manejan exitosamente los comunes en ciertos entornos, pero no en otros?...

Sobre el relato de la tragedia de los bienes comunes, escrito por Garrett Hardin en 1968, existe todo tipo de posturas.
Al respecto la tradicional teoría neoclásica, cuya lógica parte de que los individuos son por naturaleza racionales, que actúan siempre en busca de la satisfacción de sus propios intereses para así lograr una mejora en el bienestar de la sociedad, plantea muy seguramente que la solución al problema de los bienes comunes, sería una estricta definición de los derechos de propiedad, - puesto que lo contrario significaría la sobreexplotación de los sistemas de recursos que no pertenecieran a particulares o a una unidad gubernamental - solo de esta forma los agentes involucrados tienen incentivos para aminorar el daño (ambiental). Un buen ejemplo para el caso son las Fusiones, que internalizan las externalidades mediante la coordinación de las partes implicadas. En este caso, el mercado proporciona fuertes incentivos para que las empresas se fusionen, permitiendo que los efectos externos no conduzcan a situaciones ineficientes.
Con todo lo anterior cabe preguntarse: ¿Sera que estos mecanismos de solución, son aplicables e igualmente efectivos en todas las sociedades, sin importar el grado de industrialización que atraviese?, ¿Qué pasa si los bienes comunes, no son afectados por las grandes empresas, como es el caso de las sociedades industrializadas, si no por el contrario por la misma comunidad, que por situación de pobreza, por ejemplo, se ven obligadas a sobreexplotar los recursos comunes para su subsistencia?

Otra postura interesante es la que propone la economía institucional, que entre otras cosas, considera que algunos de los postulados neoclásicos, - entre los que se destaca la postura del hombre, como persona económica racional y egoísta y la limitada intervención del Estado- deben ser replanteados (Pearce yTurner, 1995), de tal forma que se considere al hombre como persona cultural, dado que el cambio socioeconómico se basa en el determinismo cultural, definiendo a la cultura como un conjunto cambiante de ideas, actitudes y creencias que los individuos absorben de modo habitual a través de causes y mecanismos institucionales, así mismo, justifica un sector público activo que abogue por las preferencias públicas, ya que los individuos tienen tantos preferencias privadas como públicas, que cambian con el tiempo.
Basado en lo anterior se podria afirmar que cualquier solución que parta de esta postura tendría en cuenta la particularidad de los contextos y los problemas. En este caso será el Estado que por intermedio de Políticas Públicas, brinde soluciones a los diversos problemas generados por los bienes comunes. Sin embargo teorías como la del Public Choice, (Buchanan y Tullock, 1993), admite las ineficiencias potenciales surgidas de las fallas de las instituciones tanto políticas como burocráticas y reconoce que los gobiernos y las burocracias están compuestos de maximizadores individuales de utilidad, cuyos objetivos no son consistentes con el “bienestar público” sin interesar cómo éste se defina, lo que terminará convirtiéndose muy seguramente en un problema de gobernanza.
Con todo lo anterior vale la pena analizar el interés de los formuladores de las Políticas Públicas referentes al manejo de los bienes comunes, especialmente en un país como Colombia, donde se destaca la existencia de grupos de presión que indudablemente influyen sobre las decisiones políticas.

No cabe duda que existe una gran gama de posturas desde donde se pueden analizar el problema de los bienes comunes, a un así, en esta ocasión solo se ha hecho referencia a teorías que involucran el mercado y Estado, lo importante es reflexionar sobre las deficiencias a las que han tenido lugar y tratar de buscar soluciones alternativas o que aporten a las ya existentes a fin de generar resultados eficientes y eficaces.

¿EN QUÉ CONSISTE EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Siguiendo el planteamiento institucionalista, heredado de las teorías formuladas por Oliver Williamson (1975) sobre las jerarquías y los costos de transacción, es necesario preguntarnos ¿en qué medida es posible diseñar las políticas públicas que generen los impactos sociales deseados y esperados? Eliminando el actual descontento por la democracia y las formas de organización política vigentes, esto es, generando gobernanza, entendida según Larason e Ingram (1997:4) como "la capacidad de una democracia de producir política pública que cubra las expectativas de la sociedad". Estas mismas autoras consideran que es posible diseñar las políticas públicas, en la medida que se construyen sus contenidos, lo que convierte al proceso del diseño de las políticas públicas, en "un proceso dinámico histórico que involucra construcciones sociales de conocimiento e identidades de poblaciones objetivo, relaciones de poder e instituciones" (Larason e Ingram, 1997:5).

Por tanto, un componente histórico explica la primacía y el desarrollo de una políticas públicas sobre otras, que depende de las jerarquías construidas al interior de las instituciones, normas y reglas de conducta explican el resultado final en términos de desarrollo local. Esta perspectiva institucionalista es muy importante en el momento actual, puesto que pone en manos activas la posibilidad de generar el cambio hacia una visión compartida de lo que deben ser las sociedades democráticas, dando paso a la importancia de la información para superar los problemas de costos de transacción de utilizar el mercado, al entendimiento y superación de los problemas de agencia que surgen cuando se desarrollan capacidades muy específicas al interior de la organización (en nuestro caso, del Sector Público) y finalmente, permite formular y diseñar nuevas y mejores políticas públicas.

Comportamiento y Desarrollo Institucional

COMPORTAMIENTO y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Oliver Williamson
Una de las principales implicancias para los consultores en cambio, mejora y desarrollo organizacional respecto de las contribuciones de Williamson, tiene que ver con la distinción entre las organizaciones – empresas y el mercado. Todo consultor en Desarrollo Organizacional debe estar alerta a los procesos por los cuales una decisión de tipo “aparentemente irracional” dentro del mundo de la empresa – Organización, puede ser vista como totalmente racional desde una perspectiva del mercado – financiera.

Oliver Williamson tiene una visión particular de las organizaciones como resultado de su profesión como Economista. Es de nacionalidad de los Estados Unidos de Norteamérica y después de trabajar como ingeniero en el "US Government", se desempeñó como Profesor de Economía en la Universidad de Yale.

Así como algunos teóricos organizacionales estaban interesados en saber que pasaba con las organizaciones en el tiempo (Hannan y Freeman), otros se preguntaban porque algunas instituciones son mas centralizadas o descentralizadas o se dedicaban a un rango más amplio (o no) de productos y servicios (como es el caso de Miles y Snow), otros se preguntan respecto del grado de interdependencia existente entre ellas y el contexto (Pfeffer y Salancik), Williamson se pregunta principalmente: ¿ A que se debe la propia existencia de las organizaciones? Podemos decir que Oliver Williamson realiza un gran esfuerzo por desarrollar una teoría de economía institucional ya que intenta unir dos disciplinas totalmente independientes como lo son las economías de mercado y teoría organizacional. Y en este esfuerzo intenta combinar mediciones del mercado con variables relacionadas con la estructura interna de las organizaciones.

Para Oliver Williamson la sociedad está compuesta por una red de “transacciones” o lo que es lo mismo que una serie de contratos en el sentido más amplio de la palabra, sugiriendo que el “paradigma transaccional” puede explicar las razones de la existencia de las organizaciones. Y puntualmente señala que la presencia de las organizaciones en la sociedad tienen que ver con el hecho que reducen el costo de las transacciones, puntualizando que las mismas pueden realizarse dentro de un mercado o sino a través de las organizaciones. Y para ello crea y hace uso de dos variables: 1. mercado, y 2. jerarquías (organizaciones).

Cuando el modelo del mercado es ineficiente las transacciones “salen” del mercado y se acoplan dentro de las estructuras jerárquicas de las organizaciones, como sucede en el caso de adquisiciones y fusiones donde se fusionan las partes contratantes cuyas transacciones van a dejar de ser reguladas por el mercado y de allí en adelante lo serán a través de las organizaciones. Por lo tanto son las organizaciones las que desarrollan mecanismos parta realizar una serie de transacciones dentro de sí mismas, transacciones éstas que pudieron llegar a ser realizadas a través de estructuras jerárquicas distintas bajo los términos y condiciones del mercado.

Señala que la versión común de la importancia de las economías de escala por el tamaño organizacional, o las tecnologías también en gran escala no es suficiente y que la variable más relevante es la “información del costo de transacciones”. En pocas palabras, tanto el tamaño organizacional como la tecnología no son importantes en sí mismas, sino debido a las exigencias que imponen sobre la información. Un análisis de los costos de transacciones puede dar respuesta al hecho de ¿ Porqué no lo hacemos a través de organizaciones? o lo que es lo mismo : ¿ Porqué no lo hacemos a través de los mercados? Y Oliver Williamson sugiere que existe una tendencia para que las transacciones se inclinen más por realizarse en las organizaciones que en los mercados. Es por ello que el trabajo de Williamson es importante para las personas interesadas en cambio y desarrollo organizacional en Latinoamérica cuando debaten elegir una forma más centralizada (o no) de gobierno.

Oliver Williamson sugiere que el mercado es el mecanismo más eficaz de realizar transacciones cuando toda la información necesaria es transmitida entre las partes a cierto precio, o lo que es lo mismo, cuando este único punto en particular es suficiente. Pero por otro lado bajo condiciones donde se debe contar con más información y saber más, existiendo además elementos “cuasi-morales” en términos de Williamson, la jerarquía puede cumplir una función importante ya que permite realizar algún grado y tipo de control entre las distintas partes. También podemos decir que las transacciones se alejan del mercado y se orientan hacia la jerarquía (organizaciones) cuando el “impacto informacional” es alto. Y este impacto informacional es relativamente alto cuando existe incertidumbre y desconfianza en las transacciones, y estas llegan a tener tal magnitud que impide determinar lo que Williamson denomina un precio aceptable, y es justamente en esta situación que las ventajas de la “jerarquía” superan a las del mercado, entre otras cosas porque aumenta los límites de racionalidad (March y Simon), lo que en las organizaciones se da en mayor medida que en el mercado ya que existe una mayor especialización. Esta mayor especialización permite a las distintas partes dentro de una misma jerarquía organizacional lidiar con solamente una parte del problema en su totalidad, que culmina con la toma de decisiones en la cúspide organizacional. Asimismo dentro de la jerarquía es posible tener un flujo más abierto de información que en el mercado y los códigos de comunicación reducen asimismo los costos comunicacionales.

Otro motivo importante se debe al hecho que las distintas sub-departamentos de una jerarquía puede concentrarse en los aspectos claves que se presentan bajo una situación: la incertidumbre y la complejidad, de modo que el problema se hace más manejable. Existe un tercer motivo que tiene que ver con el hecho que la jerarquía limita el “oportunismo”, puesto que lleva implícita sistemas de promoción y de remuneración, métodos operativos, técnicas de control que se orientan a asegurar que las distintas trabajan partes trabajen en alguna medida orientados hacía un objetivo común. La confianza entre las partes existe de todas maneras dentro de la jerarquía y a través de ésta, en el caso de que existan disputas, la jerarquía es una buena forma de solucionarla. Finalmente los autores sugieren que además la jerarquía es también de utilidad cuando la negociación se presenta bajo situaciones de regateo. Como resumen general podemos sugerir que la jerarquía “equilibra la información”, algo que no se presenta tan fácilmente en los mercados.

Pero de todas maneras estamos familiarizados con situaciones de “existencia de mercado”. Y entonces la pregunta razonable tiene que ver con averiguar a qué se debe que las organizaciones (jerarquías) dejan de tomar transacciones y las trasladas a los mercados.
Oliver Williamson sugiere que son dos las variables principales que dan lugar al hecho que las transacciones se alejen de las organizaciones y operen en el mercado. Una tiene que ver con el tamaño de la jerarquía (organización) y con la tasa de crecimiento de la misma, y la otra con la expansión de la integración vertical. Llega un momento en el cual los costos marginales de las transacciones organizacionales llegan a ser mayores que si se hicieran a través de los mercados, los costos hundidos obligan a poner en práctica la metodología de “presupuesto base 0” que por supuesto no es implementable y además la competencia entre distintos departamentos impide alcanzar los objetivos de la organización. La verticalidad y mayor concentración en la toma de decisiones desde un “Pentágono” en la cúspide organizacional donde “el cielo” (compuesto por top management) se aleja cada vez más y más de “lo operativo” reduce cumplimiento organizacional por la mayor distancia de los líderes con lo subordinados (el término cielo lo hemos escuchado de un Cliente donde una firma consultora estaba trabajando; a nuestra pregunta respecto de si los que reportaban al “cielo” eran denominados el infierno no llegamos a recibir respuesta). A este alejamiento entre lo que la cúspide tiene en la cabeza y lo que la gente debiera hacer en la organización, Williamson lo llama “insularidad burocrática”. La insularidad burocrática es la muestra más perfecta de que en la jerarquía (organización) ha colapsado lo que Oliver Williamson considera puntos clave: la coordinación y un propósito común (favor de analizar las similitudes con Chester Barnard).

La estructura organizacional centralizada (denominada forma U – “unitary structure of hierarchy” según Williamson) no es operativa cuando las transacciones tienen que ser manejadas y controladas desde su cúspide, y por ello está en proceso de desaparición, siendo reemplazada por la forma “M” – estructura multi divisional (ver a Chandler cuando se refiere a transformaciones exitosas al hacer referencia a los nuevos modelos que implementaron Sears Roebuck, General Motors y Standard Oil de New Jersey entre los años 1920 y 1930. Esta transformación implica que la gerencia ponga en práctica las multi-divisiones como un “mercado de capitales en miniatura y deja a la cúspide las tareas de planeamiento estratégico y monitoreo. Al adoptar la forma M las organizaciones pueden competir eficazmente con los mercados.
Sin embargo, si "top management" se involucra en las operaciones del día a día en las distintas divisiones, los costos informacionales han de subir al punto de hacer más atractivos los mercados; ésta situación es denominada por Williamson como la “forma corrupta M”. Para evitar transformarse en una “forma corrupta M” las organizaciones han de ser capaces de descentralizar implementando centros y unidades de negocios donde las acciones de cada responsable divisional pueden ser perfectamente medidas, monitoreadas u evaluadas sin cargar sobre la misma excesivos costos “de la cúspide”. En resumen, si es que la jerarquía (organización) no puede llegar a modificar la “forma corrupta M” y los costos informacionales se mantienen altos, naturalmente las transacciones han de orientarse hacia el mercado.
Sugerimos al lector que relacione estos conceptos con el hecho de distinguir la “empresa” del “negocio”, y sus especiales implicancias en latinoamérica. Cuando la empresa deja de ser eficiente es el negocio (financiero) el que puede tomarla y decidir su futuro – o extinción. Este fenómeno se ha presentado muy fuertemente en Latinoamérica durando la última década del siglo XX donde se ha presenciado el fenómeno de “rendición” de empresas, a favor de fusiones y adquisiciones que trasladaron lo que quedaba de una empresa al “mercado” o a una entidad financiera con las consiguientes consecuencias disfuncionales desde el punto de vista ocupacional. Se sugiere también tener en cuenta otros pequeños detalles como por ejemplo la Profesión de Licenciado en Administración. En Latinoamérica la mayor parte de los altos centros de estudios y las mejores universidades con carreras de ciencias económicas, denominan – erróneamente – a ésta Licenciatura. Dentro de Latinoamérica la Diplomatura es usualmente denominada como Licenciatura en Administración de Empresas mientras que en los Estados Unidos de Norteamérica entrenan a los estudiantes de ésta carrera en “Business Administration”, de allí el conocido Título de “Master en Business Administration”. El Título referido en USA, traducido al español equivaldría a “Master en Administración de Negocios”... que guarda una notable diferencia con un “Master en Administración de Empresas” por su distintiva orientación. Y no es casualidad que muchas empresas que manejan “servicios públicos” en Latinoamérica (como petróleo, ferrocarriles, agua, luz, gas entre otros) como resultado de la globalización hayan sido europeas mientras que las entidades financieras manejaron el negocio (bonos, emisión de títulos y valores a nivel nacional, endeudamiento, etc.).

Elinor Ostrom Nobel Economía 2009

"La rica promesa de los bienes comunes"...

Elionor Ostrom, quien compartió el premio Nóbel de Economía 2009 con el profesor Williamson, hace un aporte fundamental para la disciplina debilitanto la "inevitable tragedia de los comunes" de Hardin y de paso terminando con la dicotomía Sector Privado vs. Sector Público en el manejo de los bienes comunes. Para entender un poco sus planteamientos, a continuación se reproducen apartes de un interesante artículo de David Bollier sobre el particular publicado en la revista Forbes:

(...) Tal como el trabajo pionero de la Profesora Elinor Ostrom a lo largo de las últimas tres décadas ha demostrado, comunidades auto-organizadas de 'commoners' son muy capaces de gestionar bosques, pesca y otros recursos finitos sin destruirlos. Ostrom ganó el Premio Nobel de Economía por explicar como funcionan los bienes comunes en la vida real, especialmente en el manejo de recursos naturales.

Artificiosos experimentos del "dilema del prisionero" desde hace tiempo han pretendido mostrar la futilidad e irracionalidad de la cooperación de unos con otros. Pero el trabajo de Ostrom ha demostrado que las personas pueden de hecho desarrollar sistemas de comunicación y coordinación para trabajar juntas en la gestión de la riqueza colectiva. Pueden cultivar confianza recíproca y normas sociales necesarias para asignar los recursos escasos con justicia. Pueden elaborar reglas efectivas y sanciones graduales para castigar free riders y vándalos. La «tragedia», aunque siempre posible, no es inevitable (de ahí que se hable de nuevas jerarquías institucionales)

Un hito en la obra de Ostrom "Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action", explica cómo estos principios se presentan en diferentes contextos entre agricultores en Valencia, España, quienes han gestionado canales de riego por cerca de 1000 años, o entre aldeanos suizos, quienes han manejado sustentablemente praderas de pastoreo alpino por centurias, y muchos otros.

En un momento en el cual el secreto de la sustentabilidad medioambiental sigue sin descubrirse, el trabajo de Ostrom tiene mucho que decir. Por ejemplo, si la regulación gubernamental tradicional es demasiado ineficiente y no da respuesta a la coyuntura local, Ostrom ha propuesto "planes gubernamentales de alcance limitado" que dejan a los participantes elaborar las reglas ellos mismos, con sujeción a ciertos principios de diseño general (límites claros a los espacios públicos, la participación de todos los afectados, monitoreo, etc). Tales enfoques dejan a la gente diseñar sus propios regímenes de gobernanza, que son a medida de las peculiaridades de los recursos locales y pueden aprovechar la familiaridad personal de los comuneros con éstos.

Los burócratas a veces no tienen la información correcta, mientras que los ciudadanos y los usuarios de los recursos sí, declaró recientemente Ostrom a un periodista (léase fallos de coordinación macroeconómica o risgo moral). La gran virtud de los commons es que pueden ser la respuesta, una forma eficaz de administrar un recurso en el interés público sin regulaciones ni legalismos de mando-y-control.

Quizás el ejemplo más claro de este escenario sea Internet. Gracias a un conjunto compartido de protocolos técnicos no-propietarios que permiten que diferentes tipos de computadoras interactúen unas con otras, Internet se ha convertido en el mayor y más robusto bien común de la historia. Cualquiera puede armar una comunidad para su propio nicho: seleccionar y compartir fotos, música, vídeos, blogs, investigación y mucho más.

Aunque Ostrom no ha escrito mucho sobre Internet y los commons en línea, su trabajo habla claramente de las formas en que las personas pueden auto-organizarse para cuidar de los recursos que les interesan (...)

Es una idea que Elinor Ostrom ha dedicado su carrera en documentar: con un marco de directivas adecuado, los commoners pueden hacerse cargo de sus propios problemas y elaborar sus propias reglas y normas sociales para gestionar su riqueza compartida.

Ahora que el Premio Nobel ha honrado a la investigación pionera de Ostrom, es el momento de desterrar los viejos prejuicios acerca de la "tragedia de los comunes", ir más allá del debate "gobierno vs. mercado" y explorar la rica promesa de los Bienes Comunes.

Ahora bien, queda en debate las siguientes preguntas: ¿Los acuerdos institucionales son aplicables en todos los niveles de actividad social? (pensemos por ejemplo, en la gestión del conocimiento a nivel de nuestros cursos de economía); ¿Todas las comunidades son suceptibles de aplicar estos criterios de gobernanza?, ¿Qué podemos pensar del caso particular del Departamento del Cauca?

Entrada publicada por: Fabián Enrique Salazar